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EE UU arremete contra Rusia y expulsa a 35 diplomáticos

Washington, Estados Unidos. AFP El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció este jueves sanciones contra dos agencias de inteligencia rusas y la expulsión de 35 agentes, en una masiva arremetida contra Moscú, acusado de interferir en la pasada elección que ganó Donald Trump.


“He ordenado un número de acciones en respuesta al agresivo acoso del gobierno ruso sobre funcionarios estadounidenses y operaciones cibernéticas contra la elección estadounidense”, señaló Obama según un comunicado de la Casa Blanca.

“Estas acciones siguen a repetidas advertencias privadas y públicas que hemos dado al gobierno ruso y son una respuesta necesaria y apropiada a los esfuerzos para perjudicar los intereses estadounidenses en violación de las normas internacionales”, subrayó el mandatario.

El gobierno ruso rechazó “categóricamente” las acusaciones de Estados Unidos, tachándolas de “infundadas”.

“Categóricamente rechazamos las infundadas afirmaciones y acusaciones hechas sobre Rusia”, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, según la agencia de noticias Ria-Novosti.

Las medidas solo aseguran elevar las tensiones entre Washington y Moscú, a pocas semanas de que Trump tome las riendas del gobierno de manos de Obama.

Las agencias estadounidenses de inteligencia concluyeron hace semanas que el pirateo y difusión de correos electrónicos del partido Demócrata y del equipo de su candidata presidencial, Hillary Clinton, estuvo diseñado para impulsar a la Casa Blanca a Trump, un neófito de la política quien ha elogiado al líder ruso Vladimir Putin.

Obama, que ha desafiado la idea de que funcionarios rusos hayan intentado trampear el proceso electoral estadounidense “sin que Putin lo sepa”, reiteró este jueves que el “robo y difusión de información solo pudo haber sido dirigida por los más altos niveles del gobierno ruso”.

Entre las acciones ordenadas por Obama se encuentran sanciones contra los servicios secretos militares rusos (GRU) y el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la ex KGB soviética, la expulsión de 35 agentes de inteligencia declarados “persona non grata” y el cierre de dos instalaciones rusas en los estados de Nueva York y Maryland, que Estados Unidos afirma son usados para “propósitos de inteligencia”.

Acciones futuras, algunas secretas

Estados Unidos acusa a los servicios secretos militares rusos (GRU) de infiltrar y obtener información con el objetivo de influir en el resultado de las elecciones presidenciales, y afirma que el FSB lo asistió.

Las dos agencias enfrentan sanciones, así como cuatro funcionarios del GRU, incluyendo el director de la agencia, Igor Valentinovich Korobov, y tres compañías que asistían en el ciberespionaje.

Una orden separada del Departamento del Tesoro sancionó a dos individuos, Evgeniy Mikhailovich Bogachev y Aleksey Alekseyevich Belan, por infiltrar bancos, universidades, corporaciones y otras organizaciones.

Las sanciones congelan los bienes que esas personas puedan tener en Estados Unidos y bloquea a compañías estadounidenses de hacer negocios con ellos.

Un total de 35 agentes de inteligencia acreditados a la embajada rusa en Washington y el consulado en San Francisco fueron declarados “persona non grata” y ordenados a abandonar el país en las próximas 72 horas.

El gobierno estadounidense también desclasificó información técnica sobre las actividades informáticas rusas para ayudar a las compañías a defenderse de futuros ataques.

Pero a menos de cuatro semanas de abandonar la Casa Blanca, Obama anunció que su gobierno seguirá tomando otras medidas, algunas de las cuales mantendrá en secreto.

“Estas acciones no son la suma total de nuestra respuesta a las agresivas actividades de Rusia. Seguiremos tomando una variedad de acciones, en el momento y lugar que escojamos, algunas de las cuales no será publicitadas”, afirmó.

Y llamó a los amigos y aliados de Estados Unidos en el mundo a “trabajar juntos para oponernos a los esfuerzos de Rusia para socavar las normas internacionales establecidas, e interferir con el proceso democrático”.

“Seguir con nuestras vidas”

Las relaciones entre Washington y Moscú están en uno de sus peores momentos desde el fin de la Guerra Fría, pero Donald Trump, quien ha prometido un acercamiento con Rusia, ha desestimado las acusaciones de interferencia electoral.

