Venezuela, segundo país más violento del mundo

Caracas, Venezuela | AFP | Venezuela cerrará 2016 como el segundo país más inseguro del planeta tras El Salvador, al registrar una tasa de muertes violentas diez veces mayor al promedio mundial, según un informe presentado este miércoles por una ONG.

El país petrolero culminará el año con 28.479 muertes violentas, con una tasa de 91,8 por cada 100.000 habitantes, señaló el estudio anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). El promedio mundial es de 8,9 por cada 100.000.

“2016 ha sido particularmente violento”, alertó en rueda de prensa Roberto Briceño León, director del OVV, sosteniendo que solamente El Salvador tiene mayores niveles de asesinatos, con 103 por cada 100.000 habitantes.

Del total de muertes, 18.230 califican como homicidios, mientras que 5.281 se produjeron en enfrentamientos entre grupos delictivos y cuerpos de seguridad y 4.968 están en proceso de investigación.

Muertes violentas

De acuerdo con estimaciones de la ONG, el número de muertes violentas en Venezuela continúa incrementándose. Contabilizó 27.875 en 2015 (90 por cada 100.000 habitantes) y 24.980 en 2014 (82 por cada 100.000 habitantes).

Aún no han sido difundidas cifras oficiales de 2016, pero la Fiscalía reportó 17.778 homicidios en 2015 (58,1 por cada 100.000 habitantes).

El OVV, que también reporta un incremento en el linchamiento de presuntos delincuentes por parte de pobladores, indica que sufren los peores índices criminales tres estados centrales: Aragua (142 muertes violentas por cada 100.000 habitantes), Miranda (140) y Distrito Capital (138).

Caracas -adscrita a Miranda y Distrito Capital- es la urbe más violenta del mundo según el OVV, con 15 veces más homicidios que Ciudad de México.

“Acción de guerra”

La ONG alerta sobre la impunidad como una de las causas. “Por cada 100 homicidios en el país solo hay entre ocho y nueve detenciones”, sostiene Briceño León.

La ONG es crítica de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), operaciones especiales contra la criminalidad lanzadas por la Fuerza Armada y la policía en 2015. Briceño León las definió como “una acción de guerra” contra la ciudadanía, al denunciar violaciones a los derechos humanos.

En noviembre, la controversia se reactivó con el hallazgo de los cadáveres de 13 campesinos que habían sido detenidos durante una OLP en la localidad de Barlovento (Miranda). Fueron detenidos 18 militares.

Siria: Alepo prepara una gigantesca reconstrucción

Alepo, Siria | AFP. Um Fayez lleva dos años sin poder utilizar su lavadora por falta de electricidad. Como todos los habitantes de Alepo, espera con impaciencia las obras de reconstrucción de la que era una de las ciudades más bellas de Siria antes de la guerra.

“Lavamos a mano, pero el agua es muy fría. Ya no aguanto más”, lamenta la quincuagenaria, sentada en la oscuridad frente a una pila de ropa sucia, en su casa del barrio central de Furqan.

Tras cuatro años de combates y la evacuación de decenas de miles de rebeldes y civiles, el régimen anunció el 22 de diciembre la reconquista total de la segunda ciudad del país, tras adueñarse de los últimos barrios insurrectos del este.

En la excapital económica del país, más del 50% de los edificios y de las infraestructuras quedaron parcial o totalmente destruidas, según “una evaluación preliminar optimista” del Ayuntamiento.

El conflicto provocó la deslocalización forzosa de la industria, arruinó el célebre casco antiguo, y privó a los habitantes de servicios básicos como la electricidad y el agua.

‘Ocho millones de dólares’ 

“Hemos vendido el aspirador. ¿De qué nos sirve si no tenemos electricidad?”, dice Um Fayez, que es madre de dos niños. Su marido acaba de volver de su pastelería, caminando en la oscuridad con la ayuda de una linterna.

Los combates acabaron hace dos años con la principal central eléctrica de la zona, la de Sfire, al sureste de Alepo. En cada barrio se oye el zumbido de los generadores, enchufados a las casas mediante una maraña de cables.

Pero cada día, se apagan a medianoche para ahorrar combustible.

Se van a construir nuevas líneas de alta tensión para traer electricidad desde la vecina provincia de Hama, asegura un responsable del ministerio de Electricidad a la AFP.

Las obras, que durarán entre seis meses y un año y medio, costarán más de 4.000 millones de libras sirias -unos ocho millones de dólares-, indica ese responsable.

