En las montañas de Cauca, un departamento del suroeste de Colombia, fuertemente afectado por el conflicto armado que desde hace 50 años azota Colombia, las discusiones en Cuba sobre las drogas ilícitas, que constituyen el tercer punto de la agenda de diálogo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, parecen lejanas.
“Hasta que se apunte el problema de la pobreza, seguiremos sembrado coca y marihuana”, dijo a la AFP un campesino joven que tiene dos hectáreas en las alturas de la localidad de Corinto.
Para él, las cifras hablan solas: un kilo de coca le aporta 3.200 pesos colombianos (menos de dos dólares), cuatro veces más que un kilo de maíz.
De todas formas, estos precios están lejos de los que alcanza la cocaína, una sustancia sintetizada a partir de esta planta, de la cual Colombia es uno de los mayores productores del mundo, con 309 toneladas de droga a partir de 48.000 hectáreas de cultivos, según cifras de la ONU.
“El diálogo de paz me da miedo. ¿Qué va a pasar si vienen a arrancar todo?¿Cómo vamos a vivir?”, expresa mientras mira desfilar a un encorvado “ejército” de jornaleros cargando pesadamente sacos llenos de hojas de coca.
A algunos kilómetros de la localidad, un campesino de 72 años cultiva café y marihuana.
“Lo que importa no es lo que saldrá de esas supuestas negociaciones, sino el curso internacional del café: si baja (el precio), se sembrará más marihuana”, dijo, mientras algunas mujeres deshojaban rápidamente las plantas con una tijera.
Para la presidenta de la reserva campesina de Corinto, Orfa Rojas, una erradicación brusca de los cultivos de coca generaría “una descomposición social”.
“El objetivo del gobierno es desplazarnos para que vengan las transnacionales”, señaló.
En la zona, hay muchos rumores sobre la posibilidad de una erradicación total de los cultivos, pero muchos campesinos apuestan a que las FARC los va a proteger.
“ILUSORIOS"
“Nos vamos a defender y los guerrilleros con nosotros. Están en todas partes en la montaña”, jura un joven agricultor de la localidad vecina de San Julián.
“Si quieren culturas de sustitución, entonces que el gobierne nos dé para vivir”, dijo su hermana, que el año pasado perdió a su hija por una bala que se le escapó a un soldado.
Mientras escuchan los mensajes del ejército en una radio local para pedir a la población que denuncie la presencia de guerrilleros, niegan con la cabeza. En los caminos de Cauca, pululan los rayados y pegatinas que ensalzan al Sexto Frente de las FARC.
Las FARC, nacidas como un movimiento campesino, son la guerrilla más antigua de América Latina, cuentan con cerca de 8.000 combatientes y la colaboración de cerca de 20.000 civiles que según las autoridades constituyen una “Red de Apoyo al Terrorismo”.
El jefe de la unidad de las FARC que opera en la región, un guerrillero que organiza de forma regular bloqueos en las rutas, afirma que va a seguir protegiendo a los campesinos, en sintonía con la propuesta de una legalización de la coca o de la implantación de cultivos sustitutivos, como defienden los rebeldes en La Habana.
“La moral está en lo mas alto, y cada vez más nos golpean los militares, cada vez más fuerte es nuestra determinación”, dijo el guerrillero vestido de civil, con una camisa que disimula un revolver que sobresale del bolsillo de su pantalón.
Entrampados entre el ejército y la insurgencia, los indígenas intentan hacer oír su postura, mientras el país, donde en medio siglo de conflicto han muerto centenares de miles de personas, busca una fórmula para la paz.
Marcos Yule Yatacue, gobernador de la importante reserva indígena de Toribio, quien aboga por proyectos de desarrollo sostenible, dice a los campesinos que los cultivos ilícitos son “ilusorios”.
Tanto el ejército como la guerrilla “cobran su vacuno” (peaje) a la coca, afirma, por lo que los cultivos ilícitos siguen prosperando, a vista de todo el mundo, en las colinas sembradas de invernaderos cuyas luces alumbran la noche.
