Foto: latercera |
El mayor ataque se registró en el Bío Bío, donde 14 camiones resultaron totalmente calcinados tras el ataque de un grupo de encapuchados que realizó varios disparos de escopetas al aire antes de prender fuego a los vehículos, según testigos.
Medios locales reportaron otro ataque en la vecina región de La Araucanía, unos 800 km al sur de Santiago, en el que tres camiones fueron quemados. Mientras que un tercer atentado ocurrió también en la región del Bío Bío.
En total, de acuerdo al Ministerio del Interior, los ataques dejaron 26 camiones, una camioneta y tres máquinas de trabajo forestal destruidas.
El gobernador de la zona, Humberto Toro, aseguró tener “información que nos permite elucubrar que en los ataques se actuó de manera coordinada y con algún tipo de conexión”, según dijo en entrevista con radio ADN. El ministro Fernandez, en tanto, anunció que el gobierno interpondrá querellas “por el delito de incendio terrorista en los tres hechos mencionados”.
En ambas regiones son frecuentes los ataques incendiarios a camiones y maquinaria forestal. La policía sindica a grupos radicales mapuches, aunque la justicia no ha logrado acreditar el vínculo.
Recientemente, la justicia sobreseyó a ocho indígenas mapuche, entre ellos el vocero del grupo radical Cordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, acusados del ataque incendiario de varias iglesias y maquinaria forestal, tras una instrucción salpicada de irregularidades.
La investigación judicial determinó que el grupo fue acusado en base a una serie de mensajes telefónicos que habrían sido implantados con posterioridad en sus teléfonos móviles por agentes de la policía que buscaban inculparlos.
En una rueda de prensa este jueves en Santiago, Llaitul aseguró que esta operación de supuesto montaje demuestra que la policía chilena “ha sobrepasado su actuar” en la zona de conflicto mapuche, donde ha predominado una mirada “racista” hacia las comunidades indígenas, que reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de compañías forestales.
Reducidos a unas 700.000 personas, de los 17 millones de habitantes de Chile, la pobreza en pueblos originarios cayó a un 18,3% desde un 23,4%, según datos oficiales de 2015, aunque sigue siendo más alta que entre el resto de la población (11%).
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