Los habitantes tampoco tienen agua corriente, ya que la principal estación de bombeo de Suleiman al Halabi sólo funciona a un tercio de su capacidad debido a los combates.

“Suministramos agua a menos del 20% de los barrios de Alepo. Antes de la crisis, alcanzábamos el 70%”, lamenta Issa Korjé, mecánico jefe de la estación.

En un país muy fragmentado por culpa de la guerra y de sus múltiples protagonistas, Alepo afronta un problema adicional: el agua le llega principalmente desde la presa del Éufrates, situada en la vecina provincia de Raqa y controlada por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

“El grupo corta a menudo nuestro suministro”, dice el director del organismo encargado de la distribución de agua potable, Fajer Hamdo.

‘Devolverle la vida a Alepo’ 

Pero la prioridad del Ayuntamiento es hacer desaparecer antes de finales de año la línea de demarcación que separaba el sector oeste, en manos de las fuerzas gubernamentales, de los barrios orientales, que controlaban los rebeldes.

Excavadoras amarillas llevan días desescombrando las calles para evitar que los habitantes tengan que seguir escalando barricadas y saltando por encima de los cráteres que dejaron los obuses.

“El Ayuntamiento ha intervenido enseguida para despejar las vías principales”, indica el administrador de la ciudad, Nadeem Rahmun. “Le vamos a devolver la vida a Alepo y permitir la vuelta del comercio y de la vida social”.

En el casco antiguo, famoso por albergar el mayor zoco cubierto del mundo y una imponente ciudadela, se está llevando a cabo una meticulosa labor de desescombro con vistas a comenzar su restauración, explica Rahmun.

Y en el barrio central de Akiul, algunos habitantes no esconden su alegría al ver cómo las excavadoras destruyen las barricadas.

“Hace unos días, vine a comprobar el estado de la casa de mi hermano”, cuenta Abdel Jawad Nashed, de 32 años. “Tardé hora y media, tuve que escalar montículos de tierra”.

Hoy ha hecho el mismo trayecto en 10 minutos, explica. “Es más fácil sin barricadas”.

Un entusiasmo compartido por Zakaria, de 42 años, propietario de una tienda de muebles: “Gracias a Dios las calles ya no están cortadas entre los barrios del este y el oeste. Alepo vuelve a estar unida”.

Panamá prohibirá que Odebrecht participe en futuras obras

La acción panameña se desprende luego de que el Departamento de Justicia estadounidense informara los casos de corrupción.

Odebrecht

PANAMÁ (EFE) - El Gobierno panameño informó el martes que buscará prohibir las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en futuras obras públicas, tras informarse que pagó multimillonarios sobornos para adjudicarse contratos en la nación centroamericana y otros países de Latinoamérica.

En un comunicado leído a los medios por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela dijo que adoptará "las acciones necesarias" para evitar que a esa empresa "se le adjudiquen y refrenden" contratos ganados en licitaciones.

Señaló que se mantendrá esa medida hasta que la empresa dé muestras de colaboración efectiva en las investigaciones que se realizan en Panamá por corrupción y se comprometa a resarcir económicamente al país por los daños causados.

La acción panameña se desprende luego de que el Departamento de Justicia estadounidense informara la semana pasada que Odebrecht y su filial Braskem acordaron pagar una multa de más de 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de soborno.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia, la constructora brasileña pagó sobornos multimillonarios en diez países de América Latina y dos de África a cambio de obtener contratos suculentos con entidades públicas. En el caso de Panamá, la investigación señala que la compañía pagó presuntos sobornos a funcionarios públicos por 59 millones de dólares en el periodo de 2010-2014 en que gobernaba el derechista Ricardo Martinelli.

Odebrecht se convirtió en el mayor contratista del Estado panameño en la última década, con obras adjudicadas por más de 9.000 millones de dólares, entre ellas la primera línea del Metro de Panamá.

Pese a las denuncias de corrupción que enfrentaba en Brasil, Odebrecht formó parte del consorcio que se adjudicó la construcción de la segunda línea del Metro de Panamá y de otros proyectos de infraestructura pública por más de 2.500 millones de dólares en los primeros tramos del actual gobierno de Varela, que comenzó en julio 2014.

El gobierno dijo en el comunicado que también buscará la manera para que la empresa brasileña desista de su participación en el proceso de licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la tercera línea del Metro.

The Associated Press buscó una reacción de la oficina de la empresa brasileña en Panamá pero nadie contestó los teléfonos la noche del martes.

