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LA NOTICIA DESTACADA
El líder supremo del país persa advirtió a Tel Aviv y Washington sobre las acciones hostiles contra la república islámica. El líder supremo ...
El director de la Policía Nacional de Colombia, general Rodolfo Palomino, dejó su cargo este miércoles, tras abrirse la víspera una investigación disciplinaria por su presunta participación en una red de prostitución masculina vinculada a la institución.
“Frente a los hechos conocidos (…) he tomado la decisión en el seno de mi hogar, junto al cuerpo de generales y de cara al país, de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional”, dijo Palomino, flanqueado por su esposa e hijos y rodeado de altos oficiales, en medio de aplausos.Pido el retiro “con la certeza absoluta y plena de que no soy culpable de ninguno de los cargos que se me imputan”, agregó Palomino, un oficial de 58 años que encabezaba la Policía Nacional desde 2013.En una declaración firme y llena de agradecimiento a Dios, a su familia, en particular a su esposa “por 32 años de absoluta fidelidad y grata compañía”, así como al presidente Juan Manuel Santos, al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, y a toda la policía, Palomino dijo irse “en plena felicidad por haber sido útil” en sus 38 años de servicio.Minutos después, Villegas declaró a periodistas que el gobierno, “contra su preferencia”, aceptaba la renuncia de Palomino, a quien le reconoció numerosos éxitos al frente de la institución.“El general Palomino entrega la policía más poderosa y eficiente de la historia de Colombia“, dijo el ministro, al tiempo que anunció que “en unos momentos” el presidente Santos dará a conocer el nuevo director de la Policía.
La Procuraduría General de la Nación, la entidad en Colombia que controla a los funcionarios públicos, anunció el martes la apertura de una “investigación disciplinaria formal” contra el Palomino.Palomino es indagado por “la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente ‘La Comunidad del Anillo'”, manifestó la Procuraduría en un comunicado.De acuerdo con la entidad, encabezada por el conservador Alejandro Ordóñez, fuerte opositor al gobierno, los hechos habrían ocurrido entre 2004 y 2008 y ese “modus operandi habría tenido lugar presuntamente con la ayuda y complicidad de oficiales de la Policía Nacional”, entre ellos Palomino.Los supuestos implicados podrían enfrentar cargos por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas, indicó la Procuraduría, que informó de las pruebas a la Fiscalía.El anuncio de la Procuraduría, así como la difusión de un video de alto contenido sexual que supuestamente sería prueba de la existencia de esa red, provocó la víspera la renuncia del viceministro del Interior, Carlos Ferro, uno de los protagonistas del video, grabado en 2008, junto al capitán de la policía Ányelo Palacios.Además, la Procuraduría anunció que investiga a Palomino por “posible incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas”.En diciembre, la Fiscalía colombiana inició una investigación por interceptaciones ilegales contra la periodista Vicky Dávila. Dávila y su equipo habían revelado las acusaciones de acoso sexual del coronel Reinaldo Gómez contra Palomino.La Procuraduría ya había abierto en noviembre una investigación preliminar contra Palomino por supuestos actos de acoso sexual. AFP
Turquía vivió hoy una jornada sangrienta con un atentado de bomba perpetrado en una zona residencial de Ankara, donde un convoy militar fue atacado, causando al menos 28 muertos y 61 heridos, de acuerdo a un primer balance oficial.
El viceprimer ministro y portavoz del Ejecutivo islamista turco, Numan Kurtulmus, indicó por la noche ante la prensa que este incidente es un "ataque contra toda la patria".
A su vez, destacó que entre los fallecidos hay también varios civiles, aunque no precisó cuántos son ni atribuyó el ataque de hoy a grupo alguno.
Explícitamente, la nota militar habla de un "atentado terrorista", aunque no hace ningún comentario sobre la posible autoría del ataque.
El ataque sucedió en el barrio de Cankaya, donde se encuentran numerosas instalaciones militares, a muy poca distancia del cuartel central de las Fuerzas Aéreas turcas y también a pocos centenares de metros del Parlamento.
El portavoz del Gobierno turco describió el ataque como"bien planificado" y prometió revelar todas sus conexiones en cuanto se investigaran".
