En Turquía, tres periodistas son sentenciados a cadena perpetua

Los acusados fueron declarados culpables de 'intento de derrocamiento del orden institucional', en referencia a la intentona golpista en julio de 2016

Un tribunal turco sentenció este viernes a cadena perpetua a tres reconocidos periodistas acusados de tener vínculos con el intento de golpe de Estado en 2016, informó la agencia de prensa estatal Anadolu.

Según AFP, los hermanos Ahmet y Mehmet Altan, así como la periodista Nazli Ilicak, que negaron durante todo el proceso cualquier implicación en ese episodio, fueron condenados con otras tres personas a prisión perpetua en el marco de un juicio ampliamente criticado por los activistas de la libertad de prensa, indicó Anadolu.

Los seis acusados fueron declarados culpables de "intento de derrocamiento del orden institucional", en referencia a la intentona golpista que sacudió a Turquía la noche del 15 al 16 de julio de 2016, precisó la misma agencia.

Altan y Ilicak fueron acusados de enviar "mensajes subliminales" en vísperas del fallido golpe de Estado, cargo que rechazaron y lo calificaron de "absurdo".

El mes pasado, un tribunal turco rechazó la liberación de Mehmet Altan, pese a un fallo de la Corte Constitucional que consideró su encarcelamiento como una "violación" de sus derechos.

Mehmet Altan, de 65 años, es autor de varias obras políticas. Fue detenido en septiembre de 2016 con su hermano Ahmet, un novelista y periodista de 67 años, conocido por haber fundado el diario opositor Taraf.

Ilicak, periodista y escritora de 73 años, trabajó hasta 2013 para el gran diario oficialista Sabah y fue detenida a fines de julio de 2016.

Turquía ocupa el puesto 155 de un total de 180 países en la clasificación sobre la situación de la libertad de prensa que establece la organización Reporteros Sin Frontera (RSF)

Drásticas leyes antiaborto en Centroamérica

Nicaragua | AFP. Por Julia RIOS.- La liberación de la salvadoreña Teodora Vásquez tras 11 años de prisión por un aborto puso en evidencia la dramática situación que viven mujeres en Centroamérica, donde severas leyes penalizan toda forma de interrupción del embarazo incluso en casos terapéuticos.

En las últimas dos décadas, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohibieron el aborto terapéutico, lo que ha impedido a cientos de mujeres el acceso a servicios médicos seguros en casos de emergencia de obstetricia.

Así lo han advertido organismos como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e IPAS (International Projects Assistance Services), que buscan eliminar las muertes y discapacidades evitables causadas por abortos inseguros.

El tema cobró relieve esta semana con la conmutación de la pena de la salvadoreña Vásquez, tras cumplir 11 años de una sentencia de 30 por un parto intempestivo, que provocó una condena por “homicidio agravado”.

Tras su liberación este jueves, la organización Amnistía Internacional pidió “una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre aborto” y la liberación de al menos 27 mujeres encarceladas en El Salvador “en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto”.

“Realmente esta ley es injusta porque condena a las mujeres a la muerte y las repercusiones para una familia son muy serias, tanto en lo económico como por el cuido de las otras criaturas (hijos) que quedan solas”, manifestó Magaly Quintana, dirigente del capítulo Nicaragua de CDD.

Según la activista, es difícil obtener cifras de muertes de mujeres o el número de abortos “porque hay un secretismo sobre los homicidios, la mortalidad materna y todo lo que cuestione al Estado”.

Sin embargo, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, informó esta semana de la muerte de una mujer por complicaciones del embarazo, una semana después de otro caso semejante.

“Hay mujeres que han muerto, no tenemos estadísticas oficiales, pero conocemos de casos concretos donde por temor del personal de salud, las mujeres no fueron atendidas a tiempo con el tratamiento que ameritaba su complicación obstétrica”, explicó a la AFP la directora de IPAS para Nicaragua, Martha Blandón.

“Hemos conocido de diversos casos, pero cuando hemos tratado de profundizar en el estudio nos hemos encontrado que las familias, que son muy pobres, tienen miedo de enfrentar a las autoridades locales, o reciben presiones y ofertas materiales para que desistan de denunciar las muertes de las mujeres”, dijo la especialista.

Trabajo a oscuras

Dos casos de mujeres embarazadas que retratan el impacto de estas leyes son los de Amalia en Nicaragua (2009) y Beatriz en El Salvador (2011). La primera padecía cáncer y la segunda de lupus, y no recibieron tratamiento adecuado por temor del personal de salud a dañar al feto y provocar un aborto.

Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exhortaron a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador a darles atención médica. Ambas mujeres recibieron tratamiento y dieron a luz, pero sus bebés no sobrevivieron y meses después ellas también murieron como consecuencia de los tratamientos tardíos, según organizaciones feministas.

