Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies y basado en la politica de privacidad de Google Adsense. Puede leerlo en el enlace a continuación
LA NOTICIA DESTACADA
El líder supremo del país persa advirtió a Tel Aviv y Washington sobre las acciones hostiles contra la república islámica. El líder supremo ...
La Paz.-La crisis en Bolivia sigue escalando en medio de un clima de fuerte polarización, con violentos enfrentamientos entre opositores y oficialistas que ya dejaron tres muertos, 346 heridos y 220 detenidos. El ministro de Defensa, Eduardo Zavaleta, alertó sobre la gravedad de la situación al señalar que el país está a “un paso” del descontrol total, y que en cualquier momento empiezan a “contar los muertos por docenas”.
La jornada de ayer fue la más violenta desde los comicios del pasado 20 de octubre, con 97 heridos y un muerto en Cochabamba, una región del centro de Bolivia donde se vivió una ola de disturbios durante gran parte del día. Los otros dos fallecidos se produjeron el 30 de octubre en la ciudad oriental de Montero, en enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Evo Morales.
Los afines a Morales defienden su triunfo en las urnas para un cuarto mandato consecutivo, mientras que los contrarios al presidente denuncian fraude electoral, que renuncie al poder y se convoquen nuevas elecciones.
La gran mayoría de los heridos son producto de los choques entre civiles, sectores fanatizados de ambos bandos. Hay un amplio despliegue de efectivos policiales en La Paz, así como en las principales ciudades del país, aunque sólo intervienen cuando los choques se tornan violentos.
“Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Ahora lo que debería interesarnos a todos nosotros es que esto no termine en una sangría”, sostuvo Zavaleta al diario El Deber, en referencia al nivel de ferocidad que se registra tanto en los partidarios de Evo como en los de la oposición.
Este martes murió un joven de 20 años, identificado como Limbert Guzmán, en Cochabamba. Participaba de las manifestaciones contra Morales y sufrió un fuerte golpe durante enfrentamientos con partidarios del mandatario. Hay cuatro detenidos por el hecho, aunque aún es bastante confuso. El miércoles pasado habían muerto otros dos opositores en Montero, también a causa de los choques callejeros.
El otro hecho que conmocionó a Bolivia fue el de la alcaldesa de Vinto, una localidad vecina a Cochabamba. Patricia Arce, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), fue golpeada y humillada públicamente por una turba de vecinos.
Tanto la oposición como el oficialismo se culpan mutuamente de la violencia. El ex presidente Carlos Mesa, quien resultó segundo en las elecciones, acusó a los cocaleros de Cochabamba, partidarios de Morales, de causar los disturbios. El ministro Zavaleta, por su parte, denunció que los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí han trasladado grupos de choque a La Paz para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Según dijo, “no son muchos” pero están “provocando deliberadamente a la Policía”.
Zavaleta ha responsabilizado al líder del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del derramamiento de sangre. “El llamado que ha hecho a radicalizar sus medidas, a tomar instituciones y arengar enfrentamientos va a traer consecuencias”, advirtió. “Toda esa sangre que está corriendo en Cochabamba es exclusiva responsabilidad del señor Camacho”, sostuvo.
Camacho, un dirigente de derecha que no participó en las elecciones, se convirtió en los hechos en un referente del bando opositor. Encabezando las protestas, busca poner en jaque a Morales al insistir en entregarle una carta de renuncia para que la firme. La oposición exige la dimisión de Evo y la convocatoria a nuevas elecciones, mientras el presidente responde que las elecciones fueron limpias y que se deben respetar los resultados.
La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una auditoría para estudiar las denuncias de fraude, y sus resultados estarían la semana próxima. Sin embargo, la oposición rechaza esa supervisión al considerar que el organismo fallará a favor de Evo.
En el marco de este clima de incertidumbre se multiplicaron los llamados a pacificar el país. Los obispos bolivianos iniciaron gestiones preliminares con las autoridades para establecer un diálogo. “Ya se ha tomado contacto con el gobierno, estamos esperando la respuesta”, dijo el arzobispo de Sucre, Jesús Juárez.
Naciones Unidas, en tanto, expresó su “profunda consternación e indignación ante los altos niveles de violencia registrados el día de ayer”, a la vez que exigió a la Policía, al Ministerio Público y al órgano judicial que “investiguen, procesen y sancionen a las personas responsables de estos atroces crímenes”.
El organismo internacional lamentó el “trato inhumano” a la alcaldesa del municipio cochabambino de Vinto, la oficialista Patricia Arce, e instó a todos los actores políticos a “reducir de manera inmediata las tensiones políticas y desestimar completamente cualquier manifestación violenta”.
EFE. 08 DE NOV.- La Justicia brasileña autorizó este viernes la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde hace 1 año y 7 meses, después de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo de Brasil.
La excarcelación de Lula fue solicitada hoy por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.
El juez Danilo Pereira Jr, de la 12 Sala Criminal de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, analizó el pedido presentado por los abogados y autorizó su libertad, lo que podría ocurrir en los próximos minutos u horas.
