La jornada de ayer fue la más violenta desde los comicios del pasado 20 de octubre, con 97 heridos y un muerto en Cochabamba, una región del centro de Bolivia donde se vivió una ola de disturbios durante gran parte del día. Los otros dos fallecidos se produjeron el 30 de octubre en la ciudad oriental de Montero, en enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Evo Morales.
Los afines a Morales defienden su triunfo en las urnas para un cuarto mandato consecutivo, mientras que los contrarios al presidente denuncian fraude electoral, que renuncie al poder y se convoquen nuevas elecciones.
La gran mayoría de los heridos son producto de los choques entre civiles, sectores fanatizados de ambos bandos. Hay un amplio despliegue de efectivos policiales en La Paz, así como en las principales ciudades del país, aunque sólo intervienen cuando los choques se tornan violentos.
“Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Ahora lo que debería interesarnos a todos nosotros es que esto no termine en una sangría”, sostuvo Zavaleta al diario El Deber, en referencia al nivel de ferocidad que se registra tanto en los partidarios de Evo como en los de la oposición.
Este martes murió un joven de 20 años, identificado como Limbert Guzmán, en Cochabamba. Participaba de las manifestaciones contra Morales y sufrió un fuerte golpe durante enfrentamientos con partidarios del mandatario. Hay cuatro detenidos por el hecho, aunque aún es bastante confuso. El miércoles pasado habían muerto otros dos opositores en Montero, también a causa de los choques callejeros.
El otro hecho que conmocionó a Bolivia fue el de la alcaldesa de Vinto, una localidad vecina a Cochabamba. Patricia Arce, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), fue golpeada y humillada públicamente por una turba de vecinos.
Tanto la oposición como el oficialismo se culpan mutuamente de la violencia. El ex presidente Carlos Mesa, quien resultó segundo en las elecciones, acusó a los cocaleros de Cochabamba, partidarios de Morales, de causar los disturbios. El ministro Zavaleta, por su parte, denunció que los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí han trasladado grupos de choque a La Paz para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Según dijo, “no son muchos” pero están “provocando deliberadamente a la Policía”.
Zavaleta ha responsabilizado al líder del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del derramamiento de sangre. “El llamado que ha hecho a radicalizar sus medidas, a tomar instituciones y arengar enfrentamientos va a traer consecuencias”, advirtió. “Toda esa sangre que está corriendo en Cochabamba es exclusiva responsabilidad del señor Camacho”, sostuvo.
Camacho, un dirigente de derecha que no participó en las elecciones, se convirtió en los hechos en un referente del bando opositor. Encabezando las protestas, busca poner en jaque a Morales al insistir en entregarle una carta de renuncia para que la firme. La oposición exige la dimisión de Evo y la convocatoria a nuevas elecciones, mientras el presidente responde que las elecciones fueron limpias y que se deben respetar los resultados.
La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una auditoría para estudiar las denuncias de fraude, y sus resultados estarían la semana próxima. Sin embargo, la oposición rechaza esa supervisión al considerar que el organismo fallará a favor de Evo.
En el marco de este clima de incertidumbre se multiplicaron los llamados a pacificar el país. Los obispos bolivianos iniciaron gestiones preliminares con las autoridades para establecer un diálogo. “Ya se ha tomado contacto con el gobierno, estamos esperando la respuesta”, dijo el arzobispo de Sucre, Jesús Juárez.
Naciones Unidas, en tanto, expresó su “profunda consternación e indignación ante los altos niveles de violencia registrados el día de ayer”, a la vez que exigió a la Policía, al Ministerio Público y al órgano judicial que “investiguen, procesen y sancionen a las personas responsables de estos atroces crímenes”.
El organismo internacional lamentó el “trato inhumano” a la alcaldesa del municipio cochabambino de Vinto, la oficialista Patricia Arce, e instó a todos los actores políticos a “reducir de manera inmediata las tensiones políticas y desestimar completamente cualquier manifestación violenta”.
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