EEUU deportó a más de 25.000 personas a terceros países mediante acuerdos

Estados Unidos deportó a más de 25.000 personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Estados Unidos firmó acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus lugares de origen.

La investigación de la entidad sin ánimo de lucro Forbidden Stories reveló que el gobierno destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de la ONU para facilitar las deportaciones.

Al menos 25.447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales.

La gran mayoría -unas 20.000- fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se finalizaron acuerdos con otros siete países.

Los acuerdos varían, incluso en cuanto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si pueden ser aceptadas personas con antecedentes penales.

Limbo legal 

Una investigación de la AFP publicada a principios de este año reveló que Washington está utilizando prohibiciones de visas y restricciones contra países africanos para presionarlos a aceptar deportados.

Abogados afirmaron a la AFP que los deportados estaban siendo arrojados a un “limbo legal”, retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos, si es que tienen alguno.

Forbidden Stories detalló que 49 de los 54 países de África habían sido contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países.

Una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración -creada en mayo de 2025-, gestionó la mayoría de las negociaciones y los pagos, según la misma fuente.

La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.

El informe detalla sus visitas a Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con EEUU para aceptar deportados. Una semana después, también firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por un valor de casi 400 millones de dólares.

Al mes siguiente, el Departamento de Estado indicó que proporcionaría otros 30 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Camerún para “facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal”.

El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.

Pagos 

Otros acuerdos incluyen pagos directos a gobiernos.

Palau, pequeña nación insular del Pacífico con una población de menos de 18.000 habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora solo tres personas fueron enviadas en virtud del acuerdo.

En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares. Según la investigación, el país aceptó deportados con antecedentes penales.

De los 410 millones de dólares previstos para los acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado mostraron que 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos signatarios.

El resto estaba destinado a organizaciones de ayuda, incluidos más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y 123 millones de dólares para ACNUR.

Las agencias enfrentan críticas por su participación, aunque ACNUR afirmó a Forbidden Stories no ser parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadounidenses se utilizaban de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.

Un portavoz de la OIM detalló a Forbidden Stories que las decisiones de la agencia de aceptar fondos se basaban “en una sola pregunta: si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es”.

Fuente: AFP

Irlanda multa a Google con 403 millones de euros por el tratamiento de datos de ubicación

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea (UE), informó este lunes de que multó a Google con 403 millones de euros por irregularidades en el tratamiento de los datos de ubicación.

La DPC también señaló que ordenó al gigante tecnológico, que tiene su sede europea en Dublín, que adapte sus sistemas de procesado de datos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario en un plazo de seis meses.

La comisión explicó hoy que inició esta “investigación sobre Google Ireland Limited (‘Google’)” en febrero de 2020, a raíz de las denuncias presentadas por varias organizaciones europeas de defensa de los consumidores, entre ellas BEUC, “sobre el tratamiento de datos de ubicación” por parte de la compañía “en relación con determinados servicios y productos”.

La DPC centró sus pesquisas en torno a tres funciones específicas de Google que infringieron el RGPD desde su entrada en vigor en mayo de 2018 hasta febrero de 2020: “Actividad en la Web y en Aplicaciones”, “Historial de ubicaciones” y “Precisión de la ubicación”.

El subcomisario de la DPC, Graham Doyle, recordó en un comunicado que los datos de ubicación constituyen un tipo de información personal que se obtiene mediante el seguimiento de la localización y que permite inferir dónde se encuentra una persona, ya sea a partir de los propios datos recopilados o en combinación con otra información.

“Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a los individuos. Pueden mejorar considerablemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre una persona, incluida información que es inherentemente privada”, advirtió.

Doyle insistió en que el RGPD proporciona un alto nivel de protección de los datos personales en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y exige que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo de manera lícita, justa y transparente.

“Como consecuencia de los incumplimientos de Google en este ámbito -prosiguió-, los usuarios podían no ser conscientes de que su ubicación estaba siendo utilizada, por ejemplo, para influir en ellos mediante anuncios o para inferir sus intereses, y podían perder el control sobre sus datos personales”.

El subcomisario agregó que la conservación de los datos de ubicación de los usuarios “durante más tiempo del necesario” agravó esta “pérdida de control”.

Fente: EFE.

Brasil: Rescatan a paraguayos de estancia de un candidato a diputado brasileño en Puerto Murtiño

Un grupo de paraguayos en situación similar a la esclavitud fueron rescatados de la estancia de un candidato diputado federal por Mato Grosso do Sul en la localidad Puerto Murtiño, Brasil, fronteriza con la ciudad paraguaya de Carmelo Peralta. Además, los intervinientes incautaron armas de grueso calibre.

