El 21 de octubre fue el primer y el último día que Cristopher Rodrigo, de 24 años, salió a la calle a manifestarse contra el Gobierno chileno. Pero también fue el último día que su ojo izquierdo vio la luz. Durante una de las protestas, que ajustan un mes, un carabinero le disparó un balín directamente a la cara a menos de cinco metros de distancia.
“Todo fue muy rápido, pero aún recuerdo la cara del agente”, dice en la sala de espera de un hospital de Santiago. Está tomando pastillas para dormir y “controlar la rabia” y, aunque el dolor ha bajado , por momentos siente un fogonazo “insoportable” en el ojo.
“No quiero volver a marchar, tengo un miedo enorme a que me pase algo en el otro ojo”, asegura.
Como Rodrigo, al menos 217 personas han sido heridas en los ojos por cuenta de perdigones o balines de goma disparados por carabineros chilenos desde el 18 de octubre, según le indicó a EL TIEMPO el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).
Las manifestaciones, que empezaron en esa fecha por el alza del pasaje del metro en Santiago, pero que pasaron a exigir cambios profundos en el modelo socioeconómico y constitucional, ya dejan una veintena de muertos y, según la Cruz Roja, casi 5.000 heridos.
“El número de heridos oculares es tal que a uno le hace pensar que es intencional. Los que reciben los balines no son los que provocan los incendios o los que saquean, son los que se manifiestan pacíficamente”, advirtió Ennio Vivaldi, rector de la estatal Universidad de Chile, a la que pertenecen muchos de los lesionados.
Según la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), hasta este viernes, la Unidad había tratado 192 pacientes con trauma ocular severo. De ellos, 94 presentaron una disminución severa de la visión, 34 tuvieron una ‘herida penetrante o un estallido ocular’ y 29 perdieron totalmente la visión del ojo afectado. Además, reportaban 55 casos más en otros centros de atención.
El doctor Dennis Cortés, presidente de la Sochiof, denunció ante la Comisión de DD. HH. del Senado de Chile el 4 de noviembre que esta es la mayor cifra de heridas oculares con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflicto del mundo.
El número de casos está por encima del número registrado en Francia durante la crisis de los ‘chalecos amarillos’, las protestas en Hong Kong y el conflicto israelo-palestino.
“A nivel internacional, haciendo una revisión de los últimos 27 años, (...) incluyendo Israel, Palestina, Gaza, entre muchos otros, en total son más de 1.900 lesionados por balines y de ellos unos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros alcanzamos la mitad de ese número en dos semanas”, aseguró Cortés. Y agregó que esta es una emergencia humanitaria que hay que detener.
La mayoría de los manifestantes con lesiones en los ojos están recibiendo tratamiento en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador de Chile. Y hay un programa estatal de reparación ocular gratuito que a juicio de los expertos debería remplazarse por la orden terminante de no disparar a los ojos.
“El número de traumas severos es impresionante. Llevo 15 años trabajando en este hospital y nunca había visto nada igual”, señala la oftalmóloga Rosa Valsec, tras sacarle un balín inscrustado en el lacrimal a otro joven con un diagnóstico de “estallido del globo ocular”.
Los proyectiles impactan “con mucha fuerza”, posiblemente por la corta distancia a la que son disparados, y generan una “brutal” destrucción: “Muchos pacientes van a necesitar cuatro o cinco operaciones y rehabilitación intensa porque cuando se pierde un ojo hay que reaprender las distancias y la orientación espacial”, lamenta Valsec.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Gustavo Gatica, un estudiante de 21 años, herido con balines en los dos ojos, quien tiene una cirugía el próximo miércoles que podría ayudarle a recuperar la visión en uno de ellos.
En diálogo con este diario, Yerko Ljubetic, Consejero del INDH, aseguró que lo más grave es que el uso de los balines antidisturbios está regulado por los protocolos propios de los Carabineros de Chile, pero son ellos mismos quienes los infringen.
“Desde el punto de vista teórico, estos protocolos establecen criterios de proporcionalidad y prudencia que son indispensables. Pero lo que observamos es que la utilización de las escopetas de balines antidisturbios y el lanzamiento de gases lacrimógenos son dirigidas directamente a las personas y a las multitudes, sin distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes realmente pueden incurrir en situaciones delictuales”, dice.
Es por ello que el INDH ha interpuesto casi 350 querellas criminales, por las lesiones infringidas por carabineros a manifestantes, ante los tribunales.
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