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EFE. 05 DE NOV.- La matanza en el norte de México de 9 miembros de una comunidad mormona, entre ellos 6 niños, exhibe una vez más las flaquezas de seguridad del país. Esta situación llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a ofrecer una inaudita ayuda militar para acabar con los cárteles.
En otro día negro en un México tristemente habituado a la violencia, este lunes se registró una cruel matanza cuando un grupo armado asesinó a nueve miembros de una comunidad mormona, los LeBarón.
El suceso también dejó seis menores lesionados y una niña desaparecida, que fue hallada horas después.
La violencia fue tal que, en palabras de la fiscal del estado de Sonora en entrevista radiofónica, Claudia Indira Contreras, se encontraron más de 200 casquillos de bala de distintos calibres.
En imágenes compartidas en redes sociales, se observa un vehículo completamente calcinado, con lo que se presume que son restos humanos todavía humeantes.
De acuerdo con la cronología oficial de los hechos, en la mañana del lunes varios miembros de la comunidad LeBarón se trasladaban desde un punto cercano al municipio de Bavispe (Sonora) hacia la colonia LeBarón, en la ciudad de Galeana (Chihuahua), cuando en la frontera entre ambos estados padecieron una emboscada de un grupo armado.
Minutos después del suceso, el activista y familiar Julián LeBarón pidió apoyo de la Guardia Nacional y a otras fuerzas de seguridad.
No obstante, no fue hasta 17.00 hora local que los primeros militares se trasladaron desde su guarnición militar de Agua Prieta a la zona, a unos 278 kilómetros de distancia, por lo que, según familiares, los primeros uniformados llegaron horas después.
Paralelamente, pobladores de la zona se dirigieron al lugar de los hechos para buscar a supervivientes de esta comunidad mormona, que es muy poderosa en la región y se dedica a la agricultura, la ganadería y el comercio.
Se reforzó la seguridad en la zona y no fue hasta pasada la medianoche que las autoridades establecieron el saldo final de víctimas.
"Nosotros tuvimos conocimiento horas después. Hubo una falla de comunicación", reconoció este martes la fiscal estatal.
AVANCES "SERIOS" EN LA INVESTIGACIÓN
Tras 24 horas de la tragedia, continúan muchas incógnitas, aunque el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que hay "avances serios en la investigación".
"El convoy (de la familia LeBarón) pudo haber sido confundo por grupos delictivos que se disputan el control en la región", afirmó Durazo.
El ministro de Seguridad explicó que esta región hay una disputa entre "células" del crimen organizado. Una de estas, del lado de Sonora, estaría vinculada al Cártel del Pacífico, mientras que desde Chihuahua habría otros grupos criminales que se disputan la zona, codiciada por el narcotráfico por su cercanía con Estados Unidos.
La fiscal estatal fue más cauta y dijo desconocer todavía si la masacre se debió a una "confusión" entre grupos criminales antagónicos, algo en lo que también coincidieron familiares de las víctimas.
Según expresó el experto en seguridad y profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Juan Carlos Montero, todo apunta a una "confusión" entre cárteles.
No obstante, recordó que los LeBarón defendieron su territorio y fueron activistas durante años, lo que podría ponerlos en especial peligro teniendo en cuenta que no recibían seguridad.
LA INCÓMODA "AYUDA" DE EE.UU.
La matanza adquirió una connotación binacional teniendo en cuenta que los LeBarón, originarios de Utah (EE.UU.), tenían doble nacionalidad y llegaron a México fundando la colonia en el norte de México en 1924.
Este martes, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, escribió en Twitter: "Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga".
La oferta de ayuda de Trump para "involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva" tomó por sorpresa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en plena conferencia matutina.
"Es un asunto que nos toca a nosotros atender. Al Gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer su soberanía", dijo el mandatario mexicano.
López Obrador agradeció "mucho" a Trump y a "cualquier Gobierno extranjero" que quieran "cooperar y ayudar", pero aseveró que para atender estos casos no ve necesaria "la intervención de un Gobierno extranjero".
Dos días después del operativo fallido del 17 de octubre contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en Culiacán, Donald Trump ya expresó su "solidaridad" a López Obrador.
Además, funcionarios de ambas naciones se reunieron para acelerar un programa que permita congelar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Según dijo a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva, este suceso ha llevado a Trump a reaccionar porque refleja "que no hay capacidad de autoridades mexicanas".
LA VIOLENCIA EN MÉXICO
La brutal matanza de esta familia refleja la ola de violencia que vive el país, pues según cifras oficiales hubo 25.890 asesinatos entre enero y septiembre, un 2,4 % más que en igual periodo del año anterior.
De continuar así, México cerrará 2019 como el año más violento desde que comenzaron los registros pese a los esfuerzos del Ejecutivo de reforzar la seguridad y cambiar la estrategia, atendiendo, según esgrimen, a las causas del fenómeno.
En este contexto, las masacres se han convertido en una fatídica realidad nacional.
A mediados de octubre, en un intervalo de 24 horas, 13 agentes de la Policía estatal de Michoacán (oeste) murieron en el ataque de un grupo armado, y horas después fallecieron en Guerrero (sur) un soldado y 14 presuntos sicarios.