Quintana enfatizó que las entidades que ayudan a las mujeres trabajan a ciegas debido a que los gobiernos “no publican las cifras sobre mortalidad materna porque tendrían que revelar los casos de mujeres que murieron por causa del embarazo, que padecían enfermedades como lupus, cáncer, embarazos ectópicos, es decir todo lo que es mortalidad obstetricia indirecta”.

Según Quintana después del caso de Amalia, las autoridades sanitarias de Nicaragua comenzaron a resolver casos de aborto terapéutico “para no verse en un escándalo internacional”.

“El Hospital de la Mujer Bertha Calderón (de Managua) tiene la orden no escrita, pero explicita y clara, que ninguna mujer se va a morir por un aborto terapéutico (...) Pero las mujeres que no logran llegar al Bertha Calderón viven un calvario”, dijo Quintana.

Pese a la prohibición, en Nicaragua no hay mujeres encarceladas por abortos inducidos. Diferente al caso de El Salvador, donde unas 27 mujeres pobres guardan prisión tras buscar atención médica por emergencias de obstetricia. Otras 27 mujeres fallecieron por complicaciones relacionadas al aborto y embarazo ectópico entre 2011 y 2015, según datos del Ministerio de Salud de El Salvador.

Argentina registró 292 casos de femicidio en 2017

AFP.- Argentina registró 292 casos de femicidio en 2017, una cifra casi idéntica a la del año anterior, según el primer informe elaborado por el Observatorio de Femicidios, adscrito al Defensor del Pueblo de la Nación (Ombudsman).

De estos casos, 17% eran niñas o adolescentes, 33% tenía entre 19 y 30 años de edad, 34% entre 31 y 50 años, y 15% era mayor de 50 años.

En 2016 la cifra de femicidios en Argentina, país con 42 millones de habitantes, fue de 290, de acuerdo con la asociación Casa del Encuentro que hasta ese año llevó las estadísticas.

Por otro lado, Chile presentó una cifra de 42 femicidios consumados y 112 frustrados hasta el 31 de diciembre pasado.

El femicidio está catalogado como delito en Argentina y tiene una pena máxima de cadena perpetua.

Avalancha mata a tres esquiadores en Francia

Toulouse, Francia | AFP. Los cuerpos de tres esquiadores que se encontraban desaparecidos desde el miércoles en los Pirineos franceses fueron hallados este jueves sepultados bajo una avalancha, informaron las autoridades locales.

Los cadáveres de los tres hombres, de nacionalidad francesa, de entre 29 y 38 años, fueron hallados por rescatistas este jueves por la mañana en la estación de esquí de Cauterets, dijeron las mismas fuentes.

Otro esquiador, de 19 años, murió el martes en la estación de Gavarnie, en los Altos Pirineos, sepultado bajo la nieve también tras una avalancha.

Mueren seis niños y un adulto por comer yuca venenosa en Venezuela

Caracas, Venezuela. AFP.- Seis niños y un adulto murieron desde el domingo pasado en Venezuela por consumir un tubérculo venenoso que suele confundirse con la yuca, denunció este miércoles una diputada opositora, que vinculó los hechos con la aguda escasez de alimentos.

“Son seis niños y un adulto mayor fallecidos. En total fueron 30 personas afectadas las que acudieron a hospitales”, dijo a periodistas la legisladora Karin Salanova, al exigir una investigación en la Fiscalía del estado de Aragua (noroeste), donde ocurrieron los envenenamientos.

”¿Cuántos inocentes tienen que morir por la intoxicación con la yuca amarga?”, añadió.

El gobierno no ha ofrecido información sobre los fallecimientos ocurridos entre el domingo y el martes y que fueron reportados previamente por medios de Aragua, que precisaron que los menores tenían entre dos y nueve años.

La parlamentaria también pidió a la gobernación oficialista de la entidad “tomar las medidas sanitarias necesarias” para impedir la venta del producto.

La yuca amarga suele confundirse con la yuca tradicional, tubérculo de bajo costo no venenoso y cuyo consumo es masivo en Venezuela. El año pasado se reportó la muerte de al menos una docena de personas por envenenamiento con yuca amarga.

“Por la misma crisis que hoy vive el país, la yuca es parte indispensable en la dieta del venezolano, porque es uno de los rubros más baratos que se encuentra”, apuntó Salanova.

La diputada denunció además que en los hospitales a los que acudieron los afectados no había suficientes insumos médicos para atenderlos.

Venezuela atraviesa una severa crisis económica, con una hiperinflación proyectada en 13.000% para este año por el FMI, y una escasez crónica de alimentos y medicinas.

Según un estudio de las principales universidades del país, la pobreza alcanzó 30,2% y la pobreza extrema 51,5% en 2016. El gobierno las ubica en 18,3% y 4,4%.