- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha solicitado datos de 2012 y 2013 para alertar sobre la “falta de voluntad política” para erradicar este tipo de violencia
Cuando Guadalupe comienza a llorar por la muerte de su hija Karen, ocurrida en julio de 2012, dice que sus lágrimas no son sólo por el coraje de saber que un hombre “la asesinó por odio”, si no también por las 2 mil 300 mujeres más que han sido víctimas de feminicidio en los últimos dos años y que no han encontrado justicia.
El caso de Karen Sánchez Gochi es uno más de los que actualmente defiende el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para que sea juzgado como tal, pues denuncian que a más de dos años de que en el país comenzó a legislarse el tipo penal todavía hace falta mucho trabajo para que el delito sea efectivamente perseguido, castigado y erradicado.
Los datos que el Observatorio ha podido recolectar sobre homicidios de mujeres para 2012 y 2013 en 30 entidades federativas indican que en el país cada día son asesinadas 6 mujeres y que de esos casos, al menos la mitad son feminicidios. Es decir, son asesinatos motivados por el sexismo o la misogina.
El Observatorio calcula que hay aproximadamente 2 mil 299 casos de feminicidios en el país para ese periodo, pero hasta ahora, sólo tiene registro de que 572, es decir, 24%, está siendo investigads como feminicidio y no sólo como homicidio en once entidades federativas.
Apenas en diciembre pasado se logró que las 32 entidades federativas tipificaran el delito de feminicidio —Michoacán y Baja California Sur fueron las últimas— pero organizaciones civiles argumentan que es necesario homologar el tipo penal para que la “valoración subjetiva” de cada ministerio público y juez no implique que algunos casos sean investigados y penados como crímenes de odio contra las mujeres y otros no.
También por eso consideran necesario tener un protocolo de investigación del feminicidio, que actualmente sólo existe en el Distrito Federal, Sinaloa, Oaxaca, Colima y Morelos.
“Lo que nos preocupa es que no le vemos la voluntad política al Estado, si bien tiene el tema de mujeres en su agenda no lo vemos en acciones concretas para realmente ir contribuyendo a erradicar esta violencia. Necesitamos investigaciones con visión de género y avanzar pero la autoridad ni siquiera acepta que haya una alerta de género en ningún sitio y esto propicia que en México sigan aumemtando los feminicidios”, dijo en entrevista María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio.
En enero pasado el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) — integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas— negó una declaratoria de alerta de género para el estado de Chiapas.
Esa decisión se sumó a otras siete peticiones de declaratoria de emergencia en entidades como el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca que también han sido rechazadas desde el 2007 que se creó el Sistema.
Los argumentos para rechazar las alertas de género en esas entidades han sido que la violencia contra las mujeres no es sistémica, pues se concentra sólo en algunos municipios del estado o que la mayoría de los homicidios contra las mujeres no se pueden catalogar como feminicidios.
El pasado 24 octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal al que México se sometió frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, dijo que “en breve”, llegarían cambios para flexibilizar el mecanismo mediante el que se decreta la alerta de género, sin embargo, hasta ahora, los cambios no han ocurrido.
“No podemos permitir justificar cualquier tipo de violencia, tenemos que exigir a los gobiernos que cumpla con su obligación de proteger la vida de las mujeres. Pero además no podemos avanzar en erradicar esta violencia porque tampoco hay datos que permitan hacer un trabajo eficaz”, agregó la coordinadora del Observatorio.
En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia publicada en febrero de 2007 se establece la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres, que hasta la fecha, no existe.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige la creación de ese Banco Nacional para poder conocer la magnitud de la violencia de género en el país, pues cinco años después de que debió conformarse han tenido que solicitar datos a las procuradurías estatales, que no siempre los entregan o simplemente no los tienen.
“Sigue siendo el gran desafío tener registros, sin éstos ¿cómo vamos a poder medir la situación de la violencia y el impacto de la política pública? No hemos logrado un banco de datos y por lo tanto no se sabe cuántas mujeres violadas hay en el país o cuántos feminicidios hay en México. Los únicos datos son los nuestros que dependen de lo que nos dan las mismas procuradurías”.
El informe sobre Feminicidio en México elaborado y publicado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007.
El Observatorio también alerta que apenas el 1.7% de los casos que se reconocen como feminicidio alcanzan sentencia, por lo que además de la lucha para que los homicidios contra mujeres se cataloguen como feminicidios cuando así lo amerita, hay un problema de impunidad.
