Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies y basado en la politica de privacidad de Google Adsense. Puede leerlo en el enlace a continuación
LA NOTICIA DESTACADA
El líder supremo del país persa advirtió a Tel Aviv y Washington sobre las acciones hostiles contra la república islámica. El líder supremo ...
Los atroces crímenes de un hombre sacuden a Canadá. Las autoridades señalaron que investigan si un nuevo cadaver que apareció corresponde a otro crimen del jardinero sospechado de ser el homicida.
Apareció un nuevo cuerpo y la policía de Toronto, Canadá, sospecha que sería el de una víctima del asesino serial de homosexuales que estremece al país del norte. El homicida sería un jardinero paisajista que está detenido.
La policía reabrió en paralelo otros 15 casos de asesinatos para buscar eventuales vinculaciones con los crímenes cometidos presuntamente por el paisajista Bruce McArthur, de 66 años. "No sabemos hasta dónde puede conducir" esta investigación, dijo en rueda de prensa Hank Idsinga, responsable de las pesquisas de la policía de Toronto al ser interrogado respecto al número total de víctimas.
"La mayoría son homosexuales", agregó al referirse a los 15 casos reabiertos de homicidios, ocurridos entre 1975 y 1997. El presunto asesino serial, Bruce McArthur fue detenido a mediados de enero e inculpado en el transcurso del tiempo del asesinato de seis hombres que frecuentaban el barrio homosexual de Toronto. Desde entonces la policía no ha cesado de ampliar su investigación, según consignó la agencia AFP.
McArthur tenía prohibido pisar el barrio homosexual desde 2001, luego de haber sido condenado por agresiones a integrantes de esa comunidad. También tenía vedado el contacto con homosexuales prostituidos. El hombre se valía de su empleo como jardinero para enterrar los cuerpos desmembrados de sus víctimas en el jardín de una vivienda que utilizaba para almacenar material.
La policía, actuando de acuerdo con "decenas de informaciones", fue extendiendo sus búsquedas a una treintena de propiedades en todo Toronto, donde el paisajista solía trabajar y donde otras "personas podrían haber sido enterradas", según dijo en su momento Idsinga. El jardinero declaró brevemente este miércoles desde la cárcel a través de un video ante un tribunal de Toronto que lo inculpó del asesinato de Abdulbasir Faizi, desaparecido en diciembre de 2010 a los 42 años.
Los restos de Faizi fueron descubiertos en jardineras de una casa de Toronto donde McArthur trabajaba. El garaje de esta vivienda se ha convertido en lugar clave de la investigación, luego que los policías descubrieran restos humanos en un veintena de jardineras. Los restos de las seis víctimas identificadas hasta ahora habían sido hallados en ese lugar.
La policía intenta aún hallar el cuerpo de Majeed Kayhan, de 58 años, por cuyo asesinato ya había sido inculpado, al tiempo que los patólogos buscan identificar otros restos humanos. "Se trata de restos de personas que han sido desmembradas. Están en distinto estado de descomposición (...) y su reconstitución e identificación ha sido larga y muy difícil", dijo Idsinga este miércoles.
El mes pasado, la policía difundió una foto post mortem de una octava presunta víctima de McArthur y pidió ayuda a la población para poder identificarla. El asesino serial debe comparecer nuevamente ante el tribunal el 25 de abril.
La directora del centro Annajda, Fatima El Maghnaoui, dijo que se 'trata de una forma de esclavitud'. 'Una violación (...) de los compromisos internacionales de Marruecos', criticó
Fatima, Latifa y Hayat trabajaron durante años como "pequeñas sirvientas" sufriendo el maltrato y la explotación por parte de sus empleadores, un calvario que comparten miles de empleadas domésticas menores de edad en Marruecos, pese a que una ley busca limitar los abusos.
Según AFP, "¡Incluso un animal doméstico recibe mejores tratos!", dijo Fatima, de 17 años, llorando. La joven llegó en busca de ayuda al centro de acogida para mujeres víctimas de violencia Annajda, ubicado en Rabat.
"Yo lo único que quería era ayudar a mis padres, ya que me daba tristeza ver la miseria en la que estaba sumida mi familia", dijo murmurando esta adolescente que trabajó durante dos años como "pequeña sirvienta".
Para los voluntarios que las escuchan esta historia es habitual. Fatima dejó su pequeño pueblo natal en el sur de Marruecos a los 15 años para trabajar como empleada doméstica en la capital, con la ayuda de un intermediario local, un "semsar".
"Al principio, me trataban bien. Pero, poco o poco, la violencia se volvió algo habitual", dijo la joven a la AFP, con una voz temblorosa y la cabeza cubierta por un velo. "La dueña de casa me pegaba, me insultaba, siempre encontraba algo que reprocharme", contó.
