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¿Nuevo ataque químico enfrenta a Rusia y Estados Unidos?

Al menos 42 personas murieron por otro ataque químico en Siria que eleva la tensión global

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En medio de la publicación de fotos y videos de niños y civiles muertos y heridos por un presunto nuevo ataque químico el sábado contra una zona rebelde en Duma, Siria y Estados Unidos se cruzaron ayer con denuncias y desmentidas, al tiempo que el gobierno sirio selló un acuerdo con la milicia opositora que controla la localidad golpeada.

El sábado, la organización Cascos Blancos, rescatistas civiles que se agruparon en las zonas controladas por la oposición para ayudar a las víctimas después de los ataques del Ejército y sus aliados, como Rusia y Hezbollah, denunció que al menos 42 personas murieron por asfixia en un ataque químico contra Duma, la última localidad que queda en manos opositoras en Ghouta Oriental, una región que fue hasta hace unas semanas el principal bastión de los rebeldes en las afueras de Damasco.

Los Cascos Blancos mostraron fotos de cadáveres, muchos de ellos de niños, y estimó que en total 500 personas fueron afectadas por el ataque. Según denunciaron, "un helicóptero arrojó un barril bomba que contenía un agente químico sobre Duma", una táctica usualmente utilizada por el Ejército sirio. Tras la denuncia de un nuevo ataque, Trump criticó con inusual fuerza no sólo a Bashar, sino principalmente al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria. La zona donde se cometió la atrocidad está encerrada y asediada por el Ejército sirio, lo que la hace completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar al animal de Assad", escribió el mandatario.

Las otras decenas de miles de civiles presentes en Duma, cerca de cien mil en total, según fuentes de la ONU, serían en cambio deportados a campos de refugiados en la zona de Damasco, junto a civiles de otras zonas de Ghuta que fueron retenidos desde el 23 de marzo pasado. Según los últimos médicos presentes en el lugar, los ataques químicos ocurrieron en la tarde y la noche del sábado y tuvieron como blanco zonas de Duma densamente pobladas por desplazados locales y por otros llegados a la ciudad en las últimas semanas desde otras localidades de Ghuta caídas ante el avance de tropas gubernamentales sirias y fuerzas rusas.

En el primer ataque los síntomas señalados por los socorristas hicieron pensar en el uso de cloro, mientras que en el segundo ataque se pensó en la hipótesis de la utilización de una mezcla de gas nervino y gas sarin, pero es imposible decir con certeza las materias tóxicas usadas en bombardeos aéreos.

Los médicos afirman que las víctimas del segundo ataque, en cambio, no alcanzaron a huir y que muchos fueron muertos en los subsuelos y sótanos en los que se refugiaron.

USA impone nuevas sanciones contra oligarcas y funcionarios rusos

'Los oligarcas y elites rusos que se benefician de este sistema corrupto ya no estarán aislados de las consecuencias de las actividades desestabilizadoras de su gobierno'
USA impone nuevas sanciones contra oligarcas y funcionarios rusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto a su administración nuevas sanciones contra siete oligarcas rusos vinculados con el presidente Vladimir Putin junto con 12 compañías que poseen o controlan.

El Departamento del Tesoro fue quien anunció las medidas, las cuales también fueron dirigidas a 17 altos funcionarios del gobierno ruso, la empresa estatal rusa de comercio de armas, Rosoboroneksport, que tiene vínculos de larga data con Siria y su filial, Russian Financial Corporation Bank.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin argumentó: "Los oligarcas y elites rusos que se benefician de este sistema corrupto ya no estarán aislados de las consecuencias de las actividades desestabilizadoras de su gobierno", en un comunicado, citando la ocupación rusa en Crimea y sus esfuerzos continuos para abastecer al régimen de Assad en Siria con materiales y armas.

La iniciativa de esta acción apunta a los oligarcas rusos, entre ellos Kirill Shamalov, que se casó con la hija de Putin y creó una fortuna desde febrero de 2013, Oleg Deripaska, un alto funcionario ruso que fue investigado por lavado de dinero y Suleiman Kerimov, quien supuestamente trajo millones de euros en Francia en maletas.

La administración de Trump identificó a más de 200 ricos rusos, altos funcionarios y líderes empresariales y más tarde impuso sanciones a los piratas informáticos y agencias de espionaje rusos por interferir en las elecciones de 2016 y el ciberataque, incluidas personas nombradas en la acusación del FBI de Robert Mueller.

A partir de entonces, los activos de 17 altos funcionarios rusos se congelaran, incluidos Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, ministro de Asuntos Internos y policía general de la Federación de Rusia, y Evgeniy Shkolov, colaborador de Putin.

La Unión Europea amplía sanciones contra Corea del Norte

Bruselas.- La Unión Europea agregó a la lista de sanciones impuestas a Corea del Norte a una persona física y 21 personas jurídicas, dice un comunicado del Consejo de la UE.

“El Consejo [de la UE] añadió a una persona física y 21 jurídicas a la lista de medidas restrictivas impuestas a Corea del Norte”, dice el comunicado al precisar que de esta manera pretende adecuar sus medidas restrictivas a las últimas sanciones de la ONU.

Las medidas son de restricciones de viaje y congelación de activos para personas físicas y congelación de activos para organizaciones.

En total, la cantidad de personas físicas y jurídicas incluidas en las sanciones de la UE impuestas a Corea del Norte creció hasta 80 y 75, respectivamente, aparte de otras sanciones que impuso la UE a 55 personas y nueve organizaciones.

A fines de marzo, a proposición de EEUU el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU, impuso sanciones a 21 compañías de transporte, 27 barcos y una persona, todos residentes de Corea del Norte.Sputnik.

