ESTAMBUL (AFP) — Turquía bloqueó este lunes el acceso a sitios como Twitter y YouTube para impedir la difusión de fotos de un fiscal secuestrado la semana pasada por militantes de extrema izquierda, y cuyo intento de liberación finalizó con su muerte.
Dos meses antes de las elecciones legislativas, el acceso a Twitter y YouTube quedó bloqueado este lunes por la tarde en todo el país por una "medida administrativa", según un mensaje de la Autoridad Administrativa de Telecomunicaciones (TIB) publicado en varias páginas consultadas por AFP.
La decisión llegó después que el fiscal de Estambul solicitara el bloqueo de 166 páginas web que habían difundido la foto del magistrado, pues estimó que tanto ésta como otras imágenes suponían "propaganda terrorista" e "incitación al odio" y que constituían una "alteración del orden público".
El funcionamiento normal de Facebook fue rápidamente restablecido tras la decisión de la red de suprimir las imágenes en cuestión, precisó el diario Hurriyet.
El pasado 31 de marzo, el fiscal Mehmet Selim Kiraz fue retenido durante más de seis horas por dos militantes armados de un grupo de extrema izquierda turco, que publicó su foto en las redes con una pistola en la sien.
El magistrado y sus dos captores fueron abatidos tras una intervención de la policía.
Según los resultados de la autopsia publicados por el despacho del fiscal de Estambul, Kiraz fue abatido por balas disparadas por los militantes del Partido/Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C), un grupo que ha reivindicado desde los años 1980 numerosos atentados en Turquía.
Al día siguiente, la justicia turca abrió una investigación contra cuatro periódicos turcos acusados de haber difundido la foto del magistrado.
El primer ministro, Ahmet Dautoglu, criticó los titulares. "La libertad de prensa es tan importante como el duelo y el respeto", dijo tras el funeral del magistrado.
‘Inaceptables’
Este nuevo bloqueo ha provocado críticas contra el Gobierno turco.
"Una respuesta desproporcionada más que restringe la libertad de prensa y la libertad de expresión", lamentó la diputada europea holandesa Marietje Shaake.
Gran adepto de las redes sociales, el antiguo jefe del Estado Abdulá Gul, a pesar de ser miembro del partido en el poder, tuiteó: "Espero que esto no dure demasiado tiempo".
Con todo, el portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan justificó la prohibición. La publicación de esas fotografías es "inaceptable", consideró ante la prensa Ibrahim Kalin, "no existe tal libertad en ninguna otra parte del mundo", añadió.
En marzo de 2014, en la víspera de las elecciones municipales, Erdogan ordenó el bloqueo momentáneo de Twitter y Facebook, a quienes culpó de difundir acusaciones de corrupción contra él y contra miembros de su familia y algunos ministros e hizo votar una ley para reforzar el control administrativo de Internet.
Meses después, el Tribunal Constitucional levantó estas medidas e invalidó varias disposiciones del texto, calificado de "liberticidio" por la oposición y por las ONG de defensa de las libertades.
Pero el mes pasado el parlamento turco votó de nuevo una de las disposiciones más polémicas del proyecto, la que autoriza al Gobierno a bloquear un sitio de Internet sin el permiso de la justicia.
Dos meses antes de las elecciones legislativas, el acceso a Twitter y YouTube quedó bloqueado este lunes por la tarde en todo el país por una "medida administrativa", según un mensaje de la Autoridad Administrativa de Telecomunicaciones (TIB) publicado en varias páginas consultadas por AFP.
La decisión llegó después que el fiscal de Estambul solicitara el bloqueo de 166 páginas web que habían difundido la foto del magistrado, pues estimó que tanto ésta como otras imágenes suponían "propaganda terrorista" e "incitación al odio" y que constituían una "alteración del orden público".
El funcionamiento normal de Facebook fue rápidamente restablecido tras la decisión de la red de suprimir las imágenes en cuestión, precisó el diario Hurriyet.
El pasado 31 de marzo, el fiscal Mehmet Selim Kiraz fue retenido durante más de seis horas por dos militantes armados de un grupo de extrema izquierda turco, que publicó su foto en las redes con una pistola en la sien.
El magistrado y sus dos captores fueron abatidos tras una intervención de la policía.
Según los resultados de la autopsia publicados por el despacho del fiscal de Estambul, Kiraz fue abatido por balas disparadas por los militantes del Partido/Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C), un grupo que ha reivindicado desde los años 1980 numerosos atentados en Turquía.
Al día siguiente, la justicia turca abrió una investigación contra cuatro periódicos turcos acusados de haber difundido la foto del magistrado.
El primer ministro, Ahmet Dautoglu, criticó los titulares. "La libertad de prensa es tan importante como el duelo y el respeto", dijo tras el funeral del magistrado.
‘Inaceptables’
Este nuevo bloqueo ha provocado críticas contra el Gobierno turco.
"Una respuesta desproporcionada más que restringe la libertad de prensa y la libertad de expresión", lamentó la diputada europea holandesa Marietje Shaake.
Gran adepto de las redes sociales, el antiguo jefe del Estado Abdulá Gul, a pesar de ser miembro del partido en el poder, tuiteó: "Espero que esto no dure demasiado tiempo".
Con todo, el portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan justificó la prohibición. La publicación de esas fotografías es "inaceptable", consideró ante la prensa Ibrahim Kalin, "no existe tal libertad en ninguna otra parte del mundo", añadió.
En marzo de 2014, en la víspera de las elecciones municipales, Erdogan ordenó el bloqueo momentáneo de Twitter y Facebook, a quienes culpó de difundir acusaciones de corrupción contra él y contra miembros de su familia y algunos ministros e hizo votar una ley para reforzar el control administrativo de Internet.
Meses después, el Tribunal Constitucional levantó estas medidas e invalidó varias disposiciones del texto, calificado de "liberticidio" por la oposición y por las ONG de defensa de las libertades.
Pero el mes pasado el parlamento turco votó de nuevo una de las disposiciones más polémicas del proyecto, la que autoriza al Gobierno a bloquear un sitio de Internet sin el permiso de la justicia.
