Lima -El Perú vuelve a vivir un escándalo de espionaje que amenaza con envenenar las relaciones con Chile. El miércoles se conoció que dos agentes de la Marina de Guerra habían sido captados por el servicio de inteligencia sureño.
Pero ayer, todo empeoró. Un tercer caso de espionaje se registró en los cuarteles de las instituciones castrenses, mientras crece la sospecha de una red de doble agentes al servicio de Chile.
Se trata del técnico de tercera de la armada Alberto Gonzales Alejo, quien ha sido arrestado mientras se investigan las cuatro salidas del país sin autorización de los altos mandos. Sus destinos, Canadá, Brasil y Argentina, fueron establecidos por militares chilenos para la entrega de información privilegiada, según confirmaron fuentes de seguridad.
El caso de Gonzales Alejo se suma a los procesos abiertos en contra del analista de inteligencia Alfredo Marino Domínguez Raffo y el operador Johnny Richard Pilco Borja, detenidos de manera preventiva en la Base Naval del Callao por las pruebas obtenidas por el sistema de contrainteligencia en base a la comisión de delitos de infidencia y traición a la patria por vender información clasificada a Chile.
ENCRIPTADOS. Dicha información estaría contenida en cerca de 200 fotografías y decenas de documentos que se encuentran encriptados y ya están en posesión de la Fiscalía de la Marina de Guerra del Perú, luego de ser incautados a los tres marinos que servían en esta arma.
Esta información contenida en USB y copias espejo salidas de los correos electrónicos de los subalternos han sido enviadas desde inicios de febrero a la Policía de Alta Tecnología a fin de que sean desencriptadas.
Y es que la información no solo habría sido entregada de manera directa por los marinos a los supuestos empresarios italianos, sino que además fue enviada de manera encriptada en e-mails no comerciales.
ENVÍOS. Según informaron fuentes militares a Correo, los marinos fueron detectados el año pasado por contrainteligencia de la Marina, tras descubrir su ausencia en sus respectivos puestos, agentes especializados intervinieron sus computadoras y descubrieron los envíos realizados. Por ello procedieron a citarlos y fue allí que los detuvieron. Además incautaron sus computadoras personales e ingresaron a sus domicilios.
Según el informe brindado por el Fuero Policial-Militar, los marinos técnico Richard Pilco Borja y técnico de tercera Alfredo Domínguez Lazo son procesados por infidencia, desobediencia y traición a la patria, mientras que el tercer marino Alberto Gonzales Alejo solo por el delito de desobediencia.
Todos ellos pertenecían al arma de Inteligencia y no se descarta que formen parte de un grupo organizado dentro de la Marina que lucra con esta información.
ONCE VIAJES. El presidente del fuero militar-policial, general (R) EP Juan Pablo Ramos, informó que los marinos están siendo investigados desde el 25 de agosto del 2014. Explicó que Pilco Borja habría realizado 11 viajes al extranjero entre el 2008 y el 2013. Sus destinos fueron Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Mientras que Domínguez viajó en cuanto oportunidades a Brasil entre el 2011 y el 2012.
Por su parte, Gonzales Alejo también realizó viajes al extranjero hacia Canadá, Brasil y Argentina.
Según Ramos, aún se desconoce qué tipo de información sensible han enviado los marinos detenidos, por lo que las investigaciones se encuentran en marcha y están a cargo del fiscal ad hoc Luis Antonio Salas Balbuena.
Ramos explicó que podría haber otros implicados de grados superiores, lo cual se determinará en las investigaciones.
Finalmente detalló que las penas podrían ir desde 20 a 35 años, que es la mayor por el delito de traición a la patria. El delito de infidencia contempla entre 5 y 10 años, mientras que el de desobediencia es castigado entre 1 a 5 años.
SIN PROTESTA. Aunque el procurador del Ministerio de Defensa encontró entre julio y noviembre del 2014 los elementos suficientes para formular denuncia contra los tres suboficiales por infidencia y traición a la patria, el titular del sector Pedro Cateriano indicó que no se le ha remitido información sobre el caso al gobierno de Michelle Bachelet.
En conferencia de prensa, Cateriano dejó entrever que una “nota de protesta a Chile” por la práctica sistemática de espiar a nuestro país solo sería pertinente si se prueba, tras la investigación del fuero castrense, que los marinos entregaron información clasificada. “No ha habido ninguna comunicación con ningún otro gobierno”, aclaró Cateriano.
“Sería un hecho absolutamente condenable, vergonzoso que suboficiales de la Armada se hubiesen prestado a esta clase de filtración de información”, comentó Cateriano al tiempo de llamar a la justicia a actuar con celeridad. Señaló que si se encuentra responsables se aplique las penas establecidas con la máxima severidad del caso.
Al respecto, el canciller Gonzalo Gutiérrez opinó escuetamente señalando que pedir una aclaración a Palacio de La Moneda depende de “obtener información fidedigna y después tomar la decisión correspondiente”.
CHILE MINIMIZA. Entre tanto, el vocero del Gobierno de Chile, Álvaro Elizalde, explicó que hasta el momento no ha llegado información oficial sobre los presuntos suboficiales que habrían prestado labores de espionaje en las instituciones castrenses nacionales. En esa línea, Elizalde calificó la información como un “trascendido de prensa” que aún no ha sido confirmado al Gobierno de Chile. Pese a las investigaciones en la justicia militar, agregó que “las relaciones entre Perú y Chile pasan por un momento de fortalecimiento, y ambos gobiernos están comprometidos en este proceso”.