Lula está en prisión desde el 7 de abril de 2018, cuando empezó a cumplir una pena de 8 años y 10 meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a modo de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS, a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.
La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte Suprema, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado.
Lula se benefició así del fallo de la Corte, que anuló una jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la que había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que ésta se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.
Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el "tránsito en juzgado" ("cosa juzgada" en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.
Los integrantes de la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, rechazaron la nueva decisión del Supremo y expresaron su temor de que "afecte a los resultados de su trabajo".
EFE. 05 DE NOV.- La matanza en el norte de México de 9 miembros de una comunidad mormona, entre ellos 6 niños, exhibe una vez más las flaquezas de seguridad del país. Esta situación llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a ofrecer una inaudita ayuda militar para acabar con los cárteles.
En otro día negro en un México tristemente habituado a la violencia, este lunes se registró una cruel matanza cuando un grupo armado asesinó a nueve miembros de una comunidad mormona, los LeBarón.
El suceso también dejó seis menores lesionados y una niña desaparecida, que fue hallada horas después.
La violencia fue tal que, en palabras de la fiscal del estado de Sonora en entrevista radiofónica, Claudia Indira Contreras, se encontraron más de 200 casquillos de bala de distintos calibres.
En imágenes compartidas en redes sociales, se observa un vehículo completamente calcinado, con lo que se presume que son restos humanos todavía humeantes.
De acuerdo con la cronología oficial de los hechos, en la mañana del lunes varios miembros de la comunidad LeBarón se trasladaban desde un punto cercano al municipio de Bavispe (Sonora) hacia la colonia LeBarón, en la ciudad de Galeana (Chihuahua), cuando en la frontera entre ambos estados padecieron una emboscada de un grupo armado.
Minutos después del suceso, el activista y familiar Julián LeBarón pidió apoyo de la Guardia Nacional y a otras fuerzas de seguridad.
No obstante, no fue hasta 17.00 hora local que los primeros militares se trasladaron desde su guarnición militar de Agua Prieta a la zona, a unos 278 kilómetros de distancia, por lo que, según familiares, los primeros uniformados llegaron horas después.
Paralelamente, pobladores de la zona se dirigieron al lugar de los hechos para buscar a supervivientes de esta comunidad mormona, que es muy poderosa en la región y se dedica a la agricultura, la ganadería y el comercio.
Se reforzó la seguridad en la zona y no fue hasta pasada la medianoche que las autoridades establecieron el saldo final de víctimas.
"Nosotros tuvimos conocimiento horas después. Hubo una falla de comunicación", reconoció este martes la fiscal estatal.
AVANCES "SERIOS" EN LA INVESTIGACIÓN
Tras 24 horas de la tragedia, continúan muchas incógnitas, aunque el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que hay "avances serios en la investigación".
"El convoy (de la familia LeBarón) pudo haber sido confundo por grupos delictivos que se disputan el control en la región", afirmó Durazo.
El ministro de Seguridad explicó que esta región hay una disputa entre "células" del crimen organizado. Una de estas, del lado de Sonora, estaría vinculada al Cártel del Pacífico, mientras que desde Chihuahua habría otros grupos criminales que se disputan la zona, codiciada por el narcotráfico por su cercanía con Estados Unidos.
La fiscal estatal fue más cauta y dijo desconocer todavía si la masacre se debió a una "confusión" entre grupos criminales antagónicos, algo en lo que también coincidieron familiares de las víctimas.
Según expresó el experto en seguridad y profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Juan Carlos Montero, todo apunta a una "confusión" entre cárteles.
No obstante, recordó que los LeBarón defendieron su territorio y fueron activistas durante años, lo que podría ponerlos en especial peligro teniendo en cuenta que no recibían seguridad.
LA INCÓMODA "AYUDA" DE EE.UU.
La matanza adquirió una connotación binacional teniendo en cuenta que los LeBarón, originarios de Utah (EE.UU.), tenían doble nacionalidad y llegaron a México fundando la colonia en el norte de México en 1924.
Este martes, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, escribió en Twitter: "Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga".
La oferta de ayuda de Trump para "involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva" tomó por sorpresa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en plena conferencia matutina.
"Es un asunto que nos toca a nosotros atender. Al Gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer su soberanía", dijo el mandatario mexicano.
López Obrador agradeció "mucho" a Trump y a "cualquier Gobierno extranjero" que quieran "cooperar y ayudar", pero aseveró que para atender estos casos no ve necesaria "la intervención de un Gobierno extranjero".
Dos días después del operativo fallido del 17 de octubre contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en Culiacán, Donald Trump ya expresó su "solidaridad" a López Obrador.
Además, funcionarios de ambas naciones se reunieron para acelerar un programa que permita congelar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Según dijo a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva, este suceso ha llevado a Trump a reaccionar porque refleja "que no hay capacidad de autoridades mexicanas".
LA VIOLENCIA EN MÉXICO
La brutal matanza de esta familia refleja la ola de violencia que vive el país, pues según cifras oficiales hubo 25.890 asesinatos entre enero y septiembre, un 2,4 % más que en igual periodo del año anterior.
