"La idea central es muy sencilla: se trata de establecer un marco constitucional que nos permita poner en marcha una estrategia integral de justicia transicional que garantice la satisfacción de los derechos de las víctimas y el logro de la transición hacia la paz (...).
Esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de luchar contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado (...). No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia”. Estas son algunas de las frases pronunciadas por el presidente Juan Manuel Santos en defensa del Marco Jurídico para la Paz, el pasado 25 de julio en la audiencia pública realizada en la Corte Constitucional.
Está claro que para Santos se trata de la herramienta fundamental para consolidar el proceso de reconciliación en el país, una vez se acuerde el fin del conflicto con las Farc en La Habana.
Sin embargo, según esa guerrilla, se trata de “una iniciativa unilateral del gobierno que ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se ha comprometido”. De acuerdo con esa organización subversiva, si lo que se busca finalmente es la paz, el sentido común indica que una conceptualización sobre un marco de justicia transicional “debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas”, sobre todo teniendo en cuenta que los diálogos en La Habana se adelantan “sin que la guerra hubiese culminado y no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación”.
Las Farc argumentan que ese tipo de herramientas de justicia transicional se ha usado en países que ya superaron un conflicto o dictadura, y “generalmente los ganadores les han impuesto sus normas a los perdedores”. Pero en Colombia —añaden— la guerra continúa y el propio presidente Santos “aceptó la existencia de un conflicto interno” y reconoció que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante la confrontación. “En Colombia no ha habido derrota de la contraparte, ni se vislumbra. La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez (...) ¿Cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?”, pregunta el grupo guerrillero en un comunicado público leído por Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, uno de sus negociadores en la mesa.
Siendo así, ¿cuál es entonces el marco jurídico que quieren las Farc? Tal y como lo informó El Espectador en su edición del 28 de julio, se conoce que, ante la imposibilidad de un indulto o una amnistía, la guerrilla cree posible que haya condenas, pero que se aplique la suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad. El meollo del asunto es que se trata de una figura jurídica que de todas maneras tendría que reglamentarse —y para eso podría servir precisamente el Marco Jurídico que estudia la Corte Constitucional— y que de todas maneras no acalla las voces de los que claman verdad, justicia y reparación para las víctimas. Precisamente, según los últimos pronunciamientos, las Farc ya están dando puntadas sobre la visión que tienen en el tema de las víctimas —uno de los puntos de la agenda a negociar—, atribuyendo responsabilidades al Estado y pidiendo revisar la historia con “realismo, sensatez y apego a la verdad”.
Para el presidente del Congreso, senador Juan Fernando Cristo, la prueba de que el Marco Jurídico aprobado por el Legislativo y que hoy estudia la Corte es equilibrado y conveniente está en que lo cuestionan tanto la ultraderecha como la extrema izquierda. “La guerrilla debería estudiar la norma con mayor detenimiento. Es claro que no puede pretender amnistías generales, lo cual haría inviable jurídica y políticamente el mismo proceso de paz. Habrá que ver qué idea de justicia alternativa tiene”, agregó. Por su parte, para el senador Roy Barreras, ponente del proyecto durante su discusión en el Congreso, es evidente que existen unas líneas rojas que deben ser respetadas y que sólo se podrá tener beneficios luego de que se firme un acuerdo.
“Las leyes estatutarias o reglamentarias que regulan el Marco Jurídico llegarán al Congreso luego de la firma del acuerdo final, y eso no se hará de espaldas a las Farc. En ellas se incluirá todo lo que se haya acordado en la mesa de negociación. Por eso les envío un mensaje tranquilizador desde el punto de vista jurídico, porque sólo después de que se firme el acuerdo empezará la discusión”, agregó Barreras. Mientras tanto, en la otra orilla, el expresidente Uribe interpreta el comunicado de las Farc como una prueba de que “el gobierno Santos puso al terrorismo al nivel del Estado de derecho”, pues, lo dice la guerrilla, el aceptar la existencia del conflicto interno indica que las normas del derecho internacional humanitario y las de guerra se aplican a ambas partes por igual. Una interpretación que apuntaría sólo a una cosa: que las Farc también son víctimas.
