Bolivia: Racionan agua en principales ciudades por sequía

La Paz, Bolivia. AFP. La sequía que vive Bolivia, la peor en 25 años, afecta el suministro de agua en siete de las 10 principales ciudades del país, entre ellas La Paz, y empieza a generar roces entre campesinos y mineros por el uso de acuíferos.

En La Paz, sede de Gobierno, el racionamiento de agua afecta a cerca de 340.000 personas, casi la mitad de los 800.000 habitantes de la ciudad.

También tienen problemas de suministro de agua la vecina El Alto, Cochabamba (centro), Sucre (sureste), Tarija (sur), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste).

Las tres represas que abastecen a La Paz “muestran una criticidad preocupante que puede desencadenar situaciones mucho más extremas, si es que no llueve” hasta fin de mes, dijo la Autoridad de Control y Fiscalización de Agua, Víctor Rico, al canal de TV-PAT.

Las reservas de las represas Incachaca y Hampaturi, cercanas a La Paz y las más importante del país, estaban en 6% y 1% respectivamente, por falta de lluvia en los últimos meses, reconoció la empresa estatal de agua Epsas, cuyos ejecutivos fueron cesados el miércoles por el presidente Evo Morales, molesto por el mal manejo del problema.

El gobernante pidió “disculpas al pueblo paceño” por la falta de agua y prometió soluciones a la brevedad.

Mientras llueve, el gobierno comenzó a construir ductos para trasvasar agua a las dos más importantes represas.

Entre tanto, el Colegio de Médicos de La Paz recomendó suspender las clases escolares por el racionamiento y porque cuando el servicio se restablece temporalmente, el agua llega “turbia y con un color café”, según su vicepresidente Ricardo Landívar.

La falta de agua empieza a generar protestas. En Cochabamba (centro) se registraron bloqueos de caminos por vecinos, quienes fueron dispersados por la policía con bombas lacrimógenas, aunque no se registraron daños personales.

En Potosí (suroeste) hay amenazas de choques entre campesinos y mineros que se disputan acuíferos.

Salen a desafiar al Papa cuatro cardenales rebeldes

Cuatro cardenales de la Iglesia Católica se rebelaron contra el papa Francisco. En una carta dirigida en setiembre al Sumo Pontífice cuestionan la encíclica “Amoris Laetitia”, especialmente el punto referido a los divorciados católicos. 

Ante el silencio del Sumo Pontífice a los cuestionamientos, los prelados ahora le piden que responda la carta para “todo el pueblo de Dios”.

Los cardenales Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra y Joachim Meisner, en un gesto desafiante exigieron al Pontífice hacer pública la carta en la que acusan al papa Francisco de generar “un grave desconcierto en muchos fieles y una gran confusión”.

La carta de los cuatro cardenales fue divulgada esta semana en el portal del vaticanista Sandro Magister, por iniciativa de los prelados, quienes consideran que el tratado genera “interpretaciones contradictorias”.

En la carta, los cardenales alemanes Brandmüller y Meisner, el italiano Cafarra y el estadounidense Burke –el único en funciones y acérrimo crítico del liderazgo reformista del Papa– pidieron al Sumo Pontífice “clarificar” cinco puntos de la exhortación apostólica. Los prelados indicaron que “el Santo Padre no respondió”, por lo que consideran la decisión “como una invitación a continuar la reflexión y la discusión serena y respetuosamente”.

La encíclica “Amoris Laetitia” fue elaborada por Francisco luego de dos Sínodos celebrados en el 2014 y el 2015 sobre “la vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo moderno” y publicado en marzo de este año.

Las críticas se centran en el capítulo 8 de la encíclica, en el punto que aborda la situación de los divorciados católicos. El tratado de 260 páginas –que propone una mirada renovada de la Iglesia– sugiere que es posible absolver o dar la comunión a una persona que, aunque atado por un vínculo matrimonial, vive con otra persona como marido y mujer.

Unasur y Vaticano piden a Maduro cesar “descalificaciones”

Los facilitadores del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición pidieron este miércoles que “cese la campaña de descalificaciones públicas” para que avance el proceso que busca revertir la crisis política y económica que atraviesa ese país.

