El Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ordenó el pasado martes la intervención de las Fuerzas Armadas del país en varios hospitales públicos como respuesta al último escándalo de corrupción que ha sacudido a Honduras.
Los soldados han tomado el control de varios sistemas de distribución de medicamentos, farmacias y almacenes de los hospitales. Ante esto, la población se ha echado a las calles para protestar por el escándalo de corrupción que ha involucrado, entre otros, a la diputada y vicepresidente del Congreso hondureño, Lena Gutiérrez, acusada por cinco delitos relacionados con la venta de medicamentos a la Secretaría de Salud del país centroamericano.
Ante la militarización de las farmacias y los almacenes de los hospitales públicos, las reacciones entre los sectores de la salud han sido diversas, desde la creencia de algunos pacientes de que esta medida era necesaria, hasta la opinión del Colegio Médico de Honduras (CMH), que asegura que la medida demuestra la incapacidad del correcto funcionamiento del sistema de salud.
"Es lamentable que las instituciones no funcionen por su propia cuenta y que los controles internos y externos ya establecidos tengan que ser sobrepasados y llevar militares para supuestamente limpiar la corrupción, es lamentable", dijo el presidente de la institución, Elmer Mayes, según recogió el diario hondureño 'El Heraldo'.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, José Antonio Sánchez, ha señalado que a partir de este viernes podrían empezar a recibir los datos preliminares de las ventas de fármacos que se realizaron el pasado miércoles cuando comenzó la intervención militar. A su vez, Sánchez ha indicado que no se está haciendo uso de ningún presupuesto especial para la movilización de los 470 elementos del ejército que forman parte de la fiscalización de 10 entidades de salud del país.
En las últimas semanas se revelaron detalles sobre casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos. Los primeros indicios del caso de corrupción mostró en 2013 un desfalco cercano a los 200 millones de dólares a la entidad reguladora de la salud en Honduras, el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
Tanto la diputada Lena Gutiérrez como otros tres miembros de su familia, estarían implicados en esta trama corrupta, marcada por la adjudicación de contratos a una empresa que vendía medicamentos con sobreprecio o adulterados a la Secretaría de Salud. Se trata de su padre Marco Tulio, su hermana Ginette y su hermano Julio Gutiérrez, quien además es presidente del club deportivo Motagua.
La legisladora y sus familiares, al igual que empleados de la Secretaría de Salud y de la empresa Astropharma, son acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos y fraude.
Ante la militarización de las farmacias y los almacenes de los hospitales públicos, las reacciones entre los sectores de la salud han sido diversas, desde la creencia de algunos pacientes de que esta medida era necesaria, hasta la opinión del Colegio Médico de Honduras (CMH), que asegura que la medida demuestra la incapacidad del correcto funcionamiento del sistema de salud.
"Es lamentable que las instituciones no funcionen por su propia cuenta y que los controles internos y externos ya establecidos tengan que ser sobrepasados y llevar militares para supuestamente limpiar la corrupción, es lamentable", dijo el presidente de la institución, Elmer Mayes, según recogió el diario hondureño 'El Heraldo'.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, José Antonio Sánchez, ha señalado que a partir de este viernes podrían empezar a recibir los datos preliminares de las ventas de fármacos que se realizaron el pasado miércoles cuando comenzó la intervención militar. A su vez, Sánchez ha indicado que no se está haciendo uso de ningún presupuesto especial para la movilización de los 470 elementos del ejército que forman parte de la fiscalización de 10 entidades de salud del país.
En las últimas semanas se revelaron detalles sobre casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos. Los primeros indicios del caso de corrupción mostró en 2013 un desfalco cercano a los 200 millones de dólares a la entidad reguladora de la salud en Honduras, el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
Tanto la diputada Lena Gutiérrez como otros tres miembros de su familia, estarían implicados en esta trama corrupta, marcada por la adjudicación de contratos a una empresa que vendía medicamentos con sobreprecio o adulterados a la Secretaría de Salud. Se trata de su padre Marco Tulio, su hermana Ginette y su hermano Julio Gutiérrez, quien además es presidente del club deportivo Motagua.
La legisladora y sus familiares, al igual que empleados de la Secretaría de Salud y de la empresa Astropharma, son acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos y fraude.
Notimérica
