Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies y basado en la politica de privacidad de Google Adsense. Puede leerlo en el enlace a continuación
LA NOTICIA DESTACADA
El líder supremo del país persa advirtió a Tel Aviv y Washington sobre las acciones hostiles contra la república islámica. El líder supremo ...
Santiago de Chile (EFE).- El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, consideró que Bolivia persistirá en su reclamo marítimo si el presidente Evo Morales mantiene la intención de buscar la reelección en las elecciones de 2019.
“Por supuesto (Evo) Morales no cederá mientras sea candidato”, señaló el jefe de la diplomacia chilena en una entrevista que publica este domingo el diario El Mercurio.
El canciller advirtió a las autoridades bolivianas que “el camino de la confrontación en tribunales solo contribuye a enrarecer” la relación bilateral.
Chile y Bolivia mantienen dos pleitos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La más antigua es la que presentó Bolivia para que el tribunal obligue a Chile a dialogar con su vecino la restitución de la salida al Pacífico que perdió en una guerra a fines del siglo XIX.
Entre el 19 y el 28 de marzo se celebrarán en La Haya los alegatos orales de la causa, que ha entorpecido la relación bilateral durante los últimos años.
Muñoz aseguró que le gustaría no haber salido al paso de las declaraciones de Evo Morales durante los últimos años, aunque subrayó que la “hostilidad” de las declaraciones del presidente boliviano lo obligaron a “reaccionar selectivamente”.
“(Evo Morales) Tiene tantos problemas internos que no es necesario tomar en cuenta sus agresiones que causan hastío en Chile y el exterior”, apuntó el canciller.
Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió la posibilidad de que algunos profesores o trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para responder rápidamente si se produce un tiroteo, además de aumentar la edad mínima para comprar legalmente un arma.
Lo hizo al recibir en la Casa Blanca a un grupo de afectados por tiroteos en centros educativos en Estados Unidos, entre ellos seis estudiantes del instituto de Parkland (Florida) donde hace una semana murieron 17 personas en un ataque armado.
“Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello”, dijo Trump.
“Los profesores tendrían un permiso especial, y (la escuela) ya no sería una zona libre de armas” de la que puedan aprovecharse los “maníacos”, agregó.
Trump opinó que, dado el tiempo que puede tardar la Policía en llegar a una escuela al recibir una alerta de tiroteo, los profesores debidamente entrenados podrían detener estos sucesos “muy rápidamente”.
“Vamos a examinar esa idea muy en serio, mucha gente va a estar opuesta a ello, y mucha gente va a estar de acuerdo”, afirmó el presidente, al reconocer que es algo “controvertido”.
También planteó que podría enviarse a las escuelas a “profesionales, que podrían ser marines”, y que eso “podría resolver el problema”.
Asimismo, Trump prometió que va a lograr una solución “muy robusta en el tema de los antecedentes criminales”, para mejorar la comunicación entre autoridades locales y federales con el fin de impedir que las personas condenadas por un delito puedan comprar armas.
“Además, vamos a fijarnos en el tema de la edad (mínima) para comprar (un arma) y en el aspecto de salud mental”, agregó Trump, al opinar que no hay suficientes “instituciones mentales” en el país para lidiar con la gente que pueda tener una enfermedad que le lleve a comportamientos violentos.
Bajo la ley federal de EE.UU., la edad mínima para comprar un arma de fuego son 21 años si es una pistola y 18 si es un rifle, aunque algunos vendedores sin licencia las pueden suministrar a personas aún más jóvenes. El autor del tiroteo en Florida, Nikolas Cruz, tiene 19.
Trump escuchó duros testimonios de los supervivientes o familiares de víctimas de varios tiroteos, y su propuesta de armar a los profesores recibió críticas de algunos de los asistentes.
“Mi esposa es profesora y ella le diría que los maestros ya tienen suficientes responsabilidades como para además tener la enorme responsabilidad de la fuerza letal que puede acabar con una vida”, dijo Mark Barden, cuyo hijo de 5 años Daniel fue asesinado en el tiroteo de Newtown (Connecticut) en 2012.
El general Kim Yong Chol abandonó su hotel de Seúl y subió a una limusina con destino a la frontera.
Un general norcoreano acabó este martes una controvertida visita a Corea del Sur, adonde había acudido para asistir a la clausura de los Juegos Olímpicos, anunció el ministerio surcoreano de la Unificación.
Según AFP, el general Kim Yong Chol, encargado de las relaciones intercoreanas en el seno del partido único en Pyongyang, se entrevistó por la mañana con el jefe de los servicios de inteligencia surcoreana, Suh Hoon, y el ministro de Unificación, Cho Myoung-gyon.
"Las dos Coreas (...) han acordado proseguir sus esfuerzos conjuntos para mejorar las relaciones bilaterales y establecer la paz en la península coreana", según un comunicado del ministerio surcoreano.
El general abandonó su hotel de Seúl y subió a una limusina con destino a la frontera, según imágenes emitidas por la televisión.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que terminaron el domingo, permitieron un acercamiento entre los dos países vecinos, simbolizado por la presencia de Kim Yo Jong, la hermana pequeña del dirigente norcoreano Kim Jong Un, en la ceremonia de apertura.
Era la primera vez que un miembro de la dinastía reinante en Pyongyang visitaba Corea del Sur desde el final de la guerra de Corea en 1953.
Pero la visita del general Kim Yong Chol provocó la cólera de la oposición conservadora surcoreana, ya que el militar es sospechoso de haber ordenado torpedear en 2010 la corbeta surcoreana "Cheonan", causando 46 muertos. El régimen norcoreano siempre negó cualquier responsabilidad en ese ataque.
Seúl intentó aprovechar los Juegos para entablar un diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, con el fin de rebajar las tensiones provocadas por los programas nuclear y balístico norcoreanos.
El presidente surcoreano Moon Jae-in se reunió el domingo con el general Kim Yong Chol, e instó al régimen norcoreano a abrir cuando antes un diálogo con Washington. El militar respondió declarando que su país estaba abierto a mantener conversaciones.
La hermana de Kim Jong Un y el general Kim no mantuvieron ningún contacto conocido con los enviados estadounidenses en los Juegos, entre ellos el vicepresidente Mike Pence y la hija del presidente Donald Trump, Ivanka.
Río de Janeiro, Brasil | AFP.- El presidente Michel Temer ordenó este viernes que las fuerzas armadas dirijan la lucha contra el crimen organizado en el violento estado de Rio de Janeiro, para evitar que esa “metástasis” se siga propagando por todo Brasil.
 |
| Foto: pagina siete |
La intervención federal en el área de seguridad de Rio es una medida inédita desde la restauración de la democracia en 1985 pero que, según Temer, se justifica por el descontrol imperante en el segundo estado más rico de la mayor economía latinoamericana.
“El crimen organizado casi tomó el control” de Rio y se ha convertido en “una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, advirtió el mandatario tras firmar en Brasilia el decreto.
La medida, que regirá hasta fines de diciembre, cuando concluya su presidencia, supone que las fuerzas armadas asuman el control total de las operaciones de seguridad y comanden a los distintos cuerpos policiales y el sistema carcelario.
Tiene efecto inmediato, aunque en un plazo de diez días el Congreso deberá ratificarla.
El interventor al mando de todas las tropas será el general Walter Souza Braga Neto, actual comandante de la región militar del Este, que se había ilustrado como coordinador de operaciones durante los Juegos Olímpicos de 2016.
La grave situación de violencia en Brasil se vio agravada en Rio por la virtual bancarrota del estado, que paga con meses de atraso los salarios de sus funcionarios, policías incluidos.
Solo en 2017 hubo más de 18 homicidios intencionales por día en ese estado, según el oficial Instituto de Seguridad Pública (ISP).
Los tiroteos entre traficantes y agentes se volvieron constantes en las empobrecidas favelas cariocas, con muertos por balas perdidas aumentando cotidianamente.
“No podemos aceptar pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable estar enterrando padres y madres de familia, trabajadores, policías, jóvenes y niños y viendo barrios enteros sitiados, escuelas bajo la mira de fusiles y avenidas transformadas en trincheras”, proclamó Temer.
 |
| Foto: El país |
Carnaval violento
El desencadenante de la intervención de Rio fueron los desbordes del reciente carnaval, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones.
El propio gobernador de Rio, Luiz Fernando Pezao, admitió que las cosas se le habían ido de las manos. “No estábamos preparados”, declaró.
El gobierno federal envió en julio pasado 8.500 militares al estado de Rio para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora para contener la guerra entre bandas, el robo de camiones de carga o los “arrastrones” cometidos por decenas de jóvenes contra grupos de personas en las playas o en cualquier punto de la ciudad.
Las fuerzas armadas fueron llamadas desde el fin del régimen militar (1964-85) a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, pero nunca por un periodo tan prolongado.
Esas misiones fueron en muchos casos criticadas por expertos militares, que alegaban que el ejército estaba preparado para hacer la guerra contra un enemigo, pero no para restaurar el orden en áreas urbanas.
Para Arthur Trindade, profesor de la Universidad de Brasilia y exsecretario de seguridad del Distrito Federal, la intervención puede ser una buena oportunidad para “sanear” la corrupción enquistada en los cuerpos policiales de Rio.
“Con estas medidas, es posible que las facciones de narcotraficantes tengan un perfil más bajo unos meses”, dijo a la AFP Trindade.
La medida podría también liberar recursos federales para el estado.
Cálculos políticos
La intervención no está exenta, sin embargo, de cálculos políticos en momentos en que Temer, que bate récords de impopularidad, tiene dificultades en hacer avanzar su principal proyecto -la reforma de las jubilaciones- y se encuentra en la mira de posibles nuevas investigaciones por corrupción.
La Constitución de 1988 determina que ninguna enmienda constitucional, como sería el caso de esa reforma esperada por el mercado, puede aprobarse durante la vigencia de una intervención federal.
“Temer está haciendo muchas cosas para desviar la atención”, dijo David Fleischer, profesor emérito de ciencias políticas de la universidad de Brasilia.
El jefe de Estado, que asumió el cargo tras el impeachment de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff en 2016, se jactó este viernes de haber sacado al país de la peor recesión de su historia y ahora se propone “restablecer el orden” en Brasil.
Cuando faltan poco más de seis meses para las elecciones presidenciales de octubre, y entre rumores de que Temer evalúa la posibilidad de presentarse como candidato ante la ausencia de figuras de centroderecha que despunten con fuerza.
Por la noche, el mandatario tiene previsto volver a dirigirse a la nación por cadena de radio y televisión y el lunes estará en Rio.
Santiago, Chile | AFP. Veintiséis camiones fueron incendiados durante la madrugada de este viernes en tres ataques en las regiones de La Araucanía y el Bío Bío, en zonas de conflicto con comunidades mapuches en el sur de Chile, sin dejar lesionados, informaron las autoridades.
 |
| Foto: latercera |
“Se trata de hechos delictuales graves, tanto por la destrucción material que han producido, como el grado de organización y el empleo de armas con que se han perpetrado”, dijo en un declaración el ministro del Interior, Mario Fernández.
El mayor ataque se registró en el Bío Bío, donde 14 camiones resultaron totalmente calcinados tras el ataque de un grupo de encapuchados que realizó varios disparos de escopetas al aire antes de prender fuego a los vehículos, según testigos.
Medios locales reportaron otro ataque en la vecina región de La Araucanía, unos 800 km al sur de Santiago, en el que tres camiones fueron quemados. Mientras que un tercer atentado ocurrió también en la región del Bío Bío.
En total, de acuerdo al Ministerio del Interior, los ataques dejaron 26 camiones, una camioneta y tres máquinas de trabajo forestal destruidas.
El gobernador de la zona, Humberto Toro, aseguró tener “información que nos permite elucubrar que en los ataques se actuó de manera coordinada y con algún tipo de conexión”, según dijo en entrevista con radio ADN. El ministro Fernandez, en tanto, anunció que el gobierno interpondrá querellas “por el delito de incendio terrorista en los tres hechos mencionados”.
En ambas regiones son frecuentes los ataques incendiarios a camiones y maquinaria forestal. La policía sindica a grupos radicales mapuches, aunque la justicia no ha logrado acreditar el vínculo.
Recientemente, la justicia sobreseyó a ocho indígenas mapuche, entre ellos el vocero del grupo radical Cordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, acusados del ataque incendiario de varias iglesias y maquinaria forestal, tras una instrucción salpicada de irregularidades.
La investigación judicial determinó que el grupo fue acusado en base a una serie de mensajes telefónicos que habrían sido implantados con posterioridad en sus teléfonos móviles por agentes de la policía que buscaban inculparlos.
En una rueda de prensa este jueves en Santiago, Llaitul aseguró que esta operación de supuesto montaje demuestra que la policía chilena “ha sobrepasado su actuar” en la zona de conflicto mapuche, donde ha predominado una mirada “racista” hacia las comunidades indígenas, que reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de compañías forestales.
Reducidos a unas 700.000 personas, de los 17 millones de habitantes de Chile, la pobreza en pueblos originarios cayó a un 18,3% desde un 23,4%, según datos oficiales de 2015, aunque sigue siendo más alta que entre el resto de la población (11%).