Dos meses antes, en agosto, una matanza indiscriminada en un bar de Coatzacoalcos, oriental estado de Veracruz, terminó con una treintena de muertos.
03 DE NOV.- En las últimas horas se reportaron 16 eventos graves entre ellos dos incendios en instituciones públicas mientras continúan las protestas, el número de detenidos y lesionados disminuyó, según el reporte oficial.
En las últimas 24 horas continúan las manifestaciones en Chile y desde la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública se entregó un nuevo balance de la situación nacional que registra un aumento de eventos graves, 16 en total y un descenso en el número de personas detenidas.
Según el reporte de los Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) entre las 9:00 horas del 2 de noviembre y las 9:00 horas del 3 del mismo mes se registraron 16 eventos graves entre ellos “dos incendios que ocurrieron en Cañete, que afectaron el edificio de la sede distrital del diputado (UDI) Iván Norambuena; además de la rotura de vidrios de la municipalidad; y daños a las Gobernaciones de Osorno, Puerto Montt y Castro”, informa T13 de Chile.
Los civiles detenidos llegaron a una cifra de 99, 33 personas menos que la jornada anterior; a su vez, el número de civiles lesionados disminuyó a 3, o sea, 13 personas menos que este sábado, según el reporte actualizado.
Además, 10 funcionarios policiales o de Fuerzas Armadas resultaron lesionados y cuatro vehículos institucionales resultaron con daños.
La Paz.-Dos personas murieron y al menos otras seis resultaron heridas por disparos de armas de fuego en el oeste de Bolivia durante enfrentamientos entre opositores y oficialistas en el marco del conflicto que se registra en ese país tras las elecciones del pasado 20 de octubre, informó el Gobierno.
«Producto de los enfrentamientos y ataques a la Urbanización de Cofadena, en el municipio de Montero del Departamento de Santa Cruz, se tiene el saldo lamentable de seis heridos y dos fallecidos», informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado divulgado en la madrugada en las redes sociales, confirmando reportes de medios nacionales.
Los hechos se produjeron en la noche del 30 de octubre, durante una ola de choques en ciudades y carreteras entre ciudadanos que bloqueaban las rutas siguiendo consignas opositoras de rechazo a la reelección del presidente Evo Morales y grupos oficialistas que intentaban romper esos bloqueos.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el líder cívico de ese departamento, Luis Fernando Camacho, responsabilizaron por separado al Gobierno y denunciaron que la policía no impedía los «ataques» contra los bloqueos.
Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 55 años y otro de 41, este último supuesto miembro de la Unión Cívica Juvenil, un grupo de choque del Comité Cívico de Santa Cruz.
«Esto se hubiera podido evitar con la presencia de la Policía […], no nos podemos matar entre bolivianos, este problema se puede resolver con un nuevo proceso electoral», dijo Camacho, según publicó el diario El Deber.
El presidente del Comité Cívico de Montero, Regis Medina, denunció al mismo medio que la violencia se desencadenó por culpa de militantes del oficialismo, que «atacaron con armas de fuego a jóvenes que apoyaban el bloqueo», indicando que su hijo era uno de los heridos.
El comunicado replicó que la actitud agresiva provino de activistas de un bloqueo que cumplían supuestamente una amenaza previa del cívico Medina, divulgada por las redes sociales, de utilizar armas de fuego.
«Estos muertos del pueblo los responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor [expresidente y candidato presidencial] Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo que estaban queriendo muertos; muy bien, lograron sus muertos y esto también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales», dijo el ministro de gobierno, Carlos Romero, a la red privada de televisión PAT.
Las protestas fueron convocadas por Mesa al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, con la denuncia de un supuesto fraude en el que se habría asentado la victoria de Morales.
Los comités cívicos de varios departamentos se sumaron declarando paros regionales y cortes de calles que han elevado la tensión política y social, con brotes de violencia desde el pasado fin de semana, por enfrentamientos en los puntos de bloqueo.
«Este nefasto hecho está en proceso de investigación y se tiene elementos que permitirán identificar a los autores […] ambas muertes serán investigadas y no quedarán impunes», aseguró el comunicado oficial.
Las protestas de los comités cívicos se concentrarán este 31 de octubre en un «cabildo nacional» en La Paz, en el que se prevé que se apruebe una demanda de convocatoria a nuevas elecciones, sin perjuicio de que continúen los paros y bloqueos, según informaron sus dirigentes.
El Gobierno, entretanto, apuesta a una auditoría internacional al proceso electoral en respuesta a las denuncias de fraude.
Sputnik.
EFE. 28 DE OCT.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó este lunes una profunda remodelación de su gabinete para enfrentar la crisis política y social que vive el país y cambió a ocho ministros, incluidos los de Interior, Andrés Chadwick, y el de Hacienda, Felipe Larraín.
El nuevo titular de Interior es Gonzalo Blumel, que ejercía de ministro de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que la cartera de Hacienda quedó en manos del economista Ignacio Briones.
