“Es la primera vez en Argentina que se logra una condena civil contra la Iglesia Católica”, culto mayoritario en el país, declaró Pablo Bórtoli, abogado del ex seminarista Rubén Descalzo, la víctima que interpuso la demanda hace 15 años. Descalzo denunció haber sido sometido sexualmente en 1992 por Storni, quien murió en 2012 a los 75 años sin cumplir condena penal.
En 2009, una jueza había condenado a ocho años de prisión a Storni al considerar probado que ya siendo arzobispo, había cometido el delito de “abuso sexual agravado por el vínculo” contra el seminarista en 1992.
En el 2011, la Cámara Penal de Santa Fe (segunda instancia) anuló el fallo y ordenó que se dictara una nueva sentencia, pero el ex arxobispo falleció antes de que esto sucediera. En paralelo al juicio penal, Descalzo inició una demanda civil por la que la jueza Beatriz Forno de Piedrabuena condenó el viernes al Arzobispado de Santa Fe y a los herederos de Storni “a pagar la suma de 756.000 pesos en el término de diez días”, equivalente a cien salarios mínimos, según la resolución que la Iglesia puede apelar.
“Lo que se declama es daño moral y hay varias demandas; contra unos prosperó, contra otro no. Para mí el daño ha sido acreditado y corresponde una indemnización”, afirmó Piedrabuena en declaraciones a radio LT10 de Santa Fe y aclaró que “la responsabilidad civil es diferente a la penal”. Según el abogado del ex seminarista, la responsabilidad civil le cabe al arzobispado ya que el abuso ocurrió dentro del Seminario. “Fueron muchos años de espera, 25 desde que sucedieron los hechos y 15 desde que iniciamos la demanda”, declaró Descalzo.
El ex seminarista dijo que “alegría hubiera sido que esto (el abuso) nunca pase pero sí genera satisfacción y alivio” “l fallo. El caso de Storni saltó a la luz pública en 2000 y provocó fuerte conmoción con la denuncia realizada en el libro “Nuestra Santa Madre”, de la periodista Olga Wornat, aunque el religioso era investigado por orden del Vaticano desde 1994 a raíz de denuncias de aspirantes a sacerdotes. Sin admitir culpas, Storni renunció a su cargo en el 2002 y se recluyó en una finca en las sierras de Córdoba, propiedad del arzobispado de Santa Fe, donde murió diez años después.