“Justicia para mi hermana”
El Observatorio dio a conocer la situación actual de los feminicidios en México durante la presentación del documental Justicia para mi hermana de la cineasta Kimberly Bautista; el cual retrata la lucha de Rebeca Chacón para que la muerte de su hermana Adela no quede impune.
Fuente: animalpolitico.com/
El caso de Karen Sánchez Gochi es uno más de los que actualmente defiende el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para que sea juzgado como tal, pues denuncian que a más de dos años de que en el país comenzó a legislarse el tipo penal todavía hace falta mucho trabajo para que el delito sea efectivamente perseguido, castigado y erradicado.
Los datos que el Observatorio ha podido recolectar sobre homicidios de mujeres para 2012 y 2013 en 30 entidades federativas indican que en el país cada día son asesinadas 6 mujeres y que de esos casos, al menos la mitad son feminicidios. Es decir, son asesinatos motivados por el sexismo o la misogina.
El Observatorio calcula que hay aproximadamente 2 mil 299 casos de feminicidios en el país para ese periodo, pero hasta ahora, sólo tiene registro de que 572, es decir, 24%, está siendo investigads como feminicidio y no sólo como homicidio en once entidades federativas.
Apenas en diciembre pasado se logró que las 32 entidades federativas tipificaran el delito de feminicidio —Michoacán y Baja California Sur fueron las últimas— pero organizaciones civiles argumentan que es necesario homologar el tipo penal para que la “valoración subjetiva” de cada ministerio público y juez no implique que algunos casos sean investigados y penados como crímenes de odio contra las mujeres y otros no.
También por eso consideran necesario tener un protocolo de investigación del feminicidio, que actualmente sólo existe en el Distrito Federal, Sinaloa, Oaxaca, Colima y Morelos.
“Lo que nos preocupa es que no le vemos la voluntad política al Estado, si bien tiene el tema de mujeres en su agenda no lo vemos en acciones concretas para realmente ir contribuyendo a erradicar esta violencia. Necesitamos investigaciones con visión de género y avanzar pero la autoridad ni siquiera acepta que haya una alerta de género en ningún sitio y esto propicia que en México sigan aumemtando los feminicidios”, dijo en entrevista María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio.
En enero pasado el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) — integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas— negó una declaratoria de alerta de género para el estado de Chiapas.
Esa decisión se sumó a otras siete peticiones de declaratoria de emergencia en entidades como el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca que también han sido rechazadas desde el 2007 que se creó el Sistema.
Los argumentos para rechazar las alertas de género en esas entidades han sido que la violencia contra las mujeres no es sistémica, pues se concentra sólo en algunos municipios del estado o que la mayoría de los homicidios contra las mujeres no se pueden catalogar como feminicidios.
El pasado 24 octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal al que México se sometió frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, dijo que “en breve”, llegarían cambios para flexibilizar el mecanismo mediante el que se decreta la alerta de género, sin embargo, hasta ahora, los cambios no han ocurrido.
“No podemos permitir justificar cualquier tipo de violencia, tenemos que exigir a los gobiernos que cumpla con su obligación de proteger la vida de las mujeres. Pero además no podemos avanzar en erradicar esta violencia porque tampoco hay datos que permitan hacer un trabajo eficaz”, agregó la coordinadora del Observatorio.
En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia publicada en febrero de 2007 se establece la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres, que hasta la fecha, no existe.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige la creación de ese Banco Nacional para poder conocer la magnitud de la violencia de género en el país, pues cinco años después de que debió conformarse han tenido que solicitar datos a las procuradurías estatales, que no siempre los entregan o simplemente no los tienen.
“Sigue siendo el gran desafío tener registros, sin éstos ¿cómo vamos a poder medir la situación de la violencia y el impacto de la política pública? No hemos logrado un banco de datos y por lo tanto no se sabe cuántas mujeres violadas hay en el país o cuántos feminicidios hay en México. Los únicos datos son los nuestros que dependen de lo que nos dan las mismas procuradurías”.
El informe sobre Feminicidio en México elaborado y publicado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007.
El Observatorio también alerta que apenas el 1.7% de los casos que se reconocen como feminicidio alcanzan sentencia, por lo que además de la lucha para que los homicidios contra mujeres se cataloguen como feminicidios cuando así lo amerita, hay un problema de impunidad.
“Justicia para mi hermana”
El Observatorio dio a conocer la situación actual de los feminicidios en México durante la presentación del documental Justicia para mi hermana de la cineasta Kimberly Bautista; el cual retrata la lucha de Rebeca Chacón para que la muerte de su hermana Adela no quede impune.
Fuente: animalpolitico.com/
