«Producto de los enfrentamientos y ataques a la Urbanización de Cofadena, en el municipio de Montero del Departamento de Santa Cruz, se tiene el saldo lamentable de seis heridos y dos fallecidos», informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado divulgado en la madrugada en las redes sociales, confirmando reportes de medios nacionales.
Los hechos se produjeron en la noche del 30 de octubre, durante una ola de choques en ciudades y carreteras entre ciudadanos que bloqueaban las rutas siguiendo consignas opositoras de rechazo a la reelección del presidente Evo Morales y grupos oficialistas que intentaban romper esos bloqueos.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el líder cívico de ese departamento, Luis Fernando Camacho, responsabilizaron por separado al Gobierno y denunciaron que la policía no impedía los «ataques» contra los bloqueos.
Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 55 años y otro de 41, este último supuesto miembro de la Unión Cívica Juvenil, un grupo de choque del Comité Cívico de Santa Cruz.
«Esto se hubiera podido evitar con la presencia de la Policía […], no nos podemos matar entre bolivianos, este problema se puede resolver con un nuevo proceso electoral», dijo Camacho, según publicó el diario El Deber.
El presidente del Comité Cívico de Montero, Regis Medina, denunció al mismo medio que la violencia se desencadenó por culpa de militantes del oficialismo, que «atacaron con armas de fuego a jóvenes que apoyaban el bloqueo», indicando que su hijo era uno de los heridos.
El comunicado replicó que la actitud agresiva provino de activistas de un bloqueo que cumplían supuestamente una amenaza previa del cívico Medina, divulgada por las redes sociales, de utilizar armas de fuego.
«Estos muertos del pueblo los responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor [expresidente y candidato presidencial] Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo que estaban queriendo muertos; muy bien, lograron sus muertos y esto también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales», dijo el ministro de gobierno, Carlos Romero, a la red privada de televisión PAT.
Las protestas fueron convocadas por Mesa al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, con la denuncia de un supuesto fraude en el que se habría asentado la victoria de Morales.
Los comités cívicos de varios departamentos se sumaron declarando paros regionales y cortes de calles que han elevado la tensión política y social, con brotes de violencia desde el pasado fin de semana, por enfrentamientos en los puntos de bloqueo.
«Este nefasto hecho está en proceso de investigación y se tiene elementos que permitirán identificar a los autores […] ambas muertes serán investigadas y no quedarán impunes», aseguró el comunicado oficial.
Las protestas de los comités cívicos se concentrarán este 31 de octubre en un «cabildo nacional» en La Paz, en el que se prevé que se apruebe una demanda de convocatoria a nuevas elecciones, sin perjuicio de que continúen los paros y bloqueos, según informaron sus dirigentes.
El Gobierno, entretanto, apuesta a una auditoría internacional al proceso electoral en respuesta a las denuncias de fraude.
Sputnik.
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