Fuente: americaeconomia.com
Esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de luchar contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado (...). No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia”. Estas son algunas de las frases pronunciadas por el presidente Juan Manuel Santos en defensa del Marco Jurídico para la Paz, el pasado 25 de julio en la audiencia pública realizada en la Corte Constitucional.
Está claro que para Santos se trata de la herramienta fundamental para consolidar el proceso de reconciliación en el país, una vez se acuerde el fin del conflicto con las Farc en La Habana.
Sin embargo, según esa guerrilla, se trata de “una iniciativa unilateral del gobierno que ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se ha comprometido”. De acuerdo con esa organización subversiva, si lo que se busca finalmente es la paz, el sentido común indica que una conceptualización sobre un marco de justicia transicional “debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas”, sobre todo teniendo en cuenta que los diálogos en La Habana se adelantan “sin que la guerra hubiese culminado y no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación”.
Las Farc argumentan que ese tipo de herramientas de justicia transicional se ha usado en países que ya superaron un conflicto o dictadura, y “generalmente los ganadores les han impuesto sus normas a los perdedores”. Pero en Colombia —añaden— la guerra continúa y el propio presidente Santos “aceptó la existencia de un conflicto interno” y reconoció que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante la confrontación. “En Colombia no ha habido derrota de la contraparte, ni se vislumbra. La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez (...) ¿Cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?”, pregunta el grupo guerrillero en un comunicado público leído por Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, uno de sus negociadores en la mesa.
Siendo así, ¿cuál es entonces el marco jurídico que quieren las Farc? Tal y como lo informó El Espectador en su edición del 28 de julio, se conoce que, ante la imposibilidad de un indulto o una amnistía, la guerrilla cree posible que haya condenas, pero que se aplique la suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad. El meollo del asunto es que se trata de una figura jurídica que de todas maneras tendría que reglamentarse —y para eso podría servir precisamente el Marco Jurídico que estudia la Corte Constitucional— y que de todas maneras no acalla las voces de los que claman verdad, justicia y reparación para las víctimas. Precisamente, según los últimos pronunciamientos, las Farc ya están dando puntadas sobre la visión que tienen en el tema de las víctimas —uno de los puntos de la agenda a negociar—, atribuyendo responsabilidades al Estado y pidiendo revisar la historia con “realismo, sensatez y apego a la verdad”.
Para el presidente del Congreso, senador Juan Fernando Cristo, la prueba de que el Marco Jurídico aprobado por el Legislativo y que hoy estudia la Corte es equilibrado y conveniente está en que lo cuestionan tanto la ultraderecha como la extrema izquierda. “La guerrilla debería estudiar la norma con mayor detenimiento. Es claro que no puede pretender amnistías generales, lo cual haría inviable jurídica y políticamente el mismo proceso de paz. Habrá que ver qué idea de justicia alternativa tiene”, agregó. Por su parte, para el senador Roy Barreras, ponente del proyecto durante su discusión en el Congreso, es evidente que existen unas líneas rojas que deben ser respetadas y que sólo se podrá tener beneficios luego de que se firme un acuerdo.
“Las leyes estatutarias o reglamentarias que regulan el Marco Jurídico llegarán al Congreso luego de la firma del acuerdo final, y eso no se hará de espaldas a las Farc. En ellas se incluirá todo lo que se haya acordado en la mesa de negociación. Por eso les envío un mensaje tranquilizador desde el punto de vista jurídico, porque sólo después de que se firme el acuerdo empezará la discusión”, agregó Barreras. Mientras tanto, en la otra orilla, el expresidente Uribe interpreta el comunicado de las Farc como una prueba de que “el gobierno Santos puso al terrorismo al nivel del Estado de derecho”, pues, lo dice la guerrilla, el aceptar la existencia del conflicto interno indica que las normas del derecho internacional humanitario y las de guerra se aplican a ambas partes por igual. Una interpretación que apuntaría sólo a una cosa: que las Farc también son víctimas.
Fuente: americaeconomia.com