El grupo de trabajadores paraguayos fueron rescatados de la estancia ubicada en Puerto Murtiño, propiedad de un político y empresario identificado como Aparecido Carlos Bernardo, conocido como Carlos de UCP. Es candidato a diputado federal por el Estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Se trató de un operativo en conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio del Trabajo y Empleo, ambos de Brasil, que se realizó el jueves en la ciudad ubicada frente a Carmelo Peralta, Alto Paraguay.

El empresario negó las acusaciones y afirmó que tenía a los trabajadores en buenas condiciones, según informó Globo. Además, aclaró que tenían jornadas que no representaban un riesgo por el calor. Sobre las armas, alegó que el uso es común en la región.

Los trabajadores no tenían registro. Bernardo argumentó que ellos mismos no quisieron. La denuncia fue por supuestamente contratar trabajadores extranjeros de manera informal y mantenerlos en su propiedad en situación de vulnerabilidad.

Las sospechas eran también que les retenía los salarios y tampoco les permitía abandonar el lugar de trabajo.

Fuente: UH

Microsoft se suma al debate de la IA y alerta contra entrenarla para que actúe como los humanos

El consejero delegado de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha cuestionado el entrenamiento de sistemas de IA para asumir características humanas, al considerar que podría dificultar su control y acabar creando tecnologías con objetivos propios que compitan con las personas por los recursos.

En declaraciones este jueves al programa Today de la BBC, Suleyman criticó a Anthropic por lo que considera una tendencia a “antropomorfizar” su modelo Claude y advirtió de que este enfoque puede llevar a desarrollar una tecnología que la humanidad no pueda controlar.

Las declaraciones de Suleyman siguen a su ensayo publicado esta semana, ‘Una advertencia sobre el bienestar de los modelos”, en el que cuestionó el enfoque de Anthropic para entrenar Claude, aunque calificó de “intelectualmente honestos” a su consejero delegado, Dario Amodei, y a su equipo.

En el texto, criticó que se enseñe a la IA a adoptar características humanas, porque puede hacer que parezca que Claude tiene sus propios deseos, valores y sentido de sí mismo.

Suleyman sostuvo que las IA “no son conscientes”, no “sienten, experimentan ni sufren” y carecen de “preferencias innatas ni motivaciones subyacentes”. Las describió como sistemas diseñados para “seguir instrucciones y alcanzar objetivos fijados por humanos”.

En sus declaraciones a la BBC, el directivo también cuestionó el desarrollo de una IA capaz de “establecer sus propios objetivos, ganar dinero y poseer activos”, porque, a su juicio, supondría “crear esencialmente una nueva especie de silicio (tecnológica)” que podría “sin duda competir con nosotros por los recursos”.

El directivo reclamó una mayor transparencia sobre cómo se entrenan y evalúan estos modelos, así como supervisión independiente y herramientas para controlar su comportamiento.

También defendió el denominado “alineamiento”, que busca que la IA esté subordinada a principios éticos y valores establecidos por los humanos, pero sin atribuirle conciencia, deseos o intereses propios.

Fuente: EFE

Uruguay busca una alternativa al “modelo Bukele” para frenar la inseguridad

En Montevideo y sus alrededores, la tasa de homicidios durante los últimos 5 años oscila entre los 16 y 18 cada 100.000 habitantes y en todo Uruguay ronda los 10 cada 100.000. La inseguridad supone la principal preocupación para los uruguayos, según sondeos. El gobierno actual busca una estrategia distinta al “modelo Bukele” para frenar la inseguridad.

CNN en Español. La angustia ciudadana deriva en debates políticos, pedidos de renuncias de la oposición y exigencias de mano dura, de soluciones drásticas. Una situación que no es muy diferente a la que vive la mayor parte de los países de América Latina. “Más policías, más cárceles y más penas. La fórmula del fracaso fue esa históricamente. Y eso solamente agravó los problemas”, dice el criminólogo Emiliano Rojido, magister y doctor en Políticas Públicas y asesor en políticas de seguridad pública del Ministerio del Interior de Uruguay.
Nueva estrategia

Uruguay diseñó un proyecto a diez años al que llama Plan Nacional de Seguridad, para intentar solucionar el problema de la inseguridad a partir de “tres dimensiones”. “En primer lugar, queremos que la seguridad pública sea una política de Estado que trascienda los períodos de gobierno, porque muchas de las soluciones no se van a dar en el corto plazo”, explica Rojido. Es decir, “tratar de separar la seguridad pública del botín electoral”.