“Pienso que debemos seguir con nuestras vidas”, dijo el presidente electo el miércoles al responder una pregunta al respecto en su residencia de Florida.

Pero legisladores de los partidos Demócrata y Republicano han pedido una investigación en el Congreso sobre las acciones rusas.

“Hay 100 senadores (…) Yo diría que 99% de nosotros cree que los rusos hicieron esto, y vamos a hacer algo al respecto”, dijo el senador republicano Lindsey Graham, un exrival de Trump.

Obama dijo que el Congreso recibirá un informe en los próximos días sobre la interferencia de Moscú.

Colombia: Congreso de aprueba “histórica” ley de amnistía

Bogotá, Colombia. AFP. El Congreso de Colombia aprobó una ley de amnistía que el gobierno calificó de “histórica” y como el primer paso para la consolidación del acuerdo de paz alcanzado a finales de noviembre con la guerrilla FARC.


“Gracias al Congreso que con votación histórica aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz”, escribió el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta en Twitter.

La normativa, que otorga tratamiento jurídico especial, amnistía e indulto a miembros de las FARC señalados de delitos políticos y conexos, fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 0 en contra y más temprano en la Cámara de Representantes con 121 a favor y 0 en contra.

El derechista Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a lo sellado, participó en los debates pero abandonó ambos recintos antes de la votación.

“Saludamos aprobación de la Ley de Amnistía, este es un paso más, en el largo camino que tenemos que transitar los Colombianos hacia La Paz”, tuiteó el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño (“Timochenko”).

La norma hace parte del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre por el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la principal guerrilla del país, para superar un conflicto armado de más de medio siglo.

La ley excluye de sus beneficios a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Según el acuerdo de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.

Ahora “5.700 guerrilleros comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas”, dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, citado en un comunicado de su despacho.

El trámite en ambas cámaras se realizó en sesiones extraordinarias a través de un mecanismo de vía rápida (“fast track”) que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz.

“Impulso definitivo” para la paz 

“Con esta decisión (los congresistas) han dado el impulso definitivo para el desarme y la desmovilización de la guerrilla de las FARC”, aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la plenaria de la cámara baja.

Las FARC frenaron hace semanas la movilización de sus tropas a las 26 zonas donde deben concentrarse para entregar progresivamente las armas alegando vacíos en la situación jurídica de sus integrantes.

De hecho, este miércoles las partes aplazaron el arribo de los rebeldes a los sitios seleccionados porque la infraestructura aún no está lista. De acuerdo con el cronograma, los insurgentes debían pasar el fin de año en dichos lugares.

También sostuvieron que “a más tardar” el 30 de enero se establecerá el número de guerrilleros que no son “amnistiables, ni indultables” y a qué zonas serán trasladados.

Anteriormente otros gobiernos habían implementado la figura de la amnistía con grupos guerrilleros como los desmovilizados Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Las mismas FARC, bajo otras condiciones, también la habían recibido.

“Solución” para agentes estatales 

La ley también permitirá adoptar tratamientos penales especiales para civiles y agentes estatales que hayan sido “condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

“Es también el instrumento que le da solución a la situación jurídica de los agentes del Estado”, indicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en la plenaria del Senado.

El funcionario aseguró que esta normativa les dará una solución jurídica a unos 5.000 miembros de la fuerza pública.

Además, agregó, se espera que entre los próximos 60 y 90 días salgan en libertad provisional 1.200 de ellos por pena cumplida debido a que la justicia transicional creada en el acuerdo así lo prevé para los responsables de delitos graves que hayan cumplido cinco años de prisión.

También incluye la renuncia penal para los integrantes de la fuerza pública investigados por delitos menores.

La ley de amnistía pasará a revisión de la Corte Constitucional y, de recibir su aval, será sancionada por Santos.

Venezuela, segundo país más violento del mundo

Caracas, Venezuela | AFP | Venezuela cerrará 2016 como el segundo país más inseguro del planeta tras El Salvador, al registrar una tasa de muertes violentas diez veces mayor al promedio mundial, según un informe presentado este miércoles por una ONG.


El país petrolero culminará el año con 28.479 muertes violentas, con una tasa de 91,8 por cada 100.000 habitantes, señaló el estudio anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). El promedio mundial es de 8,9 por cada 100.000.

