Los episodios de extrema violencia registrados desde comienzos del año en una cárcel de Sao Luis de Maranhao, capital del nordeste de Brasil, con la muerte por decapitación de dos presos y el asesinato de una niña de 6 años por el incendio intencional de un ómnibus, tuvo un fuerte impacto exterior. Amnistía Internacional pidió al gobierno de Dilma Rousseff que atienda los “problemas del sistema penitenciario” de ese estado brasileño y aludió a los 60 homicidios que se produjeron dentro de los presidios maranhenses en 2013.
La organización recordó los degüellos ocurridos el año pasado y las denuncias de estupro de esposas y hermanas de los detenidos como canje de sus vidas. “En este período, graves violaciones de derechos humanos fueron registradas en los penales del estado, como rebeliones con muertes, superocupación y condiciones precarias”, Desde otro ángulo distinto, los guardias del Sindicato del Sistema Penitenciario de Maranhao denunciaron que los penales “están dominados por las bandas delictivas” (del narcotráfico). Ellos afirman que “el Estado perdió el control de la situación” y que una prueba es una filmación, que el gremio pasó al diario Folha de São Paulo, donde se observa el salvaje asesinato de 3 detenidos, ocurrido a mediados de diciembre último. Según voceros de ese gremio, el video realizado con un celular por los propios verdugos fue entregado al diario paulista para que “la opinión pública internacional tome conocimiento de lo que sucede acá”.
En realidad, la crisis en el sistema carcelario de ese estado nordestino, manejado por Roseana Sarney, hija del senador y ex presidente José Sarney, estalló públicamente en octubre pasado, cuando una rebelión en el presidio dejó 9 muertos y 20 heridos entre los detenidos. Según un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), difundido la semana pasada, el año terminó con un récord de 60 muertos, y entre ellos, tres degollados. El documento del CNJ relató, también, las malas condiciones que viven los internos: “No hay cómo mantener la integridad física de los presos, de sus familiares y de quienes frecuentan los presidios”.
En uno de ellos, bautizado Pedrinhas (Piedritas), hay alojados 2.196 delincuentes. Pero la capacidad no supera los 1700.
Testimonio crudo de esa realidad fue el asesinato de otros dos hombres, uno de 35 años y otro de 19, ocurrido el jueves último. Para enfrentar la nueva ola de homicidios, la gobernadora impuso la presencia de efectivos de la policía militar en la cárcel de Pedrinhas. A continuación, la ciudad de Sao Luis de Maranhao fue víctima de atentados incendiarios contra un ómnibus de transporte público. Los narcos que manejan las facciones delictivas desde las cárceles ordenaron esos ataques. En uno de ellos murió una chiquita de 6 años, con 95% de su cuerpo quemado. Junto con su madre y su hermanita de un año y medio, fueron víctimas de esa reacción de las mafias carcelarias.
Estas represalias son moneda frecuente en el resto del país, donde los brasileños mueren víctimas de enfrentamientos entre bandas de delincuentes que ordenan quemar ómnibus como forma de presionar a los gobiernos provinciales. La gobernadora Sarney declaró que “trabaja para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población”. Y alegó que los incendios de autobuses “fueron acciones de los bandidos en una tentativa de reacción a las medidas adoptadas por la Policía Militar para disciplinar, organizar y combatir a la criminalidad en las unidades carcelarias de la ciudad”.
Ayer, entre tanto, fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad de Brasil 22 de los presos considerados cabecillas de las organizaciones delictivas. Fue parte del acuerdo celebrado entre Rousseff y la gobernadora Sarney para aplacar la ola de violencia que envuelve ese estado nordestino y que afecta a todo Brasil.
Según el Departamento Penitenciario Nacional, que depende del Ministerio de Justicia, otros detenidos peligrosos deben ser transferidos “con el objetivo de aislar a los involucrados en la ola de violencia que recorre el estado en los últimos días”.
La organización recordó los degüellos ocurridos el año pasado y las denuncias de estupro de esposas y hermanas de los detenidos como canje de sus vidas. “En este período, graves violaciones de derechos humanos fueron registradas en los penales del estado, como rebeliones con muertes, superocupación y condiciones precarias”, Desde otro ángulo distinto, los guardias del Sindicato del Sistema Penitenciario de Maranhao denunciaron que los penales “están dominados por las bandas delictivas” (del narcotráfico). Ellos afirman que “el Estado perdió el control de la situación” y que una prueba es una filmación, que el gremio pasó al diario Folha de São Paulo, donde se observa el salvaje asesinato de 3 detenidos, ocurrido a mediados de diciembre último. Según voceros de ese gremio, el video realizado con un celular por los propios verdugos fue entregado al diario paulista para que “la opinión pública internacional tome conocimiento de lo que sucede acá”.
En realidad, la crisis en el sistema carcelario de ese estado nordestino, manejado por Roseana Sarney, hija del senador y ex presidente José Sarney, estalló públicamente en octubre pasado, cuando una rebelión en el presidio dejó 9 muertos y 20 heridos entre los detenidos. Según un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), difundido la semana pasada, el año terminó con un récord de 60 muertos, y entre ellos, tres degollados. El documento del CNJ relató, también, las malas condiciones que viven los internos: “No hay cómo mantener la integridad física de los presos, de sus familiares y de quienes frecuentan los presidios”.
En uno de ellos, bautizado Pedrinhas (Piedritas), hay alojados 2.196 delincuentes. Pero la capacidad no supera los 1700.
Testimonio crudo de esa realidad fue el asesinato de otros dos hombres, uno de 35 años y otro de 19, ocurrido el jueves último. Para enfrentar la nueva ola de homicidios, la gobernadora impuso la presencia de efectivos de la policía militar en la cárcel de Pedrinhas. A continuación, la ciudad de Sao Luis de Maranhao fue víctima de atentados incendiarios contra un ómnibus de transporte público. Los narcos que manejan las facciones delictivas desde las cárceles ordenaron esos ataques. En uno de ellos murió una chiquita de 6 años, con 95% de su cuerpo quemado. Junto con su madre y su hermanita de un año y medio, fueron víctimas de esa reacción de las mafias carcelarias.
Estas represalias son moneda frecuente en el resto del país, donde los brasileños mueren víctimas de enfrentamientos entre bandas de delincuentes que ordenan quemar ómnibus como forma de presionar a los gobiernos provinciales. La gobernadora Sarney declaró que “trabaja para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población”. Y alegó que los incendios de autobuses “fueron acciones de los bandidos en una tentativa de reacción a las medidas adoptadas por la Policía Militar para disciplinar, organizar y combatir a la criminalidad en las unidades carcelarias de la ciudad”.
Ayer, entre tanto, fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad de Brasil 22 de los presos considerados cabecillas de las organizaciones delictivas. Fue parte del acuerdo celebrado entre Rousseff y la gobernadora Sarney para aplacar la ola de violencia que envuelve ese estado nordestino y que afecta a todo Brasil.
Según el Departamento Penitenciario Nacional, que depende del Ministerio de Justicia, otros detenidos peligrosos deben ser transferidos “con el objetivo de aislar a los involucrados en la ola de violencia que recorre el estado en los últimos días”.
Fuente: clarin