“Hacemos un llamado a todos los responsables políticos del Gobierno Nacional y de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para que respeten el espíritu y el contenido de la Declaración Conjunta ‘Convivir en Paz'” aprobada el 12 de noviembre, señaló un comunicado difundido por la secretaría de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya sede está en Quito.

El documento incluye el pedido para que “cese la campaña de descalificaciones públicas que no contribuyen a la convivencia pacífica” en Venezuela, con el fin de “preservar los logros” alcanzados tras las reuniones que arrancaron el 30 de octubre.

La secretaría general de la Unasur, el representante del Vaticano, monseñor Claudio María Celli, y los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos acompañan el diálogo entre el gobierno venezolano y a la oposición agrupada en la MUD.

El sábado pasado ambas partes se comprometieron a mantener “una convivencia pacífica, respetuosa y constructiva” a fin de encontrar un camino para solucionar la crisis que atraviesa el país.

En los acuerdos anunciados no hay mención de la exigencia opositora de reactivar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro -cuyos trámites fueron suspendidos el pasado 20 de octubre- o adelantar elecciones para el primer trimestre de 2017.

La próxima reunión entre los delegados del gobierno y la oposición, con presencia de los facilitadores, está prevista para el 6 de diciembre.

Birmania: Estallido de violencia causa más de 80 muertos

Los incidentes ocurrieron en el norte del estado Rakhine, en la frontera con Bangladesh.

Violencia

BIRMANIA (Efe) - Más de 80 personas han muerto en el oeste de Birmania (Myanmar) en el último estallido de violencia registrado durante las operaciones del Ejército en aldeas de la minoría musulmana rohingya, informó hoy la prensa estatal.

Los incidentes ocurrieron en el norte del estado Rakhine, en la frontera con Bangladesh, zona donde vive el grueso de este colectivo perseguido y que está cercada por el Ejército desde los ataques del 9 de octubre contra puestos de la policía fronteriza. Según el diario Global New Light of Myanmar, que reproduce un comunicado del Ejército, unos 69 supuestos insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre el 9 y el 14 de noviembre, en los que también perdieron la vida 7 militares y 10 policías.

En los días previos, el periódico atribuyó los enfrentamientos a emboscadas que los asaltantes, calificados como terroristas, habrían llevado a cabo armados con palos y machetes. Las fuerzas de seguridad también detuvieron a 234 atacantes, 29 de los cuales fueron condenados, según el rotativo que no especificó los cargos.

Las autoridades acusan a estos grupos de quemar decenas de casas en aldeas rohingya, colectivo al que también pertenecen los asaltantes, y niegan que los incendios hayan sido provocados por las fuerzas de seguridad. Activistas y grupos de defensa de los derechos humanos, en cambio, acusan al Ejército de cometer ejecuciones, violaciones y saqueos contra la población rohingya.

"Hemos escuchado en los últimos días informes de una escalada de la violencia y hemos visto pruebas sólidas de asesinatos de civiles rohinyás e imágenes de aldeas quemadas", denunció hoy el presidente del grupo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR, sigla inglés), Charles Santiago, en un comunicado.

"Si el Gobierno de Myanmar no es capaz de prevenir más sangre o de controlar a sus fuerzas de seguridad, entonces la comunidad regional e internacional tendrá la responsabilidad de actuar. Naciones Unidas, y la ASEAN también, deberían organizar una instigación", añadió el diputado malasio Santiago.

La ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) está formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Las autoridades birmanas han rechazado estas denuncias mientras el Ejército impide el acceso a la zona a organizaciones de ayuda humanitaria, observadores y prensa independiente desde el incidente armado contra los puestos fronterizos del mes pasado.

Ese asalto y posteriores disturbios causaron al menos 40 muertos entre policías, militares, asaltantes y vecinos. La líder de facto del gobierno y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, ha recibido críticas por no interceder en favor de los rohingya, cuyos miembros no son reconocidos como ciudadanos birmanos sino como inmigrantes bengalíes.

Más de un millón de rohingya viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.

Colombia logra nuevo pacto con FARC

Bogotá, Colombia. AFP. Colombia logró un nuevo acuerdo con las FARC, pero sellar la paz con la guerrilla más antigua de América Latina requiere que el texto reciba el visto bueno de la oposición y responda a dos interrogantes: cómo se refrendará y cómo se implementará.

El pacto, firmado el sábado por los jefes negociadores de ambas partes en La Habana, incluye parte de los cuestionamientos, precisiones y aportes de diversos sectores que se opusieron al pacto original, alcanzado el 26 de septiembre pero derrotado en un plebiscito el pasado 2 de octubre.

“Con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, premiado con el Nobel de la Paz por este proceso, al presentar en un discurso televisado algunas de las modificaciones.

El director del Centro de Análisis del conflicto Cerac, Jorge Restrepo, coincidió en declaraciones a la AFP en que la nueva versión es mejor porque “preserva la Constitución al eliminar innovaciones jurídicas innecesarias, que buscaban dar garantías a FARC”.

Sin embargo, ni Santos ni los negociadores en La Habana entregaron detalles sobre cómo será el proceso de refrendación del nuevo acuerdo.

Por ahora, el presidente colombiano ordenó al jefe negociador Humberto de la Calle comenzar a reunirse con los líderes del “No” para explicarles detalladamente las modificaciones.

De la Calle explicó este domingo desde La Habana que inicialmente se pensaba publicar solo lo nuevo que tuviera el texto acordado en comparación con el anterior.

“Pero las FARC opinaron y creemos que tienen razón, que es mejor que los colombianos conozcan todo el acuerdo ya ensamblado y lo que estamos haciendo es ensamblando para que sea conocido por todos los colombianos de manera integral”, dijo De la Calle en un video publicado en Twitter.

El otro gran interrogante que surge sobre el futuro del proceso es si los opositores, después de conocer el acuerdo, decidirán apoyarlo, hacerle observaciones o rechazarlo definitivamente, lo que implicaría que siga la incertidumbre sobre su implementación.

El exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes indicó a medios locales que se debería decretar la Conmoción Interior para que “el presidente pudiera agilizar la convocatoria de cabildos abiertos”, a través de los cuales se haría la fase de legitimación “a la mayor brevedad posible”.

El más férreo opositor al proceso de paz con las FARC, el expresidente Álvaro Uribe, solicitó que los voceros de la oposición puedan estudiar el nuevo texto y que el acuerdo “no tenga alcance definitivo” hasta que no terminen de revisarlo.

“Muchos del ‘No’ se sumarán al nuevo acuerdo” y sólo “una minoría radical” se pronunciará en contra, por considerar que varios de los aspectos claves del acuerdo se mantienen, vaticinó Restrepo.

El asesor del proceso de Paz, el conservador Álvaro Leyva, aseguró que el acuerdo “es final y definitivo” y a todos “se les dio gusto sin llegar a poner en peligro la paz”

“Ingenuidad pensar que en materia de paz se le puede dar gusto a todo el mundo en todo. Particularmente a quienes nada les va a satisfacer”, dijo Leyva en Twitter.

Una de las principales críticas que sufrió el pacto original fue dar a los jefes del grupo armado la posibilidad de participar en política, punto que permanece en la nueva versión.

Santos pidió a los colombianos entender que el objetivo de los procesos de paz “es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad”.

Aunque la mesa habló de la limitación de su participación política, Santos admitió que “no se logró avanzar” en ese tema.

El mandatario resaltó de todas formas que las FARC “tendrán que participar en las elecciones” con las mismas condiciones que los demás movimientos políticos.

Apoyo y esperanza 

Al mismo tiempo que los voceros del “No” consignaron sus dudas y pidieron tiempo para estudiar el acuerdo, la noticia del nuevo acuerdo fue muy bien acogida por otros sectores.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, destacaron los esfuerzos de las partes por incorporar al acuerdo las observaciones del los partidarios del NO.

“A través de este ejercicio, los colombianos se han escuchado y han reafirmado su deseo colectivo de paz”, dijo Ban en un comunicado, mientras Almagro aseguró que gobierno y FARC “lograron sortear las complejidades, debatieron en torno a las diferentes propuestas del ‘No’, y encontraron puntos de consenso”.

El canciller español, Alfonso Dastis, dijo que espera que el nuevo acuerdo sea “lo más inclusivo posible” y que pueda “ser la base para esa paz duradera y justa”.

El sábado Estados Unidos y la Unión Europea saludaron el acuerdo y mantuvieron su apoyo a los esfuerzos de paz.

Además, decenas de colombianos salieron a la histórica plaza de Bolívar de Bogotá a celebrar la noticia al grito de “¡Si se pudo”.