De continuar así, México cerrará 2019 como el año más violento desde que comenzaron los registros pese a los esfuerzos del Ejecutivo de reforzar la seguridad y cambiar la estrategia, atendiendo, según esgrimen, a las causas del fenómeno.
En este contexto, las masacres se han convertido en una fatídica realidad nacional.
A mediados de octubre, en un intervalo de 24 horas, 13 agentes de la Policía estatal de Michoacán (oeste) murieron en el ataque de un grupo armado, y horas después fallecieron en Guerrero (sur) un soldado y 14 presuntos sicarios.
Dos meses antes, en agosto, una matanza indiscriminada en un bar de Coatzacoalcos, oriental estado de Veracruz, terminó con una treintena de muertos.
03 DE NOV.- En las últimas horas se reportaron 16 eventos graves entre ellos dos incendios en instituciones públicas mientras continúan las protestas, el número de detenidos y lesionados disminuyó, según el reporte oficial.
En las últimas 24 horas continúan las manifestaciones en Chile y desde la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública se entregó un nuevo balance de la situación nacional que registra un aumento de eventos graves, 16 en total y un descenso en el número de personas detenidas.
Según el reporte de los Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) entre las 9:00 horas del 2 de noviembre y las 9:00 horas del 3 del mismo mes se registraron 16 eventos graves entre ellos “dos incendios que ocurrieron en Cañete, que afectaron el edificio de la sede distrital del diputado (UDI) Iván Norambuena; además de la rotura de vidrios de la municipalidad; y daños a las Gobernaciones de Osorno, Puerto Montt y Castro”, informa T13 de Chile.
Los civiles detenidos llegaron a una cifra de 99, 33 personas menos que la jornada anterior; a su vez, el número de civiles lesionados disminuyó a 3, o sea, 13 personas menos que este sábado, según el reporte actualizado.
Además, 10 funcionarios policiales o de Fuerzas Armadas resultaron lesionados y cuatro vehículos institucionales resultaron con daños.
La Paz.-Dos personas murieron y al menos otras seis resultaron heridas por disparos de armas de fuego en el oeste de Bolivia durante enfrentamientos entre opositores y oficialistas en el marco del conflicto que se registra en ese país tras las elecciones del pasado 20 de octubre, informó el Gobierno.
«Producto de los enfrentamientos y ataques a la Urbanización de Cofadena, en el municipio de Montero del Departamento de Santa Cruz, se tiene el saldo lamentable de seis heridos y dos fallecidos», informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado divulgado en la madrugada en las redes sociales, confirmando reportes de medios nacionales.
Los hechos se produjeron en la noche del 30 de octubre, durante una ola de choques en ciudades y carreteras entre ciudadanos que bloqueaban las rutas siguiendo consignas opositoras de rechazo a la reelección del presidente Evo Morales y grupos oficialistas que intentaban romper esos bloqueos.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el líder cívico de ese departamento, Luis Fernando Camacho, responsabilizaron por separado al Gobierno y denunciaron que la policía no impedía los «ataques» contra los bloqueos.
Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 55 años y otro de 41, este último supuesto miembro de la Unión Cívica Juvenil, un grupo de choque del Comité Cívico de Santa Cruz.
«Esto se hubiera podido evitar con la presencia de la Policía […], no nos podemos matar entre bolivianos, este problema se puede resolver con un nuevo proceso electoral», dijo Camacho, según publicó el diario El Deber.
El presidente del Comité Cívico de Montero, Regis Medina, denunció al mismo medio que la violencia se desencadenó por culpa de militantes del oficialismo, que «atacaron con armas de fuego a jóvenes que apoyaban el bloqueo», indicando que su hijo era uno de los heridos.
El comunicado replicó que la actitud agresiva provino de activistas de un bloqueo que cumplían supuestamente una amenaza previa del cívico Medina, divulgada por las redes sociales, de utilizar armas de fuego.
«Estos muertos del pueblo los responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor [expresidente y candidato presidencial] Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo que estaban queriendo muertos; muy bien, lograron sus muertos y esto también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales», dijo el ministro de gobierno, Carlos Romero, a la red privada de televisión PAT.
Las protestas fueron convocadas por Mesa al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, con la denuncia de un supuesto fraude en el que se habría asentado la victoria de Morales.
Los comités cívicos de varios departamentos se sumaron declarando paros regionales y cortes de calles que han elevado la tensión política y social, con brotes de violencia desde el pasado fin de semana, por enfrentamientos en los puntos de bloqueo.
«Este nefasto hecho está en proceso de investigación y se tiene elementos que permitirán identificar a los autores […] ambas muertes serán investigadas y no quedarán impunes», aseguró el comunicado oficial.
Las protestas de los comités cívicos se concentrarán este 31 de octubre en un «cabildo nacional» en La Paz, en el que se prevé que se apruebe una demanda de convocatoria a nuevas elecciones, sin perjuicio de que continúen los paros y bloqueos, según informaron sus dirigentes.
El Gobierno, entretanto, apuesta a una auditoría internacional al proceso electoral en respuesta a las denuncias de fraude.
Sputnik.
