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Buenos Aires.-Un juez argentino envió este viernes a juicio a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y al resto de imputados de la conocida como “causa de los cuadernos”, en la que se investiga si la actual candidata a la Vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su Gobierno.
Según informaron fuentes jurídicas a Efe, el magistrado Claudio Bonadio decidió clausurar la instrucción y elevar a juicio el caso, en el que Fernández -senadora desde 2017- está acusada de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo.
Además, el juez, como ya ha hecho otras veces, solicitó al Senado que debata y apruebe el desafuero de la exmandataria, con el fin de que sea detenida y cumpla con la prisión preventiva que ya ordenó sobre ella cuando dictó su procesamiento el 17 de septiembre del año pasado.
Al igual que en el resto de ocasiones, no se espera que ese pedido fructifique en la Cámara Alta, al estar dominada por el peronismo, al que Fernández pertenece.
La causa, de la que se desprenden varios expedientes, se destapó en agosto de 2018 cuando una investigación periodística desveló los cuadernos que durante más de una década elaboró un chófer ministerial, Oscar Centeno, en los que supuestamente detalló los viajes que hacía por Buenos Aires para entregar bolsas con millones de dólares a funcionarios kirchneristas.
Este juicio, que afecta no solo a destacados exaltos cargos sino a algunos de los más importantes empresarios del país y que todavía no tiene fecha, se suma a la decena de causas en las que la exmandataria ya está procesada -la mayoría por presunta corrupción- y se produce en plena campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre, a las que Fernández y su candidato a la Presidencia, Alberto Fernández, llegan como favoritos
En su resolución sobre la llamada “causa madre”, Bonadio sentará en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010- y a otros 52 imputados más, entre funcionarios como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido -encargado máximo de la política de licitación de obras y ya en prisión desde 2017- y empresarios como Ángelo Calcaterra, primo hermano del actual presidente, Mauricio Macri.
Fernández, que retornó la pasada madrugada de Cuba -país al que viaja regularmente para visitar a su hija Florencia, que es tratada allí por diversos dolencias- ya enfrenta desde finales de mayo pasado su primer juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.
En la “causa de los cuadernos”, Bonadio -juez al que la propia expresidenta ha recusado en diversas ocasiones, convencida de ser víctima de una injusta persecución política y judicial- apunta a que el matrimonio Kirchner fueron “los jefes” de ese “sistema ilegal de recaudación” en el ámbito del Ministerio de Planificación y los “beneficiarios finales” de los sobornos.
En los presuntos cuadernos de Centeno -no se conservan los originales, solo fotocopias- el chofér daba cuenta de los viajes que presuntamente hacía a la residencia presidencial y al apartamento privado de los Kirchner en Buenos Aires para llevar dinero recaudado.
EFE
Nasáu.-Millonarias pérdidas de mercadería, destrozos en los puertos y embarcaciones inutilizables han sentenciado el final de la temporada pesquera en el archipiélago atlántico.
El huracán Dorian destruyó el 80 % de la industria pesquera en las Ábaco y Gran Bahama, las dos áreas más afectadas por el paso del ciclón por el archipiélago atlántico hace semanas, un golpe para la economía de los pescadores locales que esperan con incertidumbre ayudas para la recuperación del sector.
«El 80 % del sector pesquero en las Ábaco y Gran Bahama está totalmente destruido. No estamos seguros de lo que el Gobierno hará o puede hacer para ayudarnos después de Dorian», dijo en conferencia de prensa Keith Carroll, vicepresidente de la Alianza de Pescadores Comerciales de las Bahamas (BCFA, en inglés).
Carroll estimó que en esas dos áreas de Bahamas al menos el 80 % de toda su flota de barcos quedó inutilizada y que actualmente la totalidad está amarrada en puerto.
El director de la Asociación Nacional de Pesca de las Bahamas, Paul Mailis, indicó por su parte que actualmente se realizan evaluaciones de daños con equipos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Departamento de Pesca local.
Mailis agregó que la compañía pesquera más grande de las Ábaco, Marsh Harbour Exporters, perdió alrededor de 60.000 libras (27.000 kilos) de langosta durante la tormenta.
«Algunos de los barcos más pequeños pueden salir, pero en general los grandes pescadores tendrán que esperar hasta agosto del próximo año cuando la temporada comience de nuevo», lamentó Carroll.
El ciclón provocó que las trampas de langosta fueran arrastradas junto con el barro, quedando destruidas las zonas de alimentación y cría de peces y cangrejos.
Carroll recordó que los pescadores generalmente no tienen seguro privado al no poder cualificar para la cobertura, lo cual ha provocado que ahora no cuenten con dinero para recuperar su actividad.
Expresó su esperanza de que el Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos del Caribe (CCRIF,en inglés) que el Gobierno firmó en 2018 pueda ayudar.
