En la región hubo reacciones diversas. La más dura fue la de Paraguay, que espera un aumento del consumo, tanto de la marihuana como de otra drogas, además de la importación clandestina desde ese país.
Desde Viena, el organismo de control de drogas de la ONU "lamentó" la legalización del cannabis en Uruguay y afirmó que esa decisión contraviene normas internacionales y puede revelarse contraria a los fines del gobierno.
"Con la legislación sobre el cannabis aprobada por el Congreso, Uruguay está violando las convenciones de control de drogas", afirmó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
La JIFE "lamenta" que con esa legislación, Uruguay "contravenga la Convención de 1961 sobre Narcóticos". El presidente del organismo, Raymond Yans, dijo estar "sorprendido" por el hecho de que el gobierno uruguayo "haya decidido deliberadamente" ignorar las disposiciones de ese tratado.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) apoyó las declaraciones de la JIFE y pidió a Uruguay cumplir sus compromisos.
"Así como las drogas ilícitas son responsabilidad compartida de todos, es necesario que todos los países trabajen estrechamente juntos y lleguen a acuerdos sobre cómo enfrentar ese desafío mundial", indicó la ONUDC en un comunicado.
Según la JIFE , la apuesta por una reducción del crimen a través de la legislación de drogas "se basa en conjeturas precarias y sin corroborar" y fue adoptada "sin considerar los efectos negativos del cannabis para la salud".
"En lugar de proteger a los jóvenes", esa legislación "tendrá el efecto perverso de alentar la experimentación más temprana (con la droga)..., contribuyendo de ese modo a problemas de desarrollo, a adicciones más tempranas y a otros desórdenes", recalca la JIFE.
"Se cae otro muro".
Milton Romani, representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo a El País que el caso uruguayo "no está recorriendo un camino exotérico", ya que va en línea con un informe que presentó el secretario general José Miguel Insulza.
"En lo que estamos de acuerdo la gran mayoría de los países de la OEA es que en el camino que estamos no hay resultados. Si no se hace nada vamos a un camino de ruptura, porque muchos países de América Central y del Sur están sufriendo la violencia en torno a las armas y el lavado de dinero", dijo Romani. Y recordó una expresión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos: "a veces nos da la sensación que estamos en una bicicleta fija, pedaleamos y pedaleamos y no resolvemos el problema".
Romani agregó que en Washington, sede de la OEA, ha recibido "apoyos muy importantes de los principales centros de pensamientos liberales y demócratas" de Estados Unidos.
"El camino asumido por Uruguay es responsable. Bolivia despenalizó la hoja de coca y en general ha habido apoyo a ese camino. Colombia ha tenido experiencias en materia de seguridad ciudadana muy alentadora", indicó. Según Romani, la JIFA "no tiene razón" al decir que Uruguay está violando convenios internacionales, y afirmó que el informe del secretario general de la OEA "avala que hayan caminos diferentes para resolver este tema".
"Este es un tema que por primera vez rompe el pensamiento único. Acá se cayó otro muro, el muro del pensamiento único. Las convenciones no son una Biblia, son convenciones y no es el pensamiento único", afirmó Romani.
Según el funcionario uruguayo, la JIFA hace un "juicio de intencionalidad" en su comunicado sobre Uruguay. "Le vamos a responder en su momento cuidadosamente y no vamos a estar sometidos a los comunicados, somos miembros de la JIFE e iremos a la Comisión de Estupefacientes en Viena en marzo. No somos unos perseguidos por la justicia universal, somos un Estado soberano que toma decisiones responsables y no mal intencionadas. Por tanto vamos a dar nuestro punto de vista en el momento y lugar que corresponde", advirtió Romani.
Más consumo
En la región, varios gobiernos se pronunciaron sobre la legalización de la marihuana en Uruguay.
Paraguay criticó la medida, afirmando que significará un aumento de la importación de marihuana de origen ilegal desde ese país. "Al legalizarse la marihuana en Uruguay bajo el supuesto control del Estado, lo que hará será consolidar la tendencia al aumento del consumo de esta y otras drogas y estimular la importación clandestina desde Paraguay, cuya hierba es de las mejores y barata", afirmó el ministro paraguayo Antidrogas, Luis Rojas.
"No se puede probar qué va a pasar, porque se va a experimentar con la salud de la gente. La marihuana sigue siendo un gran desconocido. No hay datos científicos suficientes para dejarla circular libremente", explicó Rojas. El ministro paraguayo dijo sobre los tratados internacionales firmados en la materia por Uruguay que "obviamente la ley está en abierta oposición" a ellos.
Recordó que mientras en Uruguay entrará en vigencia la libertad para consumir marihuana, en Holanda "se está revisando todo sobre el turismo de consumo".
"Estaba admitido el consumo hasta 14% de PHC (tetra-hidro-cadavinol) pero comenzó a florecer el crimen organizado para traficar marihuana con más de 24% de PHC, no permitido. Es marihuana transgénica y tiene el doble de efecto", continuó.
Otros países de la región reaccionaron con un tono respetuoso y expectante. "Consideramos que es una experiencia inédita y vamos a evaluar el desarrollo de la aplicación de esta nueva legislación audaz e innovadora que ha desarrollado Uruguay", comentó el canciller venezolano Elías Jaua.
La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que se trata de "una decisión de un país soberano que puede adoptar estas medidas en vista de la situación que enfrenta", aunque advirtió que "esa no es nuestra posición".
"Escandalizarse por la decisión uruguaya es un discurso político propio de las políticas prohibicionistas antidrogas de Estados Unidos", afirmó por su parte Hugo Cabieses, experto en temas de narcotráfico y ex viceministro peruano de Ambiente. "La medida no va a tener ninguna repercusión sobre políticas de droga en Perú", agregó.
