Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies y basado en la politica de privacidad de Google Adsense. Puede leerlo en el enlace a continuación
LA NOTICIA DESTACADA
Nueve diarios digitales turcos, la mayoría de ellos pequeños y críticos con el Gobierno, firmaron este jueves una carta abierta en la que de...
Brasilia.-El Cuerpo de Bomberos informó hoy que continúan desaparecidas 44 personas que vivían en el edificio de 24 pisos que se derrumbó tras un incendio en el centro de San Pablo.
El predio abandonado que se derrumbó la madrugada del martes estaba ocupado ilegalmente por unas 90 familias sin techo.
Los bomberos informaron hoy por la mañana que aún no se sabe el paradero de 44 personas que moraban en el edificio, aunque se ignora si todas ellas se encontraban allí en el momento del desplome. Por lo pronto, sólo se confirmó la muerte de un hombre llamado Ricardo que cayó al vacío cuando los bomberos intentaban rescatarlo.
La Alcaldía de San Pablo informó que 248 personas que ocupaban el edificio recibieron alimentos y serán enviadas a albergues. Escombros y hierros retorcidos formaron un montículo de unos diez metros de altura en la avenida Río Branco, en el centro de San Pablo, de donde este miércoles aún continuaba saliendo humo.
Debido a la alta temperatura de los escombros, es necesario seguir rociando agua antes de iniciar la búsqueda de personas,explicó hoy el mayor Max Schroeder del Cuerpo de Bomberos. El presidente Michel Temer se hizo presente ayer en el lugar del siniestro pero debió dejarlo de inmediato ante los insultos del público.
Durante la madrugada de hoy palas mecánicas fueron empleadas para retirar parte de los escombros de la avenida Río Branco, pero no se avanzó sobre la masa de hierro y concreto. Allí “no se puede entrar con equipamiento pesado porque eso puede causar algún daño a indeseable en las víctimas”, dijo el mayor Schroeder.
Ansa
París.- Unas 200 personas fueron detenidas hoy en París luego de que grupos de manifestantes se enfrentaran con la policía y causaran destrozos en el centro de la ciudad durante la manifestación del Día del Trabajador, informó la policía.
Las fuerzas de seguridad habían extremado las precauciones y desplegado a lo largo del trayecto de la manifestación, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), a 1.500 policías y militares, pero los altercados obligaron a desviar el recorrido.
Poco después del inicio de la marcha, la policía publicó en su cuenta de Twitter que había detectado a unos 1.200 individuos enmascarados y encapuchados en el puente de Austerlitz, cerca de la mitad del trayecto previsto.
Miembros de esos grupos lanzaron proyectiles contra los agentes, que respondieron con gases y cañones de agua, indicó la agencia de noticias EFE.
Un local de la cadena estadounidense McDonald’s resultó dañado, así como un concesionario de coches y mobiliario urbano.
Además se incendiaron contenedores de basura como consecuencia de ataques con bombas molotov y objetos incendiarios arrojados por los manifestantes.
Unos 200 alborotadores fueron detenidos, informó la policía.
El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, condenó “con firmeza” la violencia y el vandalismo, y aseguró en Twitter que se ha puesto todo a disposición para cesar “estos graves altercados al orden público y detener a los autores de esos actos incalificables”.
En Francia se suceden desde hace días las huelgas y jornadas de protesta por la intención del presidente galo, Emmanuel Macro, de aplicar una reforma laboral que es rechazada por las centrales sindicales.
En conferencia de prensa, el prefecto de policía de París, Michel Delpuech, dijo que la marcha convocó dentro del cortejo sindical a 20.000 personas y a otras 14.500 calificadas como “radicales” fuera de este, dentro de las cuales estaban los 1.200 extremistas.
El año pasado, la policía contó a unas 30.000 personas en la capital, cifra en la que no hizo distinciones.
La CGT, que se desmarcó de la violencia registrada, dijo en cambio haber contabilizado en esta ocasión a 55.000 personas en París, 25.000 menos que en 2017, y elevó esa cifra a unas 210.000 personas en todo el país.
Télam.
El narcotráfico pone en jaque el proceso de paz que tanto buscan los colombianos.
BOGOTA (ANSA) - El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró la noche del domingo que no permitirá que se dañe la implementación del proceso de paz, tras reiterar que no sería fácil su puesta en marcha. "Nadie dijo que la implementación de la paz iba a ser fácil. No vamos a permitir que nadie se la tire. En los momentos difíciles es cuando más hay que perseverar", escribió el mandatario en Twitter.
Con este comentario el jefe de Estado intentó bajarle el tono a lo dicho por su jefe negociador de paz, el candidato presidencial Humberto de la Calle, y por su contraparte en los diálogos, el ex jefe guerrillero Iván Márquez. "Se están tirando la paz. Así, en castellano, sin hipocresía", aseguró de la Calle, quien culpó a los partidos derechista Centro Democrático y Cambio Radical, al gobierno y a las mismas FARC de la situación, agravada por el arresto del también exrebelde Jesús Santrich, acusado de narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos.