Piñera designó además a nuevos ministros en las carteras de Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, Economía, Trabajo, Bienes Nacionales y Deportes.
"Chile no es el mismo que teníamos hace un par de semanas. Chile cambió y el Gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y tiempos", dijo el presidente en referencia a las manifestaciones y protestas de los últimos diez días, que dejaron una veintena de fallecidos.
Cinco ministros salieron del gabinete y otros tres cambiaron de cartera. Los que abandonaron el Ejecutivo son Andrés Chadwick, en Interior; Felipe Larraín, en Hacienda; Juan Andrés Fontaine, en Economía; Nicolás Monckeberg, en Trabajo; y Pauline Kantor, en Deportes.
Chadwick, que es primo de Piñera, fue duramente cuestionado por su papel en la gestión del orden público durante las protestas, con la Policía y las Fuerzas Armadas desplegadas por las calles de buena parte del país.
Fontaine, por su parte, quedó muy debilitado después de sugerir a los ciudadanos que madrugaran más para evitar el alza del precio del boleto del metro de Santiago, el origen de las movilizaciones que con el paso de los días dio paso a demandas de cambios sociales más profundos.
Piñera apostó en sus designaciones por políticos más jóvenes, todos de menos de 50 años, y una mayor presencia de mujeres.
Entre los nombramientos destaca la llegada al Gobierno de Karla Rubilar, hasta ahora intendenta de la Región Metropolitana, que es la nueva ministra de la Secretaría General de Gobierno, un cargo que ejerce la función de portavoz del Ejecutivo.
Lucas Palacios, hasta ahora viceministro de Obras Públicas, es el nuevo ministro de Economía, y María José Zaldívar, subsecretaria de Previsión Social, asumió en la cartera de Trabajo.
Julio Isamit, de 30 años, fue designado ministro de Bienes Nacionales en reemplazo de Felipe Ward, que se hizo cargo de la cartera de la Secretaría General de la Presidencia.
En tanto, Cecilia Pérez, que era la portavoz del Ejecutivo, fue designada ministra de Deportes.
Piñera condenó la "brutal ola de violencia, maldad y destrucción" que desataron "pequeños grupos organizados" y que se saldó con la destrucción de estaciones del metro y el saqueo de centenares de supermercados y comercios durante la semana pasada, cuando el estallido social mostró su cara más violenta.
Esos acontecimientos causaron "un gran daño al alma" de Chile, apuntó el presidente, quien subrayó que "lo más doloroso" ha sido la pérdida de vidas humanas.
De las 20 muertes confirmadas hasta el momento por el Gobierno, entre las que hay tres peruanos, dos colombianos y un ecuatoriano, cinco fueron a causa, presuntamente, de la acción de las fuerzas del orden.
Además se presentaron decenas de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos como homicidios, torturas, vejaciones, palizas y detenciones irregulares, casos que, dijo Piñera, serán investigados por la Fiscalía, aunque el Gobierno "no tiene nada que ocultar".
El mandatario dijo que vio con esperanza las "maravillosas manifestaciones pacíficas" que el viernes pasado congregaron a "millones" de chilenos en las calles de todo el país.
"Nuestro Gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos que piden y merecen un Chile más justo y solidario, con más dignidad y sin abusos", manifestó.
EFE. 28 DE OCT.- El candidato del opositor Partido Nacional (PN-centroderecha), Luis Lacalle Pou, se colocó segundo este domingo en las elecciones nacionales uruguayas con un 30,2 % de los votos y avanzó a la segunda vuelta, en la que se disputará la Presidencia con el oficialista Daniel Martínez.
Pese a los casi 10 puntos de diferencia entre ambos, las opciones de Lacalle Pou de acceder al Gobierno aún se mantienen intactas, pero para eso deberá buscar una coalición con otras fuerzas políticas.
Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio (FA), coalición de izquierdas que gobierna Uruguay desde 2005, ganó este domingo las elecciones nacionales con un 39.95 % de los votos, aunque deberá acudir a una segunda vuelta contra el opositor Luis Alberto Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN-centroderecha).
Si bien Martínez se impuso a su más inmediato perseguidor por casi un 10 % de votos, lo cierto es que la elección aún no está definida, ya que Lacalle Pou intentará buscar una coalición con otros partidos.
Martínez, de 62 años, se enfrenta al difícil reto de reemplazar a figuras históricas del FA como el actual mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez; el ministro de Economía, Danilo Astori; y el expresidente José Mujica (2010-2015).
También el de guiar a su fuerza política en un cuarto período de Gobierno consecutivo, tras dos victorias de Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y una del “Pepe”.
Los también opositores Partido Colorado (PC-centroderecha) y Cabildo Abierto (CA-derecha) lograron un 13,04 % y un 11,33 % de adhesiones, respectivamente, por lo que la inclinación de sus votantes con vistas al balotaje podría ser decisiva.
El domingo 24 de noviembre, ambos irán por su revancha en los comicios para alcanzar el sillón presidencial, al que Lacalle Pou no pudo acceder en las elecciones de 2014, cuando perdió frente al actual mandatario, Tabaré Vázquez (2015-2020).