Aprueban en Ecuador polémico impuesto a ganancias

Quito, Ecuador. AFP. El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó una polémica ley sobre un impuesto de 75% a la ganancia inmobiliaria “extraordinaria”, cuyo debate fue frenado el año pasado por el presidente Rafael Correa ante el fuerte rechazo de sectores de clase media y alta.

Un 36% de los hogares ecuatorianos no tiene casa propia, señaló el Legislativo unicameral, apuntando que el impuesto será aplicado a partir de la segunda venta cuando haya ganancia extraordinaria, que será cuando supere los 24 salarios básicos (actualmente los 8.784 dólares) la diferencia entre el precio de venta y el de compra más inversiones en mejoras e interés bancario que el capital pueda haber generado.

Con 79 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la “Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos”, cuyo proyecto fue enviado por el gobierno hace casi un mes, busca combatir la especulación en la transferencia de bienes inmuebles y a la vez fortalecer las arcas de los municipios para acueductos y alcantarillado.

“En Quito el costo de las viviendas es altísimo, entre otros factores, por la especulación del mercado. Por ello, la gente más pobre se ve obligada a vivir en zonas periféricas (…) Nuestro objetivo es garantizar el acceso a vivienda con un precio real y ésta Ley cumple con el objetivo”, expresó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.

En concreto, la ley -que será puesta a consideración del Ejecutivo- establece el impuesto de hasta 75% a las ganancias extraordinarias que los predios han logrado “sin esfuerzo ni trabajo algunos” gracias a la obra pública como autopistas, indicó el Parlamento, con 137 miembros.

El denominado impuesto para “combatir la especulación” o a la plusvalía apunta a que parte de las ganancias extraordinarias sea invertida en más obras cuando la falta de control sobre el valor ha provocado un encarecimiento de los terrenos y dificulta el acceso a vivienda en el país, donde “pocos” compran casa pensando en venderla.

En 2015, Correa envió al Legislativo proyectos de ley para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía, que debió retirar temporalmente ante multitudinarias protestas de grupos empresariales, de clase alta y media en vísperas de la visita del papa Francisco, en julio de ese año.

Solo tres de cada mil ecuatorianos reciben algún tipo de herencia cada año y hace falta controlar la especulación del suelo, que es una de las formas más extendidas de evasión de tributos, expresó el mandatario en mayo pasado, cuando anunció que insistirá en la aprobación de esos proyectos. Empero el de herencias no ha vuelto a presentar ante el Congreso.

Argentina: La ex presidenta Cristina Kirchner procesada otra vez por corrupción

Buenos Aires, Argentina. AFP. La ex presidenta argentina Cristina Kirchner quedó inculpada el martes de asociación ilícita y fraude al otorgar obras de infraestructura por 2.200 millones de dólares a un empresario, su segundo procesamiento en lo que va del año. 

“El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (equivalentes a U$S 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral”, informó la página web CIJ, del poder judicial. El caso de Kirchner se suma a la de otros líderes de centroizquierda de la región, como el ex presidente brasileño Lula da Silva (2003-2011) y la ex mandataria Dilma Rousseff (2011-2016), forzados a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción o administración irregular. A Dilma le costó incluso su puesto, destituida por el Congreso brasileño.

La ex mandataria argentina había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y señalar que “es una maniobra formidable de persecución política” y “un disparate mayúsculo”.

Una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Kirchner en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por un millón de dólares.

Kirchner (2007-2015) es acusada de haber otorgado obras de infraestructura en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur).

El juez Ercolini también procesó en la causa a Báez y al ex ministro de Planificación Julio de Vido. Báez está detenido desde abril. “No soy amiga ni socia comercial de Báez”, declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado halló pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
La ex mandataria apunta a Macri

Cristina Kirchner, una peronista de centroizquierda, asegura que el gobierno de Mauricio Macri, al frente de una alianza de derechistas y socialdemócratas, influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad de graves problemas sociales y económicos, entre ellos una recesión que hunde el producto bruto interno en 2,4% en lo que va del año.

En la causa monetaria denominada “dólar a futuro”, la justicia entiende que la operatoria benefició a inversionistas. Ellos pactaron ventas de divisas a marzo a razón de 10 pesos por dólar en noviembre del 2015, cuando el gobierno intentaba bajar expectativas de devaluación. Pero en diciembre, al asumir Macri, el tipo de cambio se fijó en 14 pesos por dólar y los especuladores ganaron fortunas. Kirchner dice que si hay delito, lo cometieron los devaluadores.