"Hay que reconocer que en Chile no existe una cultura muy extendida de la 'coima' (soborno). Ahora, eso no quita para que en Chile todavía exista un enorme campo para avanzar", declara a Efe Gonzalo Delaveau, presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional.
Santiago de Chile, EFE. Considerado un país donde prima el respeto a la legalidad, Chile mantiene viva una conciencia de la honradez y la transparencia pública que le permite situarse en esta materia por delante de casi toda Latinoamérica y de gran parte de Europa."Hay que reconocer que en Chile no existe una cultura muy extendida de la 'coima' (soborno). Ahora, eso no quita para que en Chile todavía exista un enorme campo para avanzar", declara a Efe Gonzalo Delaveau, presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional.
Según la última clasificación de esta organización, Chile se situó en 2012 en el puesto número 20 en materia de transparencia, a la cabeza de Latinoamérica junto con Uruguay y por delante de países europeos como Francia (22), Austria (25), Irlanda (25), España (30), Portugal (33) o Italia (72).
Históricamente, Chile ha mantenido una cultura de la probidad pública que a sus policías les ha valido fama de insobornables.
En el plano político, es también difícil que las obras públicas estén manchadas de dinero negro.
"En Chile, es muy raro ganarse un negocio porque alguien compró a un ministro; eso es casi imposible", sostiene Delaveau.
Pero, a su juicio, sí que existe una especie de "corrupción suave", especialmente en el ámbito municipal, que se da por ejemplo cuando los alcaldes piden a una empresa que construya una plaza pública a cambio de otorgarle un permiso para sus actividades.
"No es un beneficio para el alcalde, pero él va a ser quien inaugure esa plaza", puntualiza.
La Contraloría, órgano fiscalizador de la administración estatal creado en 1925, y el Consejo para la Transparencia, nacido en 2009 gracias a la Ley de Transparencia, son dos de los pilares de la estructura que fomenta el control sobre los recursos públicos.
El primer órgano fiscaliza todos los gastos que se hacen en servicios públicos, ayuntamientos y empresas estatales. Fuera quedan el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Banco Central.
La Contraloría, según explicaron a Efe fuentes de esta entidad, puede iniciar procedimientos administrativos, ya sean investigaciones sumarias (76 en 2012) o sumarios administrativos (315 el pasado año).
Los primeros se inician por un posible mal uso de los vehículos públicos y pueden afectar a jefes de servicio o incluso a alcaldes, pero no a los ministros, que se rigen por otra norma.
Los segundos se incoan por faltas de mayor relevancia cometidas por cualquier funcionario, ministros incluidos.
De los 255 sumarios finalizados el año pasado, 74 fueron sobreseídos y en 181 se aplicaron 600 medidas disciplinarias, como multas (299), censuras (168), suspensiones (28) o destituciones (8), las cuales conllevan inhabilitación por cinco años.
La Ley de Transparencia permite consultar a través de Internet datos de todas las administraciones -por ejemplo, cuánto un funcionario, desde el presidente a los empleados de la limpieza- y resguarda el derecho de los ciudadanos a obtener información de interés público.
Si no reciben la información solicitada o no quedan satisfechos, los ciudadanos pueden recurrir al Consejo para la Transparencia (CPLT), que en sus cuatro años ha emitido 6.000 recursos de amparo.
Según explica Efe su presidente, Jorge Jaraquemada, Chile "fue pionero en América Latina en el proceso de reforma del Estado".
"El Consejo marca la culminación de un proceso iniciado en 1994, cuando se creó la primera comisión presidencial sobre probidad y transparencia, y que continuó en 2005 con una reforma constitucional que estableció la publicidad de los actos de la administración", explica.
A estos organismos se añaden, entre otros, los sistemas de ChileCompra, en el que se tramitan la adquisición de bienes y servicios que requiere el Estado, y de Alta Dirección Pública, que regula y transparenta los procesos de selección de los altos cargos.
Pero a pesar de estos avances, Chile prepara nuevas medidas para poner los asuntos públicos a recaudo de las malas prácticas.
Así, el Congreso tramita una reforma de la Ley de Transparencia que, entre otros aspectos, fortalece el papel del CPLT y establece que se deben publicar en Internet las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios obligados a presentarlas.
Existe también un proyecto de ley sobre probidad en la función pública que regulará la presentación de declaraciones de intereses y patrimonio y los casos y plazos en que las autoridades deberán desprenderse de su participación en ciertas empresas.
Además, está pendiente la reforma de la ley de partidos políticos, que incorporará medidas para fomentar la transparencia y les obligará a hacer públicas informaciones como su estructura orgánica, las cotizaciones de sus afiliados y su balance anual.
A estas tres iniciativas, impulsadas por el gobierno de Sebastián Piñera y que están en el congreso, se suma un proyecto de ley del "lobby" (cabildeo), en tramitación desde 2008.
En él se obliga a todos aquellos que puedan incidir en la obtención de algún beneficio legal o administrativo -ministros, parlamentarios, asesores, jueces, etc.- a informar de las reuniones que sostengan con esos grupos de interés.
"El 'lobby' no es malo. Lo importante es que se sepa porque -subraya Delaveau- la transparencia ayuda a despejar sospechas.
EFE