Carroll también dijo que sabía que el resto del Caribe tiene seguro en sus equipos de pesca a través de CCRIF, pero no tenía certeza de si cubre a todos los pescadores de la región.
Luxemburgo.-En noviembre de 2017, la comunidad política impuso su primer paquete de penalidades por la represión interna y violaciones de los Derechos Humanos.
La justicia europea desestimó este viernes el recurso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro contra el régimen de sanciones adoptado en 2017 por la Unión Europea (UE), por la situación de los derechos humanos en el país.
«El Tribunal General [de la UE] decide desestimar el recurso», falla la corte con sede en Luxemburgo, dando la razón al Consejo de la UE, institución encargada de imponer sanciones, que consideraba inadmisible la demanda de Caracas.
En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir a empresas europeas la exportación de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión interna en Venezuela.
Durante la vista celebrada en febrero, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió que el reglamento adoptado respondía «al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela».
El gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 la creación de ese régimen de sanciones, al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación sobre los hechos.
Para Caracas, esas sanciones, adoptadas tras la muerte de 125 personas en cuatro meses de protestas opositoras, son además «contramedidas ilícitas conforme al Derecho internacional consuetudinario», según el recurso.
Sin entrar en el fondo del recurso, el tribunal desestima la demanda tras estudiar los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, entre ellos que las «disposiciones impugnadas no afectan directamente» a Caracas.
«A lo sumo, pueden tener efectos indirectos» ya que las prohibiciones impuestas a las entidades de los países de la UE pueden limitar «las fuentes en las que Venezuela puede procurarse productos y servicios», según el fallo.
Hasta la fecha, un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen prohibida la entrada a la UE.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.
El Tribunal General debe pronunciarse todavía sobre los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios contra estas medidas individuales, entre ellos la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.
Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos.
19 DE SEPTIEMBRE EFE El Parlamento austríaco aceptó una moción que obliga al Gobierno a vetar ante el Consejo Europeo la aprobación del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
La propuesta tuvo el apoyo de todos los partidos parlamentarios (socialdemócratas, democristianos, ultranacionalistas e izquierdistas), con la excepción del liberal NEOS, que apoya el acuerdo, aunque reclama algunas modificaciones.
En el socialdemócrata SPÖ, uno de los ponentes de la moción, calificaron su aprobación como “un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos”.
El partido conservador ÖVP, actualmente el de mayor peso en el Parlamento, apoyó inesperadamente la propuesta, mientras que el ultranacionalista FPÖ aseguró que el acuerdo “es historia” y que Austria no puede arrodillarse ante los intereses de la industria.
También Los Verdes, que no están en el Parlamento, defendieron la necesidad de detener lo que calificaron de “acuerdo nocivo”.
Austria celebrará el próximo día 29 elecciones generales anticipadas, de las que saldrán un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo, que sustituirá al actual gabinete de expertos, en el poder desde el pasado junio tras una crisis política que acabó con la coalición entre conservadores y ultranacionalistas.
El nuevo Gobierno estará obligado a aplicar este veto en el Consejo Europeo, donde están representados todos los países de la UE y que debe ratificar el acuerdo, junto con el Parlamento Europeo y los Estados miembros.
El pasado 28 de junio, la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur) -integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-, finalizaron tras 20 años de negociaciones el acuerdo comercial, que todavía debe ser ratificado para entrar en vigor.
10 DE SEPTIEMBRE. EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el despido fulminante de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, al subrayar sus "fuertes desacuerdos" con "muchas de sus sugerencias".
“Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno”, afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.
“Por ello, solicité su dimisión, que me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John su servicio. Estaré nombrando un nuevo asesor de Seguridad Nacional la próxima semana”, agregó el mandatario.
Bolton, conocido por sus posiciones beligerantes respecto a Corea del Norte e Irán, era la tercera persona que ocupaba el cargo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, tras Michael Flynn y H.R. McMaster.
El mandatario también le reprochó el fracaso en su estrategia respecto a Venezuela.
Según la agenda enviada por la Casa Blanca apenas una hora antes del anuncio de Trump, Bolton figuraba como uno de los participantes en un acto junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
El ya exfuncionario reaccionó desde la misma red social a su despido con un escueto mensaje.
“Ofrecí mi dimisión la pasada noche y el presidente Trump dijo ‘Hablemos mañana sobre eso’”, apuntó Bolton.
John Bolton fue uno de los promotores del falso argumento sobre las armas de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak en 2003.
En 2006, el exasesor tuvo que abandonar su cargo de embajador estadounidense ante las Naciones Unidas después de apenas 14 meses, debido a la negativa del Senado estadounidense a confirmarle definitivamente para ocupar ese puesto.
La oposición demócrata bloqueó su nominación debido a su supuesta intimidación de subordinados durante su paso por el Departamento de Estado, y a sus presuntos intentos de ignorar o suprimir información de inteligencia con la que no estaba de acuerdo.
