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| Edgar Tamayo |
Casi simultáneamente, el gobierno mexicano emitió una nota oficial lamentando en enérgicos términos la ejecución de su connacional. De acuerdo con la nota del gobierno mexicano, la ejecución de Tamayo "viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004)".
"El Gobierno de México hace un llamado para que se tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países", apuntó la nota, distribuida por el ministerio de Relaciones Exteriores.
El caso de Tamayo provocó una verdadera lluvia de llamamientos e intervenciones diplomáticas y judiciales para tratar de suspender la ejecución.
Los abogados alegan que al momento de su detención luego de asesinar al policía Guy Gaddis en Dallas, Texas, Tamayo casi no hablaba inglés y no fue autorizado a comunicarse con el consulado mexicano.
Fuertes presiones diplomáticas
El caso de Tamayo era uno de los 51 que la Corte Internacional de Justicia, en un fallo conocido como 'caso Avena', pidió a Estados Unidos que someta a revisión, ante las evidencias de que se violaron sus derechos consulares, de acuerdo con los principios de la Convención de Viena.
La Convención de 1963, ratificada por 175 países, incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos.
En el estado de Morelos (centro de México), de donde es originario Tamayo, sus familiares y vecinos formaron una cadena de oración durante la tarde del miércoles, que se rompió entre llantos cuando fue notificada su ejecución. Los grupos habían iniciado sus oraciones por la tarde, a la espera de un aplazamiento de la sentencia.
Una media hora antes de la ejecución, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había negado tres recursos de apelación presentados a última hora por los abogados de Tamayo y, con ello, se cerraron todas las posibilidades de que se revisase el caso.
Poco antes de la ejecución de Tamayo, sus abogados defensores expresaron que era "vergonzoso y trágico que el señor Tamayo pague el precio por el fracaso del Congreso en aprobar una legislación que implemente las decisiones del 'Caso Avena', de la Corte Internacional de Justicia".
Otros dos mexicanos cuyos casos habían sido contemplados por la Corte Internacional ya habían sido ejecutados en prisiones estadounidenses. Tamayo es el tercero de la lista de condenados contemplados en el 'caso Avena' en ser sometido a la pena de muerte, y un cuarto, Ramiro Hernández, deberá ser ejecutado en Texas el 9 de abril.
A finales de 2013, al fijarse la fecha para la ejecución de la sentencia de muerte, el secretario de Estado, John Kerry, había escrito una carta personal al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir la revisión del caso de Tamayo. En la carta, Kerry explicaba que Estados Unidos tenía el compromiso de respetar los acuerdos internacionales de que era signatario, como el de la Convención de Viena, y añadió que la ejecución podría afectar la seguridad de ciudadanos estadounidenses en el exterior.
Kerry incluso envió a Perry copia de una carta del embajador mexicano, quien había alertado de que la ejecución de la sentencia podría tener consecuencias para las relaciones bilaterales.
Por su parte, la Unión Europea lamentó "profundamente" este viernes la ejecución de Tamayo, aunque "reconoce la seria naturaleza del crimen", y señaló que las autoridades estadounidenses no respetaron "las obligaciones internacionales", según un comunicado de la jefa de la diplomacia del bloque, Catherine Ashton.
Ashton indicó, citada en el comunicado, que Tamayo, "ciudadano mexicano, no fue informado por las autoridades de Texas en ocasión de su arresto de su derecho a contactar al consulado de México, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (...), lo que constituye una ruptura indiscutida de las obligaciones internacionales".
"Reconozco la seria naturaleza del crimen y expreso mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de la víctima. Sin embargo, la Unión Europea se opone al uso de la pena capital en todos los casos y circunstancias", añadió. "La pena de muerte es cruel, inhumana e irreversible, y su abolición es esencial para proteger la dignidad humana", agregó.
Latinos en el corredor de la muerte
En total, 96 latinoamericanos aguardan en los corredores de la muerte en cárceles estadounidenses, más de la mitad de ellos (58 personas) de nacionalidad mexicana.
La lista incluye nueve cubanos, 10 salvadoreños, cinco colombianos y cinco hondureños, así como detenidos de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Argentina.
Desde la reinstalación de la pena capital en Estados Unidos, 17 ciudadanos latinoamericanos han sido ejecutados, en su mayoría mexicanos, de acuerdo con la ONG Death Penalty Information Center.
AFP