“Las FARC dijeron a los campesinos: siembren mas coca, que vamos a negociar en Cuba. Todo eso va terminar muy mal”, augura el “sabio de la tribu”.
AFP
“Hasta que se apunte el problema de la pobreza, seguiremos sembrado coca y marihuana”, dijo a la AFP un campesino joven que tiene dos hectáreas en las alturas de la localidad de Corinto.
Para él, las cifras hablan solas: un kilo de coca le aporta 3.200 pesos colombianos (menos de dos dólares), cuatro veces más que un kilo de maíz.
De todas formas, estos precios están lejos de los que alcanza la cocaína, una sustancia sintetizada a partir de esta planta, de la cual Colombia es uno de los mayores productores del mundo, con 309 toneladas de droga a partir de 48.000 hectáreas de cultivos, según cifras de la ONU.
“El diálogo de paz me da miedo. ¿Qué va a pasar si vienen a arrancar todo?¿Cómo vamos a vivir?”, expresa mientras mira desfilar a un encorvado “ejército” de jornaleros cargando pesadamente sacos llenos de hojas de coca.
A algunos kilómetros de la localidad, un campesino de 72 años cultiva café y marihuana.
“Lo que importa no es lo que saldrá de esas supuestas negociaciones, sino el curso internacional del café: si baja (el precio), se sembrará más marihuana”, dijo, mientras algunas mujeres deshojaban rápidamente las plantas con una tijera.
Para la presidenta de la reserva campesina de Corinto, Orfa Rojas, una erradicación brusca de los cultivos de coca generaría “una descomposición social”.
“El objetivo del gobierno es desplazarnos para que vengan las transnacionales”, señaló.
En la zona, hay muchos rumores sobre la posibilidad de una erradicación total de los cultivos, pero muchos campesinos apuestan a que las FARC los va a proteger.
“ILUSORIOS"
“Nos vamos a defender y los guerrilleros con nosotros. Están en todas partes en la montaña”, jura un joven agricultor de la localidad vecina de San Julián.
“Si quieren culturas de sustitución, entonces que el gobierne nos dé para vivir”, dijo su hermana, que el año pasado perdió a su hija por una bala que se le escapó a un soldado.
Mientras escuchan los mensajes del ejército en una radio local para pedir a la población que denuncie la presencia de guerrilleros, niegan con la cabeza. En los caminos de Cauca, pululan los rayados y pegatinas que ensalzan al Sexto Frente de las FARC.
Las FARC, nacidas como un movimiento campesino, son la guerrilla más antigua de América Latina, cuentan con cerca de 8.000 combatientes y la colaboración de cerca de 20.000 civiles que según las autoridades constituyen una “Red de Apoyo al Terrorismo”.
El jefe de la unidad de las FARC que opera en la región, un guerrillero que organiza de forma regular bloqueos en las rutas, afirma que va a seguir protegiendo a los campesinos, en sintonía con la propuesta de una legalización de la coca o de la implantación de cultivos sustitutivos, como defienden los rebeldes en La Habana.
“La moral está en lo mas alto, y cada vez más nos golpean los militares, cada vez más fuerte es nuestra determinación”, dijo el guerrillero vestido de civil, con una camisa que disimula un revolver que sobresale del bolsillo de su pantalón.
Entrampados entre el ejército y la insurgencia, los indígenas intentan hacer oír su postura, mientras el país, donde en medio siglo de conflicto han muerto centenares de miles de personas, busca una fórmula para la paz.
Marcos Yule Yatacue, gobernador de la importante reserva indígena de Toribio, quien aboga por proyectos de desarrollo sostenible, dice a los campesinos que los cultivos ilícitos son “ilusorios”.
Tanto el ejército como la guerrilla “cobran su vacuno” (peaje) a la coca, afirma, por lo que los cultivos ilícitos siguen prosperando, a vista de todo el mundo, en las colinas sembradas de invernaderos cuyas luces alumbran la noche.
“Las FARC dijeron a los campesinos: siembren mas coca, que vamos a negociar en Cuba. Todo eso va terminar muy mal”, augura el “sabio de la tribu”.
AFP