Se trata del técnico de tercera de la armada Alberto Gonzales Alejo, quien ha sido arrestado mientras se investigan las cuatro salidas del país sin autorización de los altos mandos. Sus destinos, Canadá, Brasil y Argentina, fueron establecidos por militares chilenos para la entrega de información privilegiada, según confirmaron fuentes de seguridad.
El caso de Gonzales Alejo se suma a los procesos abiertos en contra del analista de inteligencia Alfredo Marino Domínguez Raffo y el operador Johnny Richard Pilco Borja, detenidos de manera preventiva en la Base Naval del Callao por las pruebas obtenidas por el sistema de contrainteligencia en base a la comisión de delitos de infidencia y traición a la patria por vender información clasificada a Chile.
ENCRIPTADOS. Dicha información estaría contenida en cerca de 200 fotografías y decenas de documentos que se encuentran encriptados y ya están en posesión de la Fiscalía de la Marina de Guerra del Perú, luego de ser incautados a los tres marinos que servían en esta arma.
Esta información contenida en USB y copias espejo salidas de los correos electrónicos de los subalternos han sido enviadas desde inicios de febrero a la Policía de Alta Tecnología a fin de que sean desencriptadas.
Y es que la información no solo habría sido entregada de manera directa por los marinos a los supuestos empresarios italianos, sino que además fue enviada de manera encriptada en e-mails no comerciales.
ENVÍOS. Según informaron fuentes militares a Correo, los marinos fueron detectados el año pasado por contrainteligencia de la Marina, tras descubrir su ausencia en sus respectivos puestos, agentes especializados intervinieron sus computadoras y descubrieron los envíos realizados. Por ello procedieron a citarlos y fue allí que los detuvieron. Además incautaron sus computadoras personales e ingresaron a sus domicilios.
Según el informe brindado por el Fuero Policial-Militar, los marinos técnico Richard Pilco Borja y técnico de tercera Alfredo Domínguez Lazo son procesados por infidencia, desobediencia y traición a la patria, mientras que el tercer marino Alberto Gonzales Alejo solo por el delito de desobediencia.
Todos ellos pertenecían al arma de Inteligencia y no se descarta que formen parte de un grupo organizado dentro de la Marina que lucra con esta información.
ONCE VIAJES. El presidente del fuero militar-policial, general (R) EP Juan Pablo Ramos, informó que los marinos están siendo investigados desde el 25 de agosto del 2014. Explicó que Pilco Borja habría realizado 11 viajes al extranjero entre el 2008 y el 2013. Sus destinos fueron Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Mientras que Domínguez viajó en cuanto oportunidades a Brasil entre el 2011 y el 2012.
Por su parte, Gonzales Alejo también realizó viajes al extranjero hacia Canadá, Brasil y Argentina.
Según Ramos, aún se desconoce qué tipo de información sensible han enviado los marinos detenidos, por lo que las investigaciones se encuentran en marcha y están a cargo del fiscal ad hoc Luis Antonio Salas Balbuena.
Ramos explicó que podría haber otros implicados de grados superiores, lo cual se determinará en las investigaciones.
Finalmente detalló que las penas podrían ir desde 20 a 35 años, que es la mayor por el delito de traición a la patria. El delito de infidencia contempla entre 5 y 10 años, mientras que el de desobediencia es castigado entre 1 a 5 años.
SIN PROTESTA. Aunque el procurador del Ministerio de Defensa encontró entre julio y noviembre del 2014 los elementos suficientes para formular denuncia contra los tres suboficiales por infidencia y traición a la patria, el titular del sector Pedro Cateriano indicó que no se le ha remitido información sobre el caso al gobierno de Michelle Bachelet.
En conferencia de prensa, Cateriano dejó entrever que una “nota de protesta a Chile” por la práctica sistemática de espiar a nuestro país solo sería pertinente si se prueba, tras la investigación del fuero castrense, que los marinos entregaron información clasificada. “No ha habido ninguna comunicación con ningún otro gobierno”, aclaró Cateriano.
“Sería un hecho absolutamente condenable, vergonzoso que suboficiales de la Armada se hubiesen prestado a esta clase de filtración de información”, comentó Cateriano al tiempo de llamar a la justicia a actuar con celeridad. Señaló que si se encuentra responsables se aplique las penas establecidas con la máxima severidad del caso.
Al respecto, el canciller Gonzalo Gutiérrez opinó escuetamente señalando que pedir una aclaración a Palacio de La Moneda depende de “obtener información fidedigna y después tomar la decisión correspondiente”.
CHILE MINIMIZA. Entre tanto, el vocero del Gobierno de Chile, Álvaro Elizalde, explicó que hasta el momento no ha llegado información oficial sobre los presuntos suboficiales que habrían prestado labores de espionaje en las instituciones castrenses nacionales. En esa línea, Elizalde calificó la información como un “trascendido de prensa” que aún no ha sido confirmado al Gobierno de Chile. Pese a las investigaciones en la justicia militar, agregó que “las relaciones entre Perú y Chile pasan por un momento de fortalecimiento, y ambos gobiernos están comprometidos en este proceso”.
