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Brasil: Temer ordena inédita intervención del ejército contra la inseguridad en Rio

Río de Janeiro, Brasil | AFP.- El presidente Michel Temer ordenó este viernes que las fuerzas armadas dirijan la lucha contra el crimen organizado en el violento estado de Rio de Janeiro, para evitar que esa “metástasis” se siga propagando por todo Brasil.

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Foto: pagina siete
La intervención federal en el área de seguridad de Rio es una medida inédita desde la restauración de la democracia en 1985 pero que, según Temer, se justifica por el descontrol imperante en el segundo estado más rico de la mayor economía latinoamericana.

“El crimen organizado casi tomó el control” de Rio y se ha convertido en “una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, advirtió el mandatario tras firmar en Brasilia el decreto.

La medida, que regirá hasta fines de diciembre, cuando concluya su presidencia, supone que las fuerzas armadas asuman el control total de las operaciones de seguridad y comanden a los distintos cuerpos policiales y el sistema carcelario.

Tiene efecto inmediato, aunque en un plazo de diez días el Congreso deberá ratificarla.

El interventor al mando de todas las tropas será el general Walter Souza Braga Neto, actual comandante de la región militar del Este, que se había ilustrado como coordinador de operaciones durante los Juegos Olímpicos de 2016.

La grave situación de violencia en Brasil se vio agravada en Rio por la virtual bancarrota del estado, que paga con meses de atraso los salarios de sus funcionarios, policías incluidos.

Solo en 2017 hubo más de 18 homicidios intencionales por día en ese estado, según el oficial Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Los tiroteos entre traficantes y agentes se volvieron constantes en las empobrecidas favelas cariocas, con muertos por balas perdidas aumentando cotidianamente.

“No podemos aceptar pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable estar enterrando padres y madres de familia, trabajadores, policías, jóvenes y niños y viendo barrios enteros sitiados, escuelas bajo la mira de fusiles y avenidas transformadas en trincheras”, proclamó Temer.

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Foto: El país
Carnaval violento

El desencadenante de la intervención de Rio fueron los desbordes del reciente carnaval, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones.

El propio gobernador de Rio, Luiz Fernando Pezao, admitió que las cosas se le habían ido de las manos. “No estábamos preparados”, declaró.

El gobierno federal envió en julio pasado 8.500 militares al estado de Rio para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora para contener la guerra entre bandas, el robo de camiones de carga o los “arrastrones” cometidos por decenas de jóvenes contra grupos de personas en las playas o en cualquier punto de la ciudad.

Las fuerzas armadas fueron llamadas desde el fin del régimen militar (1964-85) a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, pero nunca por un periodo tan prolongado.

Esas misiones fueron en muchos casos criticadas por expertos militares, que alegaban que el ejército estaba preparado para hacer la guerra contra un enemigo, pero no para restaurar el orden en áreas urbanas.

Para Arthur Trindade, profesor de la Universidad de Brasilia y exsecretario de seguridad del Distrito Federal, la intervención puede ser una buena oportunidad para “sanear” la corrupción enquistada en los cuerpos policiales de Rio.

“Con estas medidas, es posible que las facciones de narcotraficantes tengan un perfil más bajo unos meses”, dijo a la AFP Trindade.

La medida podría también liberar recursos federales para el estado.

Cálculos políticos


La intervención no está exenta, sin embargo, de cálculos políticos en momentos en que Temer, que bate récords de impopularidad, tiene dificultades en hacer avanzar su principal proyecto -la reforma de las jubilaciones- y se encuentra en la mira de posibles nuevas investigaciones por corrupción.

La Constitución de 1988 determina que ninguna enmienda constitucional, como sería el caso de esa reforma esperada por el mercado, puede aprobarse durante la vigencia de una intervención federal.

“Temer está haciendo muchas cosas para desviar la atención”, dijo David Fleischer, profesor emérito de ciencias políticas de la universidad de Brasilia.

El jefe de Estado, que asumió el cargo tras el impeachment de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff en 2016, se jactó este viernes de haber sacado al país de la peor recesión de su historia y ahora se propone “restablecer el orden” en Brasil.

Cuando faltan poco más de seis meses para las elecciones presidenciales de octubre, y entre rumores de que Temer evalúa la posibilidad de presentarse como candidato ante la ausencia de figuras de centroderecha que despunten con fuerza.

Por la noche, el mandatario tiene previsto volver a dirigirse a la nación por cadena de radio y televisión y el lunes estará en Rio.

Chile: Ataques en zona mapuche dejan 26 camiones quemados

Santiago, Chile | AFP. Veintiséis camiones fueron incendiados durante la madrugada de este viernes en tres ataques en las regiones de La Araucanía y el Bío Bío, en zonas de conflicto con comunidades mapuches en el sur de Chile, sin dejar lesionados, informaron las autoridades.
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Foto: latercera
“Se trata de hechos delictuales graves, tanto por la destrucción material que han producido, como el grado de organización y el empleo de armas con que se han perpetrado”, dijo en un declaración el ministro del Interior, Mario Fernández.

El mayor ataque se registró en el Bío Bío, donde 14 camiones resultaron totalmente calcinados tras el ataque de un grupo de encapuchados que realizó varios disparos de escopetas al aire antes de prender fuego a los vehículos, según testigos.

Medios locales reportaron otro ataque en la vecina región de La Araucanía, unos 800 km al sur de Santiago, en el que tres camiones fueron quemados. Mientras que un tercer atentado ocurrió también en la región del Bío Bío.

En total, de acuerdo al Ministerio del Interior, los ataques dejaron 26 camiones, una camioneta y tres máquinas de trabajo forestal destruidas.

El gobernador de la zona, Humberto Toro, aseguró tener “información que nos permite elucubrar que en los ataques se actuó de manera coordinada y con algún tipo de conexión”, según dijo en entrevista con radio ADN. El ministro Fernandez, en tanto, anunció que el gobierno interpondrá querellas “por el delito de incendio terrorista en los tres hechos mencionados”.

En ambas regiones son frecuentes los ataques incendiarios a camiones y maquinaria forestal. La policía sindica a grupos radicales mapuches, aunque la justicia no ha logrado acreditar el vínculo.

Recientemente, la justicia sobreseyó a ocho indígenas mapuche, entre ellos el vocero del grupo radical Cordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, acusados del ataque incendiario de varias iglesias y maquinaria forestal, tras una instrucción salpicada de irregularidades.

La investigación judicial determinó que el grupo fue acusado en base a una serie de mensajes telefónicos que habrían sido implantados con posterioridad en sus teléfonos móviles por agentes de la policía que buscaban inculparlos.

En una rueda de prensa este jueves en Santiago, Llaitul aseguró que esta operación de supuesto montaje demuestra que la policía chilena “ha sobrepasado su actuar” en la zona de conflicto mapuche, donde ha predominado una mirada “racista” hacia las comunidades indígenas, que reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de compañías forestales.

Reducidos a unas 700.000 personas, de los 17 millones de habitantes de Chile, la pobreza en pueblos originarios cayó a un 18,3% desde un 23,4%, según datos oficiales de 2015, aunque sigue siendo más alta que entre el resto de la población (11%).

En Turquía, tres periodistas son sentenciados a cadena perpetua

Los acusados fueron declarados culpables de 'intento de derrocamiento del orden institucional', en referencia a la intentona golpista en julio de 2016Resultado de imagen para Tres periodistas en Turquía son sentenciados a cadena perpetua

Un tribunal turco sentenció este viernes a cadena perpetua a tres reconocidos periodistas acusados de tener vínculos con el intento de golpe de Estado en 2016, informó la agencia de prensa estatal Anadolu.

Según AFP, los hermanos Ahmet y Mehmet Altan, así como la periodista Nazli Ilicak, que negaron durante todo el proceso cualquier implicación en ese episodio, fueron condenados con otras tres personas a prisión perpetua en el marco de un juicio ampliamente criticado por los activistas de la libertad de prensa, indicó Anadolu.

Los seis acusados fueron declarados culpables de "intento de derrocamiento del orden institucional", en referencia a la intentona golpista que sacudió a Turquía la noche del 15 al 16 de julio de 2016, precisó la misma agencia.

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Altan y Ilicak fueron acusados de enviar "mensajes subliminales" en vísperas del fallido golpe de Estado, cargo que rechazaron y lo calificaron de "absurdo".

El mes pasado, un tribunal turco rechazó la liberación de Mehmet Altan, pese a un fallo de la Corte Constitucional que consideró su encarcelamiento como una "violación" de sus derechos.

Mehmet Altan, de 65 años, es autor de varias obras políticas. Fue detenido en septiembre de 2016 con su hermano Ahmet, un novelista y periodista de 67 años, conocido por haber fundado el diario opositor Taraf.

Ilicak, periodista y escritora de 73 años, trabajó hasta 2013 para el gran diario oficialista Sabah y fue detenida a fines de julio de 2016.

Turquía ocupa el puesto 155 de un total de 180 países en la clasificación sobre la situación de la libertad de prensa que establece la organización Reporteros Sin Frontera (RSF)

Drásticas leyes antiaborto en Centroamérica

Nicaragua | AFP. Por Julia RIOS.- La liberación de la salvadoreña Teodora Vásquez tras 11 años de prisión por un aborto puso en evidencia la dramática situación que viven mujeres en Centroamérica, donde severas leyes penalizan toda forma de interrupción del embarazo incluso en casos terapéuticos.



En las últimas dos décadas, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohibieron el aborto terapéutico, lo que ha impedido a cientos de mujeres el acceso a servicios médicos seguros en casos de emergencia de obstetricia.

Así lo han advertido organismos como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e IPAS (International Projects Assistance Services), que buscan eliminar las muertes y discapacidades evitables causadas por abortos inseguros.

El tema cobró relieve esta semana con la conmutación de la pena de la salvadoreña Vásquez, tras cumplir 11 años de una sentencia de 30 por un parto intempestivo, que provocó una condena por “homicidio agravado”.

Tras su liberación este jueves, la organización Amnistía Internacional pidió “una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre aborto” y la liberación de al menos 27 mujeres encarceladas en El Salvador “en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto”.

“Realmente esta ley es injusta porque condena a las mujeres a la muerte y las repercusiones para una familia son muy serias, tanto en lo económico como por el cuido de las otras criaturas (hijos) que quedan solas”, manifestó Magaly Quintana, dirigente del capítulo Nicaragua de CDD.

Según la activista, es difícil obtener cifras de muertes de mujeres o el número de abortos “porque hay un secretismo sobre los homicidios, la mortalidad materna y todo lo que cuestione al Estado”.

Sin embargo, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, informó esta semana de la muerte de una mujer por complicaciones del embarazo, una semana después de otro caso semejante.

“Hay mujeres que han muerto, no tenemos estadísticas oficiales, pero conocemos de casos concretos donde por temor del personal de salud, las mujeres no fueron atendidas a tiempo con el tratamiento que ameritaba su complicación obstétrica”, explicó a la AFP la directora de IPAS para Nicaragua, Martha Blandón.

“Hemos conocido de diversos casos, pero cuando hemos tratado de profundizar en el estudio nos hemos encontrado que las familias, que son muy pobres, tienen miedo de enfrentar a las autoridades locales, o reciben presiones y ofertas materiales para que desistan de denunciar las muertes de las mujeres”, dijo la especialista.

Trabajo a oscuras

Dos casos de mujeres embarazadas que retratan el impacto de estas leyes son los de Amalia en Nicaragua (2009) y Beatriz en El Salvador (2011). La primera padecía cáncer y la segunda de lupus, y no recibieron tratamiento adecuado por temor del personal de salud a dañar al feto y provocar un aborto.

Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exhortaron a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador a darles atención médica. Ambas mujeres recibieron tratamiento y dieron a luz, pero sus bebés no sobrevivieron y meses después ellas también murieron como consecuencia de los tratamientos tardíos, según organizaciones feministas.

Quintana enfatizó que las entidades que ayudan a las mujeres trabajan a ciegas debido a que los gobiernos “no publican las cifras sobre mortalidad materna porque tendrían que revelar los casos de mujeres que murieron por causa del embarazo, que padecían enfermedades como lupus, cáncer, embarazos ectópicos, es decir todo lo que es mortalidad obstetricia indirecta”.

Según Quintana después del caso de Amalia, las autoridades sanitarias de Nicaragua comenzaron a resolver casos de aborto terapéutico “para no verse en un escándalo internacional”.

“El Hospital de la Mujer Bertha Calderón (de Managua) tiene la orden no escrita, pero explicita y clara, que ninguna mujer se va a morir por un aborto terapéutico (...) Pero las mujeres que no logran llegar al Bertha Calderón viven un calvario”, dijo Quintana.

Pese a la prohibición, en Nicaragua no hay mujeres encarceladas por abortos inducidos. Diferente al caso de El Salvador, donde unas 27 mujeres pobres guardan prisión tras buscar atención médica por emergencias de obstetricia. Otras 27 mujeres fallecieron por complicaciones relacionadas al aborto y embarazo ectópico entre 2011 y 2015, según datos del Ministerio de Salud de El Salvador.

Argentina registró 292 casos de femicidio en 2017

AFP.- Argentina registró 292 casos de femicidio en 2017, una cifra casi idéntica a la del año anterior, según el primer informe elaborado por el Observatorio de Femicidios, adscrito al Defensor del Pueblo de la Nación (Ombudsman).

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De estos casos, 17% eran niñas o adolescentes, 33% tenía entre 19 y 30 años de edad, 34% entre 31 y 50 años, y 15% era mayor de 50 años.

En 2016 la cifra de femicidios en Argentina, país con 42 millones de habitantes, fue de 290, de acuerdo con la asociación Casa del Encuentro que hasta ese año llevó las estadísticas.

Por otro lado, Chile presentó una cifra de 42 femicidios consumados y 112 frustrados hasta el 31 de diciembre pasado.

El femicidio está catalogado como delito en Argentina y tiene una pena máxima de cadena perpetua.