La directora del centro Annajda, Fatima El Maghnaoui, dijo que se "trata de una forma de esclavitud". "Una violación (...) de los compromisos internacionales de Marruecos", criticó, señalando que Fatima debería estar en la escuela.
Quemaduras y fracturas
No hay cifras oficiales sobre las "pequeñas sirvientas". Pero según un estudio encargado en 2010 por las asociaciones, entonces había en Marruecos entre 66.000 y 80.000 empleadas domésticas de menos de 15 años.
"Sufren condiciones de trabajo y de vida degradantes", estas menores vienen muchas veces del campo y son analfabetas, según la asociación de defensa de las mujeres Insaf.
Hace algunas semanas, la historia de Latifa movilizó a la opinión pública después de que la joven de 22 años, que ejercía como asistenta en una casa desde que era adolescente, terminara hospitalizada en Casablanca con quemaduras de tercer grado y con fracturas, que ella dijo que habían sido causadas por su empleador que la "martirizaba". Ahora ayudada por la Insaf, vive en un centro de acogida.
Para Fatima, la jornada de trabajo comenzaba a las 7 de la mañana y se terminaba muy tarde en la noche "a veces a las tres de la mañana".
"Yo dormía en la terraza, con frío, como un animal doméstico. Tenía que comer los restos y siempre me dolían los pies por estar tanto de pie", contó la joven.
Además, sin recibir ningún salario.
"Habíamos convenido un salario de 800 dírhams por mes (70 euros, 86 dólares, es decir un poco menos de un tercio del salario mínimo) pero no recibí ni un céntimo", contó.
Cuando exigió su paga, después de un año de trabajo, la dueña de casa "le confiscó su carnet de identidad y le impidió el contacto con su familia", dijo.
Entonces, fue cuando decidió huir.
Pero, "yo no conocía a nadie, no tenía dinero y no sabía ni siquiera la dirección de donde trabajaba", dijo.
Finalmente, un joven del barrio la ayudó a contactar con una tía que vivía en Salé, una ciudad vecina de Rabat, y ella "puso fin a su calvario".
'Una infancia sacrificada'
Omar Saadoun, responsable del programa de la lucha contra el trabajo infantil en el Insaf, explicó que, al igual que Fatima, le destino de las "pequeñas sirvientas" se gesta muchas veces en el entorno rural, la pobreza y la ignorancia de los padres.
En algunas zonas rurales, "la niña es considerada como inferior al varón, entonces es la primera en ser sacrificada para encontrar fuente de ingresos complementarios, ya sea casándola o enviándola a trabajar como empleada doméstica", explicó.
Una ley promulgada a mediados de 2016, esperada por años después de debates interminables, fijó a los 18 años la edad mínima para las empleadas domésticas, poniendo en teoría fin al trabajo infantil, hasta entonces muy extendido.
El texto impone un contrato de trabajo, un salario mínimo, un día de descanso semanal, vacaciones y multas para los empleadores en caso de infracción.
Sin embargo, autoriza durante cinco años más el empleo de adolescentes de entre 16 a 18 años.
"Es necesaria una estrategia global (...) Esta ley no presenta ninguna garantía, ya que no hay un dispositivo de acompañamiento, para la reinserción, la identificación de las familias. Muchas empleadas domésticas menores de edad no conocen ni siquiera la dirección de sus empleadores", destacó Omar Saadoun.
Pese a la nueva normativa, las ONG, incluyendo la asociación Insaf, afirman que todavía hay niñas de sólo ocho o nueve años empleadas en casas.
Después de años de maltrato y de explotación, muchas sufren todavía las secuelas, como Hayat de 38 años, que comenzó a trabajar con nueve.
"Cuando pienso hoy, 30 años después, esto me sigue entristeciendo. Mi infancia fue sacrificada", confió a la AFP en una entrevista telefónica.
"Mi primer empleador me maltrataba (...) Me humillaba constantemente. Era agotador. Yo no tenía la fuerza necesaria para los trabajos domésticos", dijo, contando que hoy hace todo lo posible para que sus hijos "no pasen por lo mismo".
Bogotá.-Al menos ocho policías colombianos han muerto este miércoles en una emboscada con explosivos en San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de este país sudamericano, según ha informado las autoridades locales.
Aunque se desconoce quién ejecutó el ataque, en la zona del suceso opera la mayor banda armada de narcotráfico de Colombia, el Clan del Golfo.
Los agentes escoltaban a funcionarios de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, encargados de devolver parcelas a campesinos despojados como consecuencia del conflicto con la guerrilla, cuando fueron alcanzados por la detonación de un artefacto cerca de el caserío de El Tomate.
Según ha informado la policía en un comunicado, los fallecidos son un subintendente y siete patrulleros. Además, un vehículo policial también se ha visto afectado por la explosión. Los fallecidos son el subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso Sierra Franco, John Jairo González Cardona, José David Pérez Hernández, Darlin Rodríguez Sarabia, Jorge Pacheco Solano, Giovanny Rodríguez Castaño y José Alejandro Sade Ballesteros. El presidente Juan Manuel Santos rechazó el ataque, que calificó de “cobarde”, y expresó su solidaridad para las familias de los fallecidos.
El Ejército y la policía han puesto en marcha una operación en zonas rurales y urbanas de San Pedro de Urabá en busca de los responsables.
El Clan del Golfo, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y se convirtió en la banda criminal más buscada del país, dedicada, sobre todo, al narcotráfico y la minería ilegal.
Las Fuerzas Armadas del país mantienen una intensa búsqueda contra esta banda, que el pasado diciembre anunció un cese al fuego unilateral sin fecha final definida. Cuenta con unos 3.000 integrantes, entre miembros fijos y colaboradores a cambio de un sueldo.
El Pais.
Decenas de ambulancias y vehículos de bomberos convergían hacia los restos del avión, de los que se desprendía una densa humareda.
Un avión militar argelino con un centenar de soldados a bordo se estrelló este miércoles poco después de despegar cerca de la base aérea de Boufarik, a unos 30 kilómetros de Argel, informó una fuente militar a la AFP.
Según AFP, no se proporcionó en un primer momento ningún balance de eventuales víctimas.
Se trata de un avión de transporte Ilyushin II-76 con capacidad para unos 120 pasajeros, según esta fuente, que pidió permanecer en el anonimato.
Según un fotógrafo de la AFP en el lugar, el aparato se estrelló en un campo muy cercano a la base. Decenas de ambulancias y vehículos de bomberos convergían hacia los restos del avión, de los que se desprendía una densa humareda.
Las cadenas de televisión argelinas difundían imágenes del aparato en llamas.
En febrero de 2014, 77 personas -militares y sus familiares- perecieron en el accidente de un Hercules C-130 del ejército argelino que se estrelló a unos 500 km al este de Argel.
Una persona sobrevivió. El ministerio de Defensa atribuyó entonces el accidente al mal tiempo.
19 reos y un agente penitenciario fallecieron cuando un grupo armado intentó irrumpir en un penal carioca
Al menos 20 muertos y 4 heridos fue el saldo de un intento de fuga masivo en una cárcel de Brasil. Según destacaron fuentes oficiales, el incidente que se registró cuando un grupo armado intentó irrumpir en el Centro de Recuperación Penitenciario de Pará III, en el norte del país, para permitir la huida de los delicuentes. Sin embargo, los agentes penitenciarios pudieron frustrar el intento, aunque fallecieron 19 reos y uno de los uniformados.
Según informaron fuentes oficiales, en un intento de fuga en masa, frustrado este martes, fallecieron, al menos, 20 personas. El hecho ocurrió en el Centro de Recuperación Penitenciario de Pará III, en la región metropolitana de Belén, la capital del estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de esa localidad destacó que este incidente se registró cuando un grupo de hombres armados intentó irrumpir en el penal.
En tanto, entre los decesos se registraron tanto presos que pretendían huir de las instalaciones, como atacantes. Siendo que solo uno de los agentes penitenciarios perdió la vida, al tiempo que otros 4 resultaron heridos. En ese sentido, las autoridades locales destacaron que el grupo armado buscó brindar apoyo a los reos que intentaron evadirse y colocaron explosivos en los muros del patio. Tras el estallido, comenzó la balacera que finalizó en el momento en que arribaron los refuerzos policiales.
Vale destacar que tras el incidente, las fuerzas policiales incautaron dos fusiles, tres pistolas y dos revólveres junto a los presos fallecidos y los atacantes abatidos. Vale destacar que el Centro de Recuperación Penitenciario de Pará III forma parte del denominado Complejo Penitenciario de Santa Izabel, y cuenta con una población carcelaria de 659 internos, a pesar de estar construido para 432.
De todas maneras, la Secretaría de Seguridad Pública advirtió que aún no podía confirmar si realmente alguno de los delincuentes logró escapar. Por otro lado, este es el segundo incidente violento, en la última semana, que se registra en un penal brasilero, ya que el jueves pasado fallecieron cinco presos reos y otros nueve tuvieron quemaduras de diverso grado por un incendio en un pabellón de la Penitenciaria Regional de Río Grande, municipio en el sureño estado de Río Grande do Sul.
