Sentar a Nicolás Maduro y a otros altos responsables de la represión chavista en el banