“Antes no me asustaban los drones, pero ahora cuando oigo uno me pregunto si seré la próxima”, asegura Nabeela, una niña paquistaní de ocho años. El antes y el después de la pequeña lo marcó la muerte de su abuela hace ahora un año en Waziristán del Norte, una región de Pakistán fronteriza con Afganistán. Manama Bibi, de 68 años, estaba recogiendo verdura para la cena en su huerto cuando el proyectil la pulverizó delante varios de sus nietos. El caso es uno de los que Amnistía Internacional (AI) analiza en un informe en el que cuestiona el uso de esos aparatos y las afirmaciones de Washington de que apenas causan víctimas civiles.
“Nos preocupa mucho que estos y otros ataques hayan resultado en muertes ilícitas que constituyan ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra”, afirma el análisis titulado ¿Seré yo el próximo? Ataques aéreos estadounidenses en Pakistán. Para su realización, AI ha investigado nueve de los 45 bombardeos llevados a cabo en Waziristán del Norte entre enero de 2012 y el pasado agosto, con decenas de entrevistas a supervivientes y familiares de víctimas.
Amnistía constata que desde la intervención estadounidense en Afganistán en 2001 esa región tribal se ha convertido en un refugio para los militantes talibanes y de Al Qaeda y también en base para sus ataques a ambos lados de la porosa frontera. De ahí que esté siendo la más castigada por los drones. No obstante, denuncia la falta de transparencia de EEUU, que no ha dado adecuada justificación legal para los ataques y se niega incluso a informar de las circunstancias una vez que los lleva a cabo.
El informe explica que no está claro si EEUU actúa en el marco de un conflicto armado, en cuyo caso se aplicaría la ley humanitaria internacional (también conocida como ley de guerra). De lo contrario, tendría que atenerse a la ley internacional de derechos humanos. De todas formas, recuerda que “matar a un civil que no está directamente implicado en acciones hostiles es una privación arbitraria de la vida”.
“El secretismo que rodea al programa de drones da a la Administración de EEUU licencia para matar fuera del alcance de los tribunales o de los principios básicos de la legislación internacional. Ha llegado la hora de que EEUU se explique al respecto y exija responsabilidades a los responsables de esas violaciones”, asegura Mustafa Qadri, investigador de AI para Pakistán.
La organización admite que bajo la ley humanitaria internacional no todas las muertes civiles que se producen son ilícitas. Sin embargo, los casos que ha revisado ponen en entredicho la afirmación de EEUU de que sus operaciones de drones se basan en información fiable, son muy precisas y solo matan a miembros de grupos armados. Aunque AI no avala las cifras de entre 400 y 900 civiles muertos y al menos 600 heridos que manejan las ONG, su trabajo revela que no se toman suficientes precauciones para proteger a los civiles, ni se compensa a las víctimas cuando se producen errores.
Los investigadores de AI han buscado una explicación para el misil que mató a Mamana Bibi e hirió a varios de sus nietos. Una fuente de los servicios secretos paquistaníes les mencionó que un talibán había usado un teléfono satélite en una carretera cercana a donde se encontraba la mujer. Sin embargo, tras revisar imágenes de satélite, encontraron esa posibilidad inconsistente con el terreno.
“Si la confundieron con un talibán en actitud hostil en el momento del ataque, entonces no parece que se tomaran las necesarias precauciones”, advierte el informe que habla de “fallo catastrófico”. “Fue erróneamente identificada como objetivo, el objetivo se seleccionó con información equivocada y no se canceló el ataque una vez que se hizo evidente que el objetivo era un civil; o los operadores del dronedispararon y mataron intencionadamente a Mamana Bibi”, plantea la organización antes de señalar que su familia no ha recibido disculpas o compensación por parte de EEUU, que ni siquiera ha reconocido el incidente.
En otro caso, AI admite que el blanco puede haber sido un grupo de talibanes afganos en Zowi Sidgi, una aldea situada en una ruta de tránsito de esos milicianos hacia sus refugios en Pakistán. No obstante, señala que los objetivos no se encontraban en ese momento en actitud hostil y no se hizo distinción entre civiles y combatientes. “Incluso si había miembros de un grupo armado en el lugar, eso no lo convierte en un ataque legal”, asegura el informe.
Las poblaciones locales tienen escaso control sobre la presencia de milicianos en sus aldeas. Muchos de los entrevistados han dicho a AI que no puede denunciar sus abusos a las autoridades por temor a las represalias. Grupos vinculados a Al Qaeda han matado a muchos hombres a los que acusan de facilitar información para los ataques de los drones. Por la misma razón mostraron miedo a hablar de los bombardeos con la organización, y algunos de los que lo hicieron recibieron amenazas después.
Amnistía denuncia además frecuentes “ataques a quien presta ayuda”, los casos en los que se dispara un segundo misil cuando los lugareños se acercan para asistir a las víctimas, una práctica que califica de “crimen de guerra”. También objeta a los llamados “golpes de disrupción de atentados”, que se llevan a cabo incluso si no se conoce la identidad de los individuos a los que se va a atacar, pero cuya actividad resulta sospechosa. “En un conflicto armado, los individuos tienen derecho a la presunción de que se trata de civiles”, recuerda AI tras documentar cómo los ataques están afectando a las poblaciones locales, cuyos miembros evitan reunirse por temor a convertirse en objetivo.
Desde que empezó a utilizar drones para alcanzar a sospechosos de terrorismo en 2004 y el pasado septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo entre 330 y 374 ataques de ese tipo en Pakistán, según diversos recuentos. Su argumento es que se trata de operaciones basadas en información fiable, que son extremadamente precisas y la mayoría de cuyas víctimas son miembros de grupos armados como los talibanes o Al Qaeda. Sin embargo, cada vez más voces cuestionan sus resultados y advierten de que la animosidad que están creando en las poblaciones afectadas alienta el reclutamiento por parte de los grupos con los que se quiere acabar.
“La política de asesinatos selectivos de EEUU sienta un precedente peligroso que otros países pueden explotar [además de] corroer los fundamentos del marco internacional para la protección de los derechos humanos”, concluye AI que pide a Washington más transparencia sobre los ataques, investigaciones independientes sobre los casos en los que hay sospechas de muertes ilícitas, juicios a los responsables y compensaciones para las víctimas.
Human Rights Watch ha realizado un informe similar sobre los bombardeos con drones en Yemen.
“Nos preocupa mucho que estos y otros ataques hayan resultado en muertes ilícitas que constituyan ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra”, afirma el análisis titulado ¿Seré yo el próximo? Ataques aéreos estadounidenses en Pakistán. Para su realización, AI ha investigado nueve de los 45 bombardeos llevados a cabo en Waziristán del Norte entre enero de 2012 y el pasado agosto, con decenas de entrevistas a supervivientes y familiares de víctimas.
Amnistía constata que desde la intervención estadounidense en Afganistán en 2001 esa región tribal se ha convertido en un refugio para los militantes talibanes y de Al Qaeda y también en base para sus ataques a ambos lados de la porosa frontera. De ahí que esté siendo la más castigada por los drones. No obstante, denuncia la falta de transparencia de EEUU, que no ha dado adecuada justificación legal para los ataques y se niega incluso a informar de las circunstancias una vez que los lleva a cabo.
El informe explica que no está claro si EEUU actúa en el marco de un conflicto armado, en cuyo caso se aplicaría la ley humanitaria internacional (también conocida como ley de guerra). De lo contrario, tendría que atenerse a la ley internacional de derechos humanos. De todas formas, recuerda que “matar a un civil que no está directamente implicado en acciones hostiles es una privación arbitraria de la vida”.
“El secretismo que rodea al programa de drones da a la Administración de EEUU licencia para matar fuera del alcance de los tribunales o de los principios básicos de la legislación internacional. Ha llegado la hora de que EEUU se explique al respecto y exija responsabilidades a los responsables de esas violaciones”, asegura Mustafa Qadri, investigador de AI para Pakistán.
La organización admite que bajo la ley humanitaria internacional no todas las muertes civiles que se producen son ilícitas. Sin embargo, los casos que ha revisado ponen en entredicho la afirmación de EEUU de que sus operaciones de drones se basan en información fiable, son muy precisas y solo matan a miembros de grupos armados. Aunque AI no avala las cifras de entre 400 y 900 civiles muertos y al menos 600 heridos que manejan las ONG, su trabajo revela que no se toman suficientes precauciones para proteger a los civiles, ni se compensa a las víctimas cuando se producen errores.
Los investigadores de AI han buscado una explicación para el misil que mató a Mamana Bibi e hirió a varios de sus nietos. Una fuente de los servicios secretos paquistaníes les mencionó que un talibán había usado un teléfono satélite en una carretera cercana a donde se encontraba la mujer. Sin embargo, tras revisar imágenes de satélite, encontraron esa posibilidad inconsistente con el terreno.
“Si la confundieron con un talibán en actitud hostil en el momento del ataque, entonces no parece que se tomaran las necesarias precauciones”, advierte el informe que habla de “fallo catastrófico”. “Fue erróneamente identificada como objetivo, el objetivo se seleccionó con información equivocada y no se canceló el ataque una vez que se hizo evidente que el objetivo era un civil; o los operadores del dronedispararon y mataron intencionadamente a Mamana Bibi”, plantea la organización antes de señalar que su familia no ha recibido disculpas o compensación por parte de EEUU, que ni siquiera ha reconocido el incidente.
En otro caso, AI admite que el blanco puede haber sido un grupo de talibanes afganos en Zowi Sidgi, una aldea situada en una ruta de tránsito de esos milicianos hacia sus refugios en Pakistán. No obstante, señala que los objetivos no se encontraban en ese momento en actitud hostil y no se hizo distinción entre civiles y combatientes. “Incluso si había miembros de un grupo armado en el lugar, eso no lo convierte en un ataque legal”, asegura el informe.
Las poblaciones locales tienen escaso control sobre la presencia de milicianos en sus aldeas. Muchos de los entrevistados han dicho a AI que no puede denunciar sus abusos a las autoridades por temor a las represalias. Grupos vinculados a Al Qaeda han matado a muchos hombres a los que acusan de facilitar información para los ataques de los drones. Por la misma razón mostraron miedo a hablar de los bombardeos con la organización, y algunos de los que lo hicieron recibieron amenazas después.
Amnistía denuncia además frecuentes “ataques a quien presta ayuda”, los casos en los que se dispara un segundo misil cuando los lugareños se acercan para asistir a las víctimas, una práctica que califica de “crimen de guerra”. También objeta a los llamados “golpes de disrupción de atentados”, que se llevan a cabo incluso si no se conoce la identidad de los individuos a los que se va a atacar, pero cuya actividad resulta sospechosa. “En un conflicto armado, los individuos tienen derecho a la presunción de que se trata de civiles”, recuerda AI tras documentar cómo los ataques están afectando a las poblaciones locales, cuyos miembros evitan reunirse por temor a convertirse en objetivo.
Desde que empezó a utilizar drones para alcanzar a sospechosos de terrorismo en 2004 y el pasado septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo entre 330 y 374 ataques de ese tipo en Pakistán, según diversos recuentos. Su argumento es que se trata de operaciones basadas en información fiable, que son extremadamente precisas y la mayoría de cuyas víctimas son miembros de grupos armados como los talibanes o Al Qaeda. Sin embargo, cada vez más voces cuestionan sus resultados y advierten de que la animosidad que están creando en las poblaciones afectadas alienta el reclutamiento por parte de los grupos con los que se quiere acabar.
“La política de asesinatos selectivos de EEUU sienta un precedente peligroso que otros países pueden explotar [además de] corroer los fundamentos del marco internacional para la protección de los derechos humanos”, concluye AI que pide a Washington más transparencia sobre los ataques, investigaciones independientes sobre los casos en los que hay sospechas de muertes ilícitas, juicios a los responsables y compensaciones para las víctimas.
Human Rights Watch ha realizado un informe similar sobre los bombardeos con drones en Yemen.
Fuente: El pais
