- BOGOTA.- La matanza de ocho personas ocurrida la noche del viernes en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, fue atribuida el sábado por las autoridades a una guerra interna entre bandas del narcotráfico que se disputan los negocios ilícitos en esa región del país.
Las víctimas fueron encontradas con las manos atadas a la espalda y disparos en la cabeza en una finca del corregimiento de Pance, en el sur de Cali, capital del Valle del Cauca y tercera ciudad de Colombia.
La Policía ha logrado establecer que un grupo de 18 personas se reunió en esa finca, al parecer para tratar de sus negocios ilícitos, pero “de un momento a otro se dividen y parte del grupo somete a estas ocho personas y procede a ultimarlas”, manifestó el sábado a periodistas el comandante de la Policía de Cali, brigadier general Hoover Penilla.
“Los primeros indicios permiten establecer que los lamentables hechos que se registraron la noche anterior (viernes) al sur de Cali se deberían a unas retaliaciones internas entre los presuntos integrantes de una banda delincuencial que se estarían disputando el mandato de esta estructura”, informó la Policía en un comunicado.
Las autoridades confirmaron que cuatro de los asesinados tenían antecedentes judiciales y señalaron que la finca donde se produjo la reunión y la matanza es al parecer propiedad de uno de los hermanos del llamado “clan de los Valencia”, quienes fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
“Esto nos lleva a asociar que todo tiene que ver con estructuras del narcotráfico que utilizan esos bienes para sus reuniones”, manifestó por su parte el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Hernando Nieto.
Según el general Nieto, al lado de los cadáveres, que estaban atados de pies y manos, se encontraron 10 fusiles, una subametralladora con silenciador y un revólver.
Las autoridades informaron además que una de las víctimas es Julio César Paz, conocido con el alias de “J1”, que había sido capturado en julio pasado acusado de extorsión a un abogado y quien hace solo 10 días había recobrado la libertad.
Según las autoridades, Paz era jefe militar del “clan Usuga”, también conocido como “Los Urabeños”, en Cali y además coordinaba la distribución de drogas sintéticas en esa región del país.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía llevan a cabo las investigaciones para tratar de identificar a las otras cuatro víctimas.
Hace 11 meses se presentó también una masacre de nueve personas en una discoteca del noreste de Cali, atribuida por las autoridades a un ajuste de cuentas entre bandas criminales.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el incremento de la violencia en Cali y recordó que había alertado sobre la preocupante injerencia de los grupos armados ilegales en por lo menos 30 barrios de la ciudad.
Esta entidad subrayó que aunque las autoridades atribuyan algunas de las muertes a venganzas entre las organizaciones criminales, “el derecho a la vida es inviolable”.
La Defensoría del Pueblo recordó que esta misma semana ocurrieron en Cali otros hechos preocupantes, entre ellos el asesinato a tiros el viernes del ingeniero Jorge Naranjo, oriundo de Popayán, capital del vecino departamento del Cauca.
Las autoridades también registraron la muerte del joven Cristian Andrés Correa, líder en actividades de trabajo social con las barras del club de fútbol Deportivo Cali y la muerte de dos menores de edad por enfrentamientos entre pandillas en el barrio Los Robles de la ciudad.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamamiento para que el Ministerio de Defensa, la Policía y demás autoridades adopten con urgencia las medidas pertinentes para ponerle freno a estas escaladas cíclicas de homicidios y amenazas a la seguridad ciudadana en Cali y el Valle del Cauca.
Fuente: el nuevo herald
La Policía ha logrado establecer que un grupo de 18 personas se reunió en esa finca, al parecer para tratar de sus negocios ilícitos, pero “de un momento a otro se dividen y parte del grupo somete a estas ocho personas y procede a ultimarlas”, manifestó el sábado a periodistas el comandante de la Policía de Cali, brigadier general Hoover Penilla.
“Los primeros indicios permiten establecer que los lamentables hechos que se registraron la noche anterior (viernes) al sur de Cali se deberían a unas retaliaciones internas entre los presuntos integrantes de una banda delincuencial que se estarían disputando el mandato de esta estructura”, informó la Policía en un comunicado.
Las autoridades confirmaron que cuatro de los asesinados tenían antecedentes judiciales y señalaron que la finca donde se produjo la reunión y la matanza es al parecer propiedad de uno de los hermanos del llamado “clan de los Valencia”, quienes fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
“Esto nos lleva a asociar que todo tiene que ver con estructuras del narcotráfico que utilizan esos bienes para sus reuniones”, manifestó por su parte el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Hernando Nieto.
Según el general Nieto, al lado de los cadáveres, que estaban atados de pies y manos, se encontraron 10 fusiles, una subametralladora con silenciador y un revólver.
Las autoridades informaron además que una de las víctimas es Julio César Paz, conocido con el alias de “J1”, que había sido capturado en julio pasado acusado de extorsión a un abogado y quien hace solo 10 días había recobrado la libertad.
Según las autoridades, Paz era jefe militar del “clan Usuga”, también conocido como “Los Urabeños”, en Cali y además coordinaba la distribución de drogas sintéticas en esa región del país.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía llevan a cabo las investigaciones para tratar de identificar a las otras cuatro víctimas.
Hace 11 meses se presentó también una masacre de nueve personas en una discoteca del noreste de Cali, atribuida por las autoridades a un ajuste de cuentas entre bandas criminales.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el incremento de la violencia en Cali y recordó que había alertado sobre la preocupante injerencia de los grupos armados ilegales en por lo menos 30 barrios de la ciudad.
Esta entidad subrayó que aunque las autoridades atribuyan algunas de las muertes a venganzas entre las organizaciones criminales, “el derecho a la vida es inviolable”.
La Defensoría del Pueblo recordó que esta misma semana ocurrieron en Cali otros hechos preocupantes, entre ellos el asesinato a tiros el viernes del ingeniero Jorge Naranjo, oriundo de Popayán, capital del vecino departamento del Cauca.
Las autoridades también registraron la muerte del joven Cristian Andrés Correa, líder en actividades de trabajo social con las barras del club de fútbol Deportivo Cali y la muerte de dos menores de edad por enfrentamientos entre pandillas en el barrio Los Robles de la ciudad.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamamiento para que el Ministerio de Defensa, la Policía y demás autoridades adopten con urgencia las medidas pertinentes para ponerle freno a estas escaladas cíclicas de homicidios y amenazas a la seguridad ciudadana en Cali y el Valle del Cauca.
Fuente: el nuevo herald
