Podría llevarse a cabo el próximo martes, a pesar de los esfuerzos diplomáticos. Entre los condenados hay australianos, filipinos, nigerianos y un brasileño con una enfermedad mental.
Indonesia se mostraba determinada a ejecutar a ocho extranjeros condenados a muerte por tráfico de drogas, entre ellos a un brasileño, pese a las condenas internacionales contra la pena de muerte y los esfuerzos diplomáticos.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó al gobierno indonesio a no ejecutar a los condenados a muerte, recordando la oposición tradicional de la ONU a la pena capital.
“Tomamos nota de la declaración de la ONU, pero también señalamos que no hubo ninguna declaración similar cuando ejecutaron recientemente a dos indonesios”, dijo el portavoz de la cancillería indonesia, Arrmanatha Nasir. El portavoz, que indicó además la intención de seguir adelante con la aplicación de la pena capital, hacía referencia a la ejecución de dos trabajadores domésticos indonesios en Arabia Saudita.
Indonesia notificó el sábado a ocho extranjeros (de Australia, Brasil, Filipinas y Nigeria) condenados a muerte que finalmente serán ejecutados en los próximos días. Los procesados ya habían sido transferidos a una prisión de alta seguridad en Nusakambangan, un complejo penitenciario considerado el “Alcatraz indonesio”, donde se encuentran en aislamiento antes de ser ejecutados.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aseveró que el gobierno continuará los contactos de “alto nivel” con Yakarta para intentar convencer a Indonesia de suspender la ejecución de Rodrigo Gularte. Este ciudadano brasileño fue detenido en 2004 al tratar de entrar en el aeropuerto de Yakarta con seis kilos de cocaína escondidos en tablas de surf y fue condenado a muerte en 2005.
La cancillería también señaló que los diplomáticos brasileños en Yakarta seguirán prestándole asistencia consular “mientras sea posible”, pero subrayó que respeta la soberanía del país asiático y reconoce la gravedad del delito cometido.
La familia de este brasileño de 42 años oriundo de Paraná ha presentado a las autoridades indonesias varios informes de médicos probando que el hombre sufre esquizofrenia y pide suspender la ejecución por motivos humanitarios. Su abogado, Ricky Gunawan, indicó que mañana presentará un recurso para conseguir una revisión del caso, así como nuevos informes médicos sobre su enfermedad mental.
El letrado explicó que tuvo un encuentro con Gularte para hablar de su defensa, “pero, por desgracia, su estado mental no le permite entender la situación a la que se enfrenta”.
La ejecución podría llevarse a cabo el martes.
El nombre del francés Serge Atlaoui, que figuraba en la lista inicial, fue retirado a última hora, presumiblemente por las fuertes presiones diplomáticas.
La legislación antidroga de Indonesia es una de las más severas del mundo y el presidente Joko Widodo, con potestad de acoger peticiones de clemencia, alega que la situación de emergencia frente al problema de las drogas requiere la pena capital para los condenados.
El secretario general de Naciones Unidas exhortó al gobierno indonesio a no ejecutar a los condenados. Ban apeló al gobierno indonesio a no ejecutar a los prisioneros y afirmó que los delitos relacionados con las drogas no son considerados como un crimen grave, incluso en los países que defienden la pena de muerte.
“Según la legislación internacional, en lugares donde la pena de muerte está en vigor, solo debe aplicarse a los crímenes más graves, como los asesinatos con premeditación, y solamente acompañada de las garantías apropiadas”, indicó.
Por su parte Edre Olalia, la abogada de la filipina condenada, dijo a la prensa que su equipo envió una petición para que su caso se someta a una segunda revisión y afirmó que las autoridades le prometieron que dejarían que se tramitaran los recursos antes de dar curso a la ejecución de Mary Jane Veloso.
“No nos vamos a rendir, nunca nos vamos a rendir”, dijo Olalia a los periodistas, destacando que Veloso es una “inocente madre”.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó al gobierno indonesio a no ejecutar a los condenados a muerte, recordando la oposición tradicional de la ONU a la pena capital.
“Tomamos nota de la declaración de la ONU, pero también señalamos que no hubo ninguna declaración similar cuando ejecutaron recientemente a dos indonesios”, dijo el portavoz de la cancillería indonesia, Arrmanatha Nasir. El portavoz, que indicó además la intención de seguir adelante con la aplicación de la pena capital, hacía referencia a la ejecución de dos trabajadores domésticos indonesios en Arabia Saudita.
Indonesia notificó el sábado a ocho extranjeros (de Australia, Brasil, Filipinas y Nigeria) condenados a muerte que finalmente serán ejecutados en los próximos días. Los procesados ya habían sido transferidos a una prisión de alta seguridad en Nusakambangan, un complejo penitenciario considerado el “Alcatraz indonesio”, donde se encuentran en aislamiento antes de ser ejecutados.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aseveró que el gobierno continuará los contactos de “alto nivel” con Yakarta para intentar convencer a Indonesia de suspender la ejecución de Rodrigo Gularte. Este ciudadano brasileño fue detenido en 2004 al tratar de entrar en el aeropuerto de Yakarta con seis kilos de cocaína escondidos en tablas de surf y fue condenado a muerte en 2005.
La cancillería también señaló que los diplomáticos brasileños en Yakarta seguirán prestándole asistencia consular “mientras sea posible”, pero subrayó que respeta la soberanía del país asiático y reconoce la gravedad del delito cometido.
La familia de este brasileño de 42 años oriundo de Paraná ha presentado a las autoridades indonesias varios informes de médicos probando que el hombre sufre esquizofrenia y pide suspender la ejecución por motivos humanitarios. Su abogado, Ricky Gunawan, indicó que mañana presentará un recurso para conseguir una revisión del caso, así como nuevos informes médicos sobre su enfermedad mental.
El letrado explicó que tuvo un encuentro con Gularte para hablar de su defensa, “pero, por desgracia, su estado mental no le permite entender la situación a la que se enfrenta”.
La ejecución podría llevarse a cabo el martes.
El nombre del francés Serge Atlaoui, que figuraba en la lista inicial, fue retirado a última hora, presumiblemente por las fuertes presiones diplomáticas.
La legislación antidroga de Indonesia es una de las más severas del mundo y el presidente Joko Widodo, con potestad de acoger peticiones de clemencia, alega que la situación de emergencia frente al problema de las drogas requiere la pena capital para los condenados.
El secretario general de Naciones Unidas exhortó al gobierno indonesio a no ejecutar a los condenados. Ban apeló al gobierno indonesio a no ejecutar a los prisioneros y afirmó que los delitos relacionados con las drogas no son considerados como un crimen grave, incluso en los países que defienden la pena de muerte.
“Según la legislación internacional, en lugares donde la pena de muerte está en vigor, solo debe aplicarse a los crímenes más graves, como los asesinatos con premeditación, y solamente acompañada de las garantías apropiadas”, indicó.
Por su parte Edre Olalia, la abogada de la filipina condenada, dijo a la prensa que su equipo envió una petición para que su caso se someta a una segunda revisión y afirmó que las autoridades le prometieron que dejarían que se tramitaran los recursos antes de dar curso a la ejecución de Mary Jane Veloso.
“No nos vamos a rendir, nunca nos vamos a rendir”, dijo Olalia a los periodistas, destacando que Veloso es una “inocente madre”.
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