Si el panorama era turbio se agravó más este fin de semana con la versión de un diario estadounidense que señaló que la justicia norteamericana también tendría pruebas que vincularía a Márquez con el narcotráfico. "Estoy de acuerdo con la percepción del jefe del equipo negociador del Gobierno en la mesa de La Habana, doctor Humberto de La Calle, cuando asegura que el concierto de los enemigos de la paz y el incumplimiento de la implementación, se está tirando la paz", dijo Márquez en un comunicado, difundido esta noche.
El exvocero rebelde le pidió a Santos que "actúe" ante lo que ocurre con el proceso de paz, que frene la intervención extranjera y rogó para que se salve a Santrinch, hospitalizado luego de declararse en huelga de hambre, en protesta por su detención.
Goyang (Corea del Sur).- La dos Coreas se comprometieron hoy a cooperar para establecer una “paz permanente” en la península, y a abrir conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de paz definitivo que sustituya al armisticio.
“El Norte y el Sur cooperarán activamente para establecer un sistema de paz permanente y estable en la península coreana”, señala la declaración conjunta firmada por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, al término de la histórica cumbre celebrada hoy en la frontera militarizada.
Las dos Coreas “declaran el final de los 65 años transcurridos desde el armisticio” y apuestan por sustituir éste por “un tratado de paz”, reza el texto, en alusión a la situación de enfrentamiento técnico en la que permanecen el Norte con el Sur y EEUU desde el conflicto que afectó a la península.
Norte y Sur concluyeron la Guerra de Corea el 27 de julio de 1953 con un armisticio firmado por el Ejército norcoreano, China y Estados Unidos en representación del comando de las Naciones Unidas, y que nunca fue reemplazado por un tratado de paz definitivo.
“El Sur, el Norte y Estados Unidos avanzarán activamente con la organización de cumbres a tres o cuatro bandas con vistas a establecer un sistema de paz permanente y estable”, añade la declaración conjunta.
“No habrá más guerra en la península. Con esta declaración abrimos una nueva era”, dijo el presidente surcoreano en un discurso junto a Kim Jong-un al término de la cumbre.
“Trabajaremos juntos para lograr la paz permanente, y para eso hemos adoptado esta declaración”, afirmó por su parte Kim, en la primera ocasión en que un líder norcoreano realiza una alocución junto a otro del Sur tras una cumbre intercoreana.
Kim destacó que “el mundo les observa”, y afirmó que lo acordado hoy permitirá “evitar que se repitan los errores del pasado”, además de destacar que Norte y Sur “son un mismo pueblo” y “no deben volver a enfrentarse” sino “avanzar juntos hacia la unificación”.
EFE
Washington.- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy que no suspenderá un programa que proporciona asesoría legal a los indocumentados, rectificando así una decisión de principios de mes para terminarlo.
Sessions anunció su decisión durante una comparecencia ante un subcomité del Senado que financia a su departamento.
El fiscal general, que había decidido suspender el Programa de Orientación Legal (LOP) mientras se le realizaba una revisión interna, dijo que el Congreso le pidió mantenerlo activo durante este proceso.
El Gobierno creó este programa en 2003 durante la Presidencia del republicano George W. Bush para ofrecer asesoría legal a los indocumentados que carecen de ella a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
Sessions explicó que pese a las “inquietudes sobre el programa” que expresó “previamente”, optó por mantenerlo tras conversar con congresistas de los dos partidos pertenecientes al subcomité, que habían decidido seguir financiando el plan.
“Por deferencia con el comité, he ordenado que no haya pausa mientras se lleva a cabo esa revisión”, dijo Sessions.
“Espero -añadió- evaluar los hallazgos mientras se produzcan y estaré en contacto con este comité cuando estén disponibles”.
La revisión del programa y la decisión inicial de suspenderlo forman parte de una estrategia de Sessions para acelerar la resolución de los casos estancados en los tribunales de inmigración, un plan que también contempla aumentar el número de jueces.
También imponerles una cuota anual de casos que deben resolver.
Estos casos pueden tardar años en llegar ante un juez, un tiempo en el que generalmente los inmigrantes están autorizados a trabajar en Estados Unidos, lo que algunos ven como un incentivo a la inmigración irregular.
Muchos, sin embargo, han alertado que suspender el programa LOP producirá precisamente el efecto contrario.
Un informe interno del Departamento de Justicia recomendó este mes, justo después del anuncio de su suspensión, la expansión del programa, mientras que una auditoría de 2012 reveló que el LOP había reducido la duración de los casos, ahorrando al erario público 18 millones de dólares.
EFE