Ex presidenta surcoreana, condenada a 24 años de cárcel por extorsión, trato de favor y abuso de poder

Seúl.-La ex presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ha sido condenada a 24 años de prisión tras ser hallada culpable por el Tribunal del Distrito Central de Seúl por su implicación en un masivo escándalo de corrupción, trato de favor, coacción y abuso de poder que movilizó a millones de personas en las calles de Seúl, forzando al Parlamento a lanzar una moción de censura que terminó abruptamente con su mandato, hace ahora un año.


Fue arrestada días después de verse forzada a abandonar su cargo, tras haber dirigido el país entre 2013 y 2017.

La Fiscalía solicitaba 30 años de cárcel para Park, de 66 años, acusada de haber conspirado con su consejera Choi Soon-il para apoderarse de decenas de millones de dólares de empresas a las que extorsionaba exigiendo comisiones.

Entre los 18 cargos que pendían en su contra figuraban abuso de poder, filtración de información confidencial y coacción. La ex presidenta estaba acusada en concreto de haber obligado a 18 grandes empresas a “donar” un total de 77.400 millones de wons (54 millones de euros) a dos fundaciones controladas por Choi, una de sus más estrechas amistades.

El Tribunal de Seúl ha encontrado a Park culpable de extorsión a compañías que pagaban comisiones a al menos dos fundaciones privadas bajo control de la influyente Choi Soon-il, conocida en el país asiático como la “rasputina” por el nivel de control que ejercía sobre la presidenta. Uno de los delitos que la corte considera demostrado es la filtración interesada de 47 documentos confidenciales empresariales a su asesora,

Entre los cargos que se consideran comprobados, se incluye la presión ejercida por Park sobre la compañía automovilística Hyundai para firmar un acuerdo con la Corporación KD, propiedad de Soon-il, las presiones al Grupo Lotte para donar más de 5 millones de euros a la Fundación K-Sport, dirigida por un amigo de Choi, o haber forzado al proveedor de acero POSCO a firmar un acuerdo con The Blue K, una empresa de Choi. Asimismo se considera demostrado que forzó a la compañía de telecomunicaciones KT a contratar a un amigo personal de Choi y a firmar un contrato publicitario con una compañía relacionada con la todopoderosa consejera, que ya fue condenada a 20 años de prisión por tráfico de influencias e injerencia indebida en asuntos de Estado.

También ha sido condenada por forzar a Samsung a subvencionar la afición por la hípica de la hija de Choi, por ejercer abuso de poder mediante la destitución de altos funcionarios que no gozaban de su favor y de la elaboración de listas negras con los nombres de figuras culturales considerados desafectos, que fueron privados de apoyo estatal en igualdad de condiciones con el resto.

Park ha defendido su inocencia y se ha definido víctima de una “venganza política” con escaso éxito. Su caso puso en evidencia los estrechos vínculos entre la clase política y los poderosos grupos empresariales surcoreanos, conocidos como chaebols.

El escándalo salpicó a muchos de los más conocidos empresarios surcoreanos, entre ellos el vicepresidente del emporio Samsung, Lee Jae-yong, que fue juzgado por corrupción en agosto de 2017. En aquella ocasión, como ocurrió con el proceso contra Choi Soon-il, en febrero de 2018, el tribunal decidió no emitir en directo la lectura de la sentencia: en el caso de Park, sin embargo, el juez Kim Se-yoon decidió “permitir una conexión en directo en consideración del interés público”, lo que facilitó que las televisiones surcoreanas hayan podido conectar con el tribunal durante la lectura de la sentencia.

La ex presidenta conservadora, hija del antiguo dictador Park Chung-hee, que dirigió Corea del Sur con mano de hierro entre 1961 y 1979, había permanecido en prisión desde marzo de 2017 pero ha boicoteado las sesiones que la juzgaban: hoy mismo, no acudió a la lectura de su veredicto alegando estar enferma.

El mundo.

Ordenaron la detención de Lula da Silva

Luego del duro revés que padeció el ex mandatario, el juez Federal Sergio Moro dispuso su aprehensión

Ordenaron la detención de Lula da Silva

El juez Federal Sergio Moro libró la orden de detención contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazara el recurso de habeas corpus preventivo que había presentado la defensa del ex mandatario en el marco de la causa que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción. Asimismo, trascendió que el magistrado le impuso un lapso de 24 horas para que se entregue a la Justicia.

De esta manera, el magistrado brasilero aseguró que el ex presidente tiene tiempo hasta mañana para entregarse a las fuerzas de seguridad. "En relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 horas del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión", afirmó Moro en su resolución.

Asimismo, se conoció que momentos antes de que el magistrado dispusiera la aprehensión, el Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF-4) le envió un oficio que le permitía ordenar la detención en el marco de la causa conocida como el tríplex de Guarujá. De todas maneras, esta decisión del magistrado fue considerada "sorpresiva", ya que estimaban que se dispusiera la orden luego de que finalice el proceso contra Lula en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, el cual podía llegar a extenderse hasta finales de este mes.

Vale destacar que la decisión del magistrado ocurre a menos de 24 horas de que el Supremo Tribunal Federal rechazara el hábeas corpus interpuesto por la defensa del ex presidente, en el cual solicitaban que fuera detenido luego de que la causa sea juzgada por los máximos tribunales de Brasil. De todas maneras, la defensa de Lula aún tiene derecho a un recurso en TRF-4, que fue el que lo condenó en segunda instancia.

Siendo que el primer magistrado que definió su pena fue el mismo que acaba de disponer su detención, cuando, en julio de 2017, el juez Moro había condenado a al ex mandatario a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del Lava Jato por haber recibido un presunto soborno de la constructora OAS mediante un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá. Siendo que, luego, fue condenado, en segunda instancia, a 12 años y 1 mes de prisión.

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