Varios analistas turcos, entrevistados por las cadenas de televisión, apuntaron como principal sospechoso un comando del ilegal Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
Aunque la guerrilla suele actuar sobre todo en el sureste del país, de mayoría de población kurda, la detonación de bombas al paso de convoyes militares es un método habitual del PKK.Sin embargo, esta guerrilla suele actuar en el sureste de Turquía y sería la primera vez que lanza un ataque de este calibre en el corazón de la capital turca
El grupo volvió a la lucha armada en julio de 2015 trasromper una tregua y proceso de paz que había durado más de dos años.
Desde entonces han fallecidos cientos de guerrilleros y decenas de agentes de las fuerzas de seguridad turcas.
Ataque Ankara
Debido al ataque, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, decidió suspender su viaje previsto a Bruselas, donde mañana iba a participar en una cumbre de líderes europeos sobre la crisis de los refugiados, en la que Turquía tiene un papel clave.
También el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, canceló una visita oficial a la vecina Azerbaiyán.
Erdogan y Davutolglu tenían previsto asistir esta misma noche a una reunión de seguridad en el palacio presidencial de Ankara a la que estaba convocada la cúpula del Gobierno, del Ejército y de los servicios de inteligencia.
En una primera reacción, Erdogan expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en el ataque y aseguró que "Turquía conseguirá superar también este ataque".
"Nuestra unidad, nuestra convivencia, nuestro futuro, y nuestra decisión a enfrentarnos a los ataques tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sólo será reforzada por incidentes como éste", aseveró en un comunicado colgado en la página web de la presidencia.
Turquía hará uso de su derecho a la defensa, concluyó el presidente, en aparente referencia a recientes ataques y operativos turcos contra el PKK y sus aliados en el norte de Siria.
El país eurasiático se ha visto golpeado por varios atentados en los últimos meses, el más importante sucedido en Ankara en octubre pasado, cuando más de 100 personas fallecieron en un doble atentado suicida durante una manifestación pacifista.
Las autoridades turcas atribuyen ese ataque, el más sangriento en la historia moderna del país, a un comando local del grupo yihadista Dáesh (Estado Islámico).
EFE/AFP
El estado de Texas (EE.UU.) ejecutó el martes a Gustavo García, un latino condenado por un asesinato de 1990 y que en 1998 intentó fugarse del corredor de la muerte, pero lo interceptaron antes de saltar el último muro.
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Una inyección letal ejecutaron al hombre
latino. Foto ilustrativa. |
A García, de 43 años, lo declararon muerto a las 18.26 hora local (00.26 del miércoles GMT) tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Sus últimas palabras fueron: “A mi familia, a mi mamá, los quiero. Que Dios los bendiga, sean fuertes”.
En diciembre de 1990, con 18 años recién cumplidos, García y su amigo Chistopher Vargas -que tenía 15- decidieron asaltar una licorería en Plano (cerca de Dallas) en busca de dinero y alcohol.
Tras obtener el anhelado botín, García asesinó de un disparo en la cabeza al dependiente, Craig Tuski. Cuando la Policía llegó minutos después alertada por una mujer que había logrado huir de la licorería, los dos asaltantes ya estaban lejos. El golpe les había salido bien y en enero de 1991 decidieron repetir, esta vez en una gasolinera, también de Plano y en compañía de la esposa de García, Sheila García.
Robaron cerveza, vaciaron la caja y ejecutaron de un tiro en la nuca al dependiente, Gregory Martin. Pero corrieron menos suerte que en la licorería: Martin estaba hablando con su novia cuando los asaltantes irrumpieron y ella avisó a la Policía, que cuando llegó al establecimiento encontró a García escondido en un congelador y los detuvo a todos.
Los investigadores vincularon los dos asaltos ya que el arma utilizada fue la misma. A García lo condenaron a muerte por el asesinato de Turski, mientras que Vargas cumple cadena perpetua. Sheila García fue condenada a 20 años de cárcel y ya está en libertad. La noche de Acción de Gracias de 1998, tras casi ocho años encerrado, García y otros seis reos protagonizaron un histórico intento de fuga que se saldó con la muerte de Martin Gurule, el único de los siete que logró superar los muros de la cárcel, aunque murió supuestamente ahogado en un arroyo cercano poco después.
Gurule pasó a la historia como el primer preso en escapar del corredor de la muerte de Texas desde que en 1934 lo hiciera un miembro de la banda de Bonnie y Clayde. “Al menos puedo decir que lo intenté”, confesó García en una entrevista posterior. Poco después y a raíz del intento de fuga, Texas trasladó su corredor de la muerte, que en ese entonces confinaba a casi 500 presos, a la actual cárcel de máxima seguridad de Polunsky, en Livingston.