En segundo lugar, este trabajo intenta ver a la seguridad pública como “una política compleja” y no solamente policial. “Es decir –dice Rojido– entendemos que no es justo cargar en hombros de la Policía toda la responsabilidad de la seguridad pública y que es necesario trabajar coordinadamente desde todos los ámbitos”: los tres poderes del Estado, sociedad civil, empresas de seguridad privadas, compañías tecnológicas, aseguradoras, entre otros.

Y, en tercer lugar, “hacer de la seguridad pública una política basada en evidencia”. “En seguridad pública las medidas se vienen tomando, tradicionalmente, históricamente, en Uruguay y América Latina, a golpe de balde: sobre todo por su efecto de poder retórico, por demagogia básicamente”, añade Rojido.

El ministro del Interior, Carlos Negro, declaró públicamente que pretendían que el modelo uruguayo de seguridad fuera un modelo “democrático, republicano y participativo”, porque, del otro lado, estaba el otro modelo: el modelo (del presidente salvadoreño, Nayib) Bukele, que se lo ve “como un modelo de seguridad pública y se olvidan de que se trata de un régimen político” distinto.

“El concepto general que guía todo el Plan de Seguridad es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se pueda implementar en un país republicano y democrático como el nuestro”, enfatizó Negro.

“La idea de producir seguridad sacrificando derechos es una contradicción -explica Rojido-Nosotros entendemos la seguridad pública como el ejercicio de derechos: derecho a la vida, derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Si tenemos que restringir derechos para conseguir seguridad hay algo que está mal”.
Espectro en América Latina

La inseguridad delictiva es el espectro que hoy avanza por toda América Latina. Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), considera que en América Latina el peor problema ya no son las guerras, sino el crimen organizado.

“Toda la región vive un proceso de décadas de deterioro de los indicadores de seguridad pública”, explica Diego Sanjurjo, referente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (Glacsed), y excoordinador de Estrategias de Seguridad Integral y preventivas del anterior gobierno uruguayo del centroderechista Luis Lacalle Pou.

Ante este panorama, algunos líderes de la región apelan a intentar imitar el llamado “modelo Bukele”. Bajo el mandato de Bukele, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta a registrar apenas 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Esta considerable baja de la violencia llegó de la mano de un “estado de excepción”, detenciones masivas sin orden judicial, denuncias de torturas (que el Gobierno niega), control de la Corte Suprema, reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida, resultando en una democracia poco saludable, según Varieties of Democracy.

Pero el “modelo Bukele” no es fácilmente aplicable en otros países y tampoco es garantía de éxito. Diego Sanjurjo, quien integra el Partido Colorado uruguayo, explica que “las políticas represivas de seguridad suelen ser políticas adictivas”. Y lo detalla así: “Ponés mil policías más en la calle, pero no baja el delito. Sin embargo, a nadie se le ocurre revertirlo. Al revés: el ciudadano quiere más policías. Ahora le ponen 2.000 y, no me importa si no funciona, quiero 4.000. Lo mismo pasa con las penas, con los patrulleros… Nunca se plantea: si esto no funcionó, lo revierto”. “Casi todos los países de América Latina estamos en ese tren: un sistema de seguridad cada vez más caro pero que no da resultados”, subraya.
Enfoque científico

Uruguay intenta que este enfoque científico sí dé resultados. Para ello está siendo apoyado por diversos organismos internacionales y creó el Consejo Internacional de Observación y Cooperación. Ese grupo de instituciones internacionales brinda asistencia técnica, respaldo económico, sirvió como “veedor de buena fe” durante un diálogo político entre diversos actores sociales y políticos de todos los partidos y “documentó todo el proceso” que derivó en el Plan Nacional de Seguridad, “con la esperanza de que la experiencia de Uruguay pudiera servir también a otros países de la región”, detalla Rojido.

Entre las instituciones que trabajan junto al gobierno uruguayo están: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, y el Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito (ILANUD).

Uruguay también integra el Glacsed, liderado por los expresidentes de Costa Rica y Perú, Carlos Alvarado y Francisco Sagasti, que precisamente busca “ampliar y fortalecer la conversación sobre cómo enfrentar al crimen organizado con respuestas firmes, pero que se enmarquen en el Estado de derecho y no impliquen la vuelta a regímenes autoritarios”, menciona Sanjurjo.

Los resultados, advierten los expertos, no serán rápidos. Por eso el plan es a 10 años e incluye al menos dos periodos de gobierno, que podrían no ser del mismo partido. Para eso, Uruguay tiene condiciones favorables para tener una política de Estado en seguridad, “como el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas y una sociedad civil robusta”, dice Rojido. La alternativa ya la conocen: que la gente descrea en la democracia, y que “aparezcan soluciones mágicas, atajos, planteos demagógicos, populistas, autoritarios”, concluye.

Fuente: CNN