Desde Viena, el organismo de control de drogas de la ONU "lamentó" la legalización del cannabis en Uruguay y afirmó que esa decisión contraviene normas internacionales y puede revelarse contraria a los fines del gobierno.
"Con la legislación sobre el cannabis aprobada por el Congreso, Uruguay está violando las convenciones de control de drogas", afirmó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
La JIFE "lamenta" que con esa legislación, Uruguay "contravenga la Convención de 1961 sobre Narcóticos". El presidente del organismo, Raymond Yans, dijo estar "sorprendido" por el hecho de que el gobierno uruguayo "haya decidido deliberadamente" ignorar las disposiciones de ese tratado.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) apoyó las declaraciones de la JIFE y pidió a Uruguay cumplir sus compromisos.
"Así como las drogas ilícitas son responsabilidad compartida de todos, es necesario que todos los países trabajen estrechamente juntos y lleguen a acuerdos sobre cómo enfrentar ese desafío mundial", indicó la ONUDC en un comunicado.
Según la JIFE , la apuesta por una reducción del crimen a través de la legislación de drogas "se basa en conjeturas precarias y sin corroborar" y fue adoptada "sin considerar los efectos negativos del cannabis para la salud".
"En lugar de proteger a los jóvenes", esa legislación "tendrá el efecto perverso de alentar la experimentación más temprana (con la droga)..., contribuyendo de ese modo a problemas de desarrollo, a adicciones más tempranas y a otros desórdenes", recalca la JIFE.
"Se cae otro muro".
Milton Romani, representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo a El País que el caso uruguayo "no está recorriendo un camino exotérico", ya que va en línea con un informe que presentó el secretario general José Miguel Insulza.
"En lo que estamos de acuerdo la gran mayoría de los países de la OEA es que en el camino que estamos no hay resultados. Si no se hace nada vamos a un camino de ruptura, porque muchos países de América Central y del Sur están sufriendo la violencia en torno a las armas y el lavado de dinero", dijo Romani. Y recordó una expresión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos: "a veces nos da la sensación que estamos en una bicicleta fija, pedaleamos y pedaleamos y no resolvemos el problema".
Romani agregó que en Washington, sede de la OEA, ha recibido "apoyos muy importantes de los principales centros de pensamientos liberales y demócratas" de Estados Unidos.
"El camino asumido por Uruguay es responsable. Bolivia despenalizó la hoja de coca y en general ha habido apoyo a ese camino. Colombia ha tenido experiencias en materia de seguridad ciudadana muy alentadora", indicó. Según Romani, la JIFA "no tiene razón" al decir que Uruguay está violando convenios internacionales, y afirmó que el informe del secretario general de la OEA "avala que hayan caminos diferentes para resolver este tema".
"Este es un tema que por primera vez rompe el pensamiento único. Acá se cayó otro muro, el muro del pensamiento único. Las convenciones no son una Biblia, son convenciones y no es el pensamiento único", afirmó Romani.
Según el funcionario uruguayo, la JIFA hace un "juicio de intencionalidad" en su comunicado sobre Uruguay. "Le vamos a responder en su momento cuidadosamente y no vamos a estar sometidos a los comunicados, somos miembros de la JIFE e iremos a la Comisión de Estupefacientes en Viena en marzo. No somos unos perseguidos por la justicia universal, somos un Estado soberano que toma decisiones responsables y no mal intencionadas. Por tanto vamos a dar nuestro punto de vista en el momento y lugar que corresponde", advirtió Romani.
Más consumo
En la región, varios gobiernos se pronunciaron sobre la legalización de la marihuana en Uruguay.
Paraguay criticó la medida, afirmando que significará un aumento de la importación de marihuana de origen ilegal desde ese país. "Al legalizarse la marihuana en Uruguay bajo el supuesto control del Estado, lo que hará será consolidar la tendencia al aumento del consumo de esta y otras drogas y estimular la importación clandestina desde Paraguay, cuya hierba es de las mejores y barata", afirmó el ministro paraguayo Antidrogas, Luis Rojas.
"No se puede probar qué va a pasar, porque se va a experimentar con la salud de la gente. La marihuana sigue siendo un gran desconocido. No hay datos científicos suficientes para dejarla circular libremente", explicó Rojas. El ministro paraguayo dijo sobre los tratados internacionales firmados en la materia por Uruguay que "obviamente la ley está en abierta oposición" a ellos.
Recordó que mientras en Uruguay entrará en vigencia la libertad para consumir marihuana, en Holanda "se está revisando todo sobre el turismo de consumo".
"Estaba admitido el consumo hasta 14% de PHC (tetra-hidro-cadavinol) pero comenzó a florecer el crimen organizado para traficar marihuana con más de 24% de PHC, no permitido. Es marihuana transgénica y tiene el doble de efecto", continuó.
Otros países de la región reaccionaron con un tono respetuoso y expectante. "Consideramos que es una experiencia inédita y vamos a evaluar el desarrollo de la aplicación de esta nueva legislación audaz e innovadora que ha desarrollado Uruguay", comentó el canciller venezolano Elías Jaua.
La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que se trata de "una decisión de un país soberano que puede adoptar estas medidas en vista de la situación que enfrenta", aunque advirtió que "esa no es nuestra posición".
"Escandalizarse por la decisión uruguaya es un discurso político propio de las políticas prohibicionistas antidrogas de Estados Unidos", afirmó por su parte Hugo Cabieses, experto en temas de narcotráfico y ex viceministro peruano de Ambiente. "La medida no va a tener ninguna repercusión sobre políticas de droga en Perú", agregó.
Fuente: elpais.com.uy
