Al menos 81 personas fueron ejecutadas en agosto, es decir casi el doble que las 45 de julio, precisaron estos expertos independientes en un comunicado, sin citar sus fuentes.
El número de ejecuciones registradas en lo que va de año es de más de 400 personas, 15 de ellas mujeres, agregó el grupo de expertos, formado por seis enviados especiales y cinco miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de las mujeres y las niñas.
Estos expertos -enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresan en nombre de la organización- dicen estar “profundamente preocupados por este fuerte aumento del número de ejecuciones”.
La mitad de las ejecuciones (41) estaban relacionadas con delitos de drogas, detalló el comunicado, que recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán forma parte, “limita la aplicación de la pena de muerte a ‘los crímenes más graves’ o sea, homicidios voluntarios”.
“Las ejecuciones por infracción de la legislación sobre los estupefacientes violan las normas internacionales”, declararon los expertos.
En su opinión, el número de ejecuciones sobre infracciones relacionadas con la droga aumentó claramente en Irán desde 2021, con más de 400 casos en 2023.
Activistas de derechos humanos acusan a Teherán de utilizar la pena de muerte para intimidar a la población, especialmente a raíz de las manifestaciones multitudinarias que sacudieron el país tras la muerte bajo custodia en 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años arrestada por vulnerar el código de vestimenta femenino.
Fuente: AFP
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