En un mensaje en Brasilia, el primero que brinda en la transición, además, rechazó nuevas privatizaciones y remarcó que es necesario privilegiar las cuestiones sociales frente a asuntos “que solo interesan al mercado financiero”.
Los inversores reaccionaron automáticamente al discurso. A lo largo de la jornada, la Bolsa registró fuertes descensos que llegaron al 4,09% para recortar luego en torno a 3%. El dólar, a su vez, que había circulado en calma desde que Lula ganó las elecciones, saltó 4,14% y cerró con un alza de 3,14% frente al real.
“¿Por qué se hace sufrir a la gente por garantizar la estabilidad fiscal de este país? ¿Por qué la gente dice todo el tiempo que hay que recortar gastos, que hay que tener superávit, que hay que poner techo a los gastos? ¿Por qué los mismos que discuten los topes de gasto no discuten seriamente la cuestión social en este país?”, preguntó el mandatario electo en su mensaje el Centro Cultural Banco do Brasil donde funciona el equipo de transición del nuevo Ejecutivo.
Allí también sostuvo que “las empresas púbicas brasileñas serán respetadas” y remarcó que no se privatizará la Caja Económica Federal y el Banco do Brasil y que no se fragmentará Petrobras, un proyecto que alentaba el saliente gobierno de Jair Bolsonaro que esperaba una gigantesca inversión en esa operación.
Sostuvo además que el BNDES, el Banco de Desarrollo, “volverá a ser un banco de inversiones incluso para pequeños y medianos empresarios”.
Según el nuevo presidente, es necesario modificar los métodos y nociones con relación al gasto que hace el poder público. “Muchas cosas que se consideran gastos en este país, deben verse como inversiones. No es posible que se haya cortado dinero de la farmacia popular en nombre del cumplimiento de la meta fiscal, del cumplimiento de la regla de oro”, dijo.
Los críticos de la expansión descontrolada del gasto afirman, en cambio, que la responsabilidad fiscal es lo que permite garantizar el gasto social.
El líder del PT, también cargó contra la reforma provisional del gobierno de Bolsonaro, pero también contra los cambios en la legislación laboral realizados durante la administración transitoria de Michel Temer.
Lula asumirá el 1 de enero de 2023. Este jueves confirmó que anunciará el nombre del jefe del área económica recién en diciembre, una noticia que espera con ansiedad el mercado. En sus dos gobiernos anteriores y con un economista liberal en la cartera, Antonio Palocci, el presidente electo logró ocho años de superávit fiscal, una conquista que utilizó con insistencia en la campaña.
También recordó esas conquistas en su discurso, de modo que el mensaje generó sorpresa y dudas.
Lula llegó a emocionarse y tuvo que interrumpir sus palabras cuando citó un fragmento del discurso que pronunció en su victoria de 2002, al comentar el tema del hambre, que volvió a la agenda nacional. “Si, cuando termine este mandato, todos los brasileños están tomando café, almorzando y cenando, habré vuelto a cumplir mi papel”, dijo.
El mandatario electo ganó el 30 de octubre las elecciones con una diferencia de solo 1,8% frente a Bolsonaro. Los aliados del mandatario saliente controlan las dos primeras minorías del Parlamento y los principales estados del país, San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais.
Para garantizar su gobernabilidad, Lula y su gente están ya negociando con una serie de partidos, en su mayoría liberales y conservadores, cuyos votos parlamentarios necesitará el flamante gobierno. El discurso de este jueves no es claro cómo afectará esas gestiones.
En Brasil rige un techo legal al gasto público que impulsó como Ministerio de Economía de Temer, el ex presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, un aliado profundo de Lula da Silva, y uno de los nombres en las especulaciones para el ministro de Economía. Lula no cuenta con suficientes legisladores propios para remover ese techo.
El año próximo, el nuevo gobierno deberá resolver una bomba fiscal que le dejará la administración de Bolsonaro, que en sus máximos requerirá de unos 70 mil millones de dólares, según la Fundación Getulio Vargas.
Meirelles sostuvo que se podría acordar una licencia del techo de gastos de hasta US$ 20 mil millones, pero solo mantener los planes sociales para los segmentos más pobres implicará unos US$ 14 mil millones. De modo que el PT calcula una licencia de al menos US$ 40 mil millones.
En Brasil rige también desde el año pasado una ley que protege la independencia del Banco Central. Lula sostuvo en la campaña, en contra de la opinión del PT, que no tocará esa legislación.