“2016 ha sido particularmente violento”, alertó en rueda de prensa Roberto Briceño León, director del OVV, sosteniendo que solamente El Salvador tiene mayores niveles de asesinatos, con 103 por cada 100.000 habitantes.

Del total de muertes, 18.230 califican como homicidios, mientras que 5.281 se produjeron en enfrentamientos entre grupos delictivos y cuerpos de seguridad y 4.968 están en proceso de investigación.


Muertes violentas

De acuerdo con estimaciones de la ONG, el número de muertes violentas en Venezuela continúa incrementándose. Contabilizó 27.875 en 2015 (90 por cada 100.000 habitantes) y 24.980 en 2014 (82 por cada 100.000 habitantes).

Aún no han sido difundidas cifras oficiales de 2016, pero la Fiscalía reportó 17.778 homicidios en 2015 (58,1 por cada 100.000 habitantes).

El OVV, que también reporta un incremento en el linchamiento de presuntos delincuentes por parte de pobladores, indica que sufren los peores índices criminales tres estados centrales: Aragua (142 muertes violentas por cada 100.000 habitantes), Miranda (140) y Distrito Capital (138).

Caracas -adscrita a Miranda y Distrito Capital- es la urbe más violenta del mundo según el OVV, con 15 veces más homicidios que Ciudad de México.

“Acción de guerra”

La ONG alerta sobre la impunidad como una de las causas. “Por cada 100 homicidios en el país solo hay entre ocho y nueve detenciones”, sostiene Briceño León.

La ONG es crítica de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), operaciones especiales contra la criminalidad lanzadas por la Fuerza Armada y la policía en 2015. Briceño León las definió como “una acción de guerra” contra la ciudadanía, al denunciar violaciones a los derechos humanos.

En noviembre, la controversia se reactivó con el hallazgo de los cadáveres de 13 campesinos que habían sido detenidos durante una OLP en la localidad de Barlovento (Miranda). Fueron detenidos 18 militares.

Siria: Alepo prepara una gigantesca reconstrucción

Alepo, Siria | AFP. Um Fayez lleva dos años sin poder utilizar su lavadora por falta de electricidad. Como todos los habitantes de Alepo, espera con impaciencia las obras de reconstrucción de la que era una de las ciudades más bellas de Siria antes de la guerra.


“Lavamos a mano, pero el agua es muy fría. Ya no aguanto más”, lamenta la quincuagenaria, sentada en la oscuridad frente a una pila de ropa sucia, en su casa del barrio central de Furqan.

Tras cuatro años de combates y la evacuación de decenas de miles de rebeldes y civiles, el régimen anunció el 22 de diciembre la reconquista total de la segunda ciudad del país, tras adueñarse de los últimos barrios insurrectos del este.

En la excapital económica del país, más del 50% de los edificios y de las infraestructuras quedaron parcial o totalmente destruidas, según “una evaluación preliminar optimista” del Ayuntamiento.

El conflicto provocó la deslocalización forzosa de la industria, arruinó el célebre casco antiguo, y privó a los habitantes de servicios básicos como la electricidad y el agua.

‘Ocho millones de dólares’ 

“Hemos vendido el aspirador. ¿De qué nos sirve si no tenemos electricidad?”, dice Um Fayez, que es madre de dos niños. Su marido acaba de volver de su pastelería, caminando en la oscuridad con la ayuda de una linterna.

Los combates acabaron hace dos años con la principal central eléctrica de la zona, la de Sfire, al sureste de Alepo. En cada barrio se oye el zumbido de los generadores, enchufados a las casas mediante una maraña de cables.

Pero cada día, se apagan a medianoche para ahorrar combustible.

Se van a construir nuevas líneas de alta tensión para traer electricidad desde la vecina provincia de Hama, asegura un responsable del ministerio de Electricidad a la AFP.

Las obras, que durarán entre seis meses y un año y medio, costarán más de 4.000 millones de libras sirias -unos ocho millones de dólares-, indica ese responsable.

Los habitantes tampoco tienen agua corriente, ya que la principal estación de bombeo de Suleiman al Halabi sólo funciona a un tercio de su capacidad debido a los combates.

“Suministramos agua a menos del 20% de los barrios de Alepo. Antes de la crisis, alcanzábamos el 70%”, lamenta Issa Korjé, mecánico jefe de la estación.

En un país muy fragmentado por culpa de la guerra y de sus múltiples protagonistas, Alepo afronta un problema adicional: el agua le llega principalmente desde la presa del Éufrates, situada en la vecina provincia de Raqa y controlada por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

“El grupo corta a menudo nuestro suministro”, dice el director del organismo encargado de la distribución de agua potable, Fajer Hamdo.

‘Devolverle la vida a Alepo’ 

Pero la prioridad del Ayuntamiento es hacer desaparecer antes de finales de año la línea de demarcación que separaba el sector oeste, en manos de las fuerzas gubernamentales, de los barrios orientales, que controlaban los rebeldes.

Excavadoras amarillas llevan días desescombrando las calles para evitar que los habitantes tengan que seguir escalando barricadas y saltando por encima de los cráteres que dejaron los obuses.

“El Ayuntamiento ha intervenido enseguida para despejar las vías principales”, indica el administrador de la ciudad, Nadeem Rahmun. “Le vamos a devolver la vida a Alepo y permitir la vuelta del comercio y de la vida social”.

En el casco antiguo, famoso por albergar el mayor zoco cubierto del mundo y una imponente ciudadela, se está llevando a cabo una meticulosa labor de desescombro con vistas a comenzar su restauración, explica Rahmun.

Y en el barrio central de Akiul, algunos habitantes no esconden su alegría al ver cómo las excavadoras destruyen las barricadas.

“Hace unos días, vine a comprobar el estado de la casa de mi hermano”, cuenta Abdel Jawad Nashed, de 32 años. “Tardé hora y media, tuve que escalar montículos de tierra”.

Hoy ha hecho el mismo trayecto en 10 minutos, explica. “Es más fácil sin barricadas”.

Un entusiasmo compartido por Zakaria, de 42 años, propietario de una tienda de muebles: “Gracias a Dios las calles ya no están cortadas entre los barrios del este y el oeste. Alepo vuelve a estar unida”.

Panamá prohibirá que Odebrecht participe en futuras obras

La acción panameña se desprende luego de que el Departamento de Justicia estadounidense informara los casos de corrupción.

Odebrecht

PANAMÁ (EFE) - El Gobierno panameño informó el martes que buscará prohibir las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en futuras obras públicas, tras informarse que pagó multimillonarios sobornos para adjudicarse contratos en la nación centroamericana y otros países de Latinoamérica.

En un comunicado leído a los medios por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela dijo que adoptará "las acciones necesarias" para evitar que a esa empresa "se le adjudiquen y refrenden" contratos ganados en licitaciones.

Señaló que se mantendrá esa medida hasta que la empresa dé muestras de colaboración efectiva en las investigaciones que se realizan en Panamá por corrupción y se comprometa a resarcir económicamente al país por los daños causados.

La acción panameña se desprende luego de que el Departamento de Justicia estadounidense informara la semana pasada que Odebrecht y su filial Braskem acordaron pagar una multa de más de 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de soborno.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia, la constructora brasileña pagó sobornos multimillonarios en diez países de América Latina y dos de África a cambio de obtener contratos suculentos con entidades públicas. En el caso de Panamá, la investigación señala que la compañía pagó presuntos sobornos a funcionarios públicos por 59 millones de dólares en el periodo de 2010-2014 en que gobernaba el derechista Ricardo Martinelli.

Odebrecht se convirtió en el mayor contratista del Estado panameño en la última década, con obras adjudicadas por más de 9.000 millones de dólares, entre ellas la primera línea del Metro de Panamá.

Pese a las denuncias de corrupción que enfrentaba en Brasil, Odebrecht formó parte del consorcio que se adjudicó la construcción de la segunda línea del Metro de Panamá y de otros proyectos de infraestructura pública por más de 2.500 millones de dólares en los primeros tramos del actual gobierno de Varela, que comenzó en julio 2014.

El gobierno dijo en el comunicado que también buscará la manera para que la empresa brasileña desista de su participación en el proceso de licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la tercera línea del Metro.

The Associated Press buscó una reacción de la oficina de la empresa brasileña en Panamá pero nadie contestó los teléfonos la noche del martes.

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