Los jueces declararon inconstitucionales las donaciones de empresas privadas para campañas electorales, permitidas y reguladas desde 1995 y mantenidas en una reforma de ley aprobada hace pocos días por el Congreso.
La mayoría de los jueces consideró que, al permitirse la financiación de partidos y sus campañas electorales por parte de empresas privadas, "el poder económico acaba capturando al poder político". La alta corte señaló que esta sentencia deberá comenzar a aplicarse a partir de las elecciones municipales que se celebrarán en octubre del año próximo.
La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados y se tramitaba en la Corte Suprema desde 2013. En caso de que Rousseff sancione la nueva legislación que permite los donativos, el Colegio de Abogados ya ha anunciado que se propone recurrir ante el Tribunal Supremo para insistir en la tesis de la inconstitucionalidad que los jueces han respaldado.
“Financiamiento de empresas privadas propicia corrupción”
En opinión de los magistrados, la posibilidad de que empresas privadas financien la política fue uno de los factores que propició la red de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras, de la que según la propia compañía, fueron desviados unos 2.000 millones de dólares durante la última década. El escándalo ha salpicado a una veintena de importantes empresas privadas y a medio centenar de políticos, que en su mayoría son de la base que apoya al Gobierno de Dilma Rousseff.
Una de las campañas que está bajo sospecha es la que llevó el año pasado a la reelección de Rousseff, de la cual se sospecha que, en parte, fue alimentada con recursos desviados de la petrolera estatal en forma ilegal.
La mayoría de los jueces consideró que, al permitirse la financiación de partidos y sus campañas electorales por parte de empresas privadas, "el poder económico acaba capturando al poder político". La alta corte señaló que esta sentencia deberá comenzar a aplicarse a partir de las elecciones municipales que se celebrarán en octubre del año próximo.
La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados y se tramitaba en la Corte Suprema desde 2013. En caso de que Rousseff sancione la nueva legislación que permite los donativos, el Colegio de Abogados ya ha anunciado que se propone recurrir ante el Tribunal Supremo para insistir en la tesis de la inconstitucionalidad que los jueces han respaldado.
“Financiamiento de empresas privadas propicia corrupción”
En opinión de los magistrados, la posibilidad de que empresas privadas financien la política fue uno de los factores que propició la red de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras, de la que según la propia compañía, fueron desviados unos 2.000 millones de dólares durante la última década. El escándalo ha salpicado a una veintena de importantes empresas privadas y a medio centenar de políticos, que en su mayoría son de la base que apoya al Gobierno de Dilma Rousseff.
Una de las campañas que está bajo sospecha es la que llevó el año pasado a la reelección de Rousseff, de la cual se sospecha que, en parte, fue alimentada con recursos desviados de la petrolera estatal en forma ilegal.