En el 2000, García consiguió una anulación de sentencia por el testimonio del psicólogo Walter Quijano, quien había argumentado durante el juicio de 1991 que los hispanos representan un mayor peligro para la sociedad -uno de los agravantes que se tiene en cuenta en los casos capitales-.
Un año más tarde fue condenado de nuevo a muerte. García se convirtió hoy en el tercer preso ejecutado este año en Texas y sexto en el conjunto del país. Desde que se reinstauró la pena de muerte hace 40 años, Estados Unidos ha ejecutado a 1.428 presos, 534 en Texas.
Georgia, por su parte, tiene previsto ejecutar este miércoles a Travis Hittson, un exmiembro de la Armada que en 1992 mató a su y después descuartizó el cuerpo. Será su segunda ejecución este año.
EFE
Cuando falta poco más de una semana para el referéndum en el que se juega un mandato más, el presidente boliviano Evo Morales se enfrenta a denuncias por tráfico de influencias en el primer escándalo que lo salpica directamente en 10 años en el poder.
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Gabriela Zapata y Evo Morales, un
pasado desempolvado tras 10 años
Foto: Vanitatis/Libre Red. |
El presidente ha sido acusado de que su expareja Gabriela Zapata, con la que tuvo un hijo, que según él falleció, es una ejecutiva de 28 años, sin título universitario, de la empresa china CAMC, que ha obtenido varios contratos millonarios del gobierno boliviano y maneja una cartera de 560 millones de dólares.
“Es la primera vez que una denuncia de corrupción con pruebas ha tocado al presidente”, dice a la AFP el analista político Carlos Cordero, que recuerda queMorales llegó al poder en 2005 con el mensaje de que era la “reserva moral del país”.
Morales reconoció que había conocido en 2005 a Gabriela Zapata, entonces de 18 años, y tuvo un hijo con ella dos años después, pero a raíz del fallecimiento del bebé se distanciaron y no volvieron a verse, lo que contradice una foto tomada el pasado año en el Carnaval de Oruro.
Las contradicciones en las que ha incurrido el presidente y sus colaboradores más cercanos, entre ellos el propio vicepresidente Álvaro García Linera, no han hecho más que exacerbar la furia de sus detractores.
Mientras el vicepresidente aseguró que Zapata empezó a trabajar como gerente comercial en CAMC en 2015, ella asegura que fue en 2013. Tampoco hay acuerdo en el número de proyectos que la empresa china ganado del gobierno: siete según el gobierno, cinco según la empresa.
El presidente pidió al Congreso, controlado por su partido Movimiento Al Socialismo (MAS), que investigue las denuncias de tráfico de influencias. “No tenemos nada que ocultar”, dijo el jueves.
Y a la Contraloría le ha pedido que investigue “los procedimientos administrativos” en el proceso de contratación entre el Estado y la empresa china.
Sucedió en una residencia de ancianos en la ciudad de Kawasaki.
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| Hayato Imai |
JAPÓN.- Hayato Imai, de 23 años, confesó los crímenes que sucedieron en 2014. La policía lo capturó por un robo y la Justicia lo condenó a más de 100 años de cárcel.
Los ancianos de un geriátrico de la ciudad de Kawasaki, en el suroeste de Tokio vivieron una verdadera pesadilla por la contratación de un joven de 23 años que mató a tres de ellos y, además, envenenó a otros.
Hayato Imai, de 23 años, reconoció haber matado a tres ancianos de entre 86 y 96 años tras tirarlos por un balcón cuando trabajaba en el centro.La muerte de Tamio Ushizawa, de 87 años ocurrió el 4 de noviembre de 2014, mientras que las de las otras dos ancianas, de 86 y 96 años, que cayeron también desde un balcón del mismo edificio, sucedieron el 9 y el 31 de diciembre de ese mismo año, respectivamente.
Aunque en un primer momento la policía no vinculó las muertes a un acto criminal, el fallecimiento de la tercera víctima levantó sospechas. Las autoridades japonesas comenzaron a investigar de Imai en mayo del pasado año, cuando fue detenido como sospechoso por haber robado 25.000 yenes (195 euros/218 dólares) en efectivo de la habitación de una anciana septuagenaria cinco meses antes, suceso por el que fue despedido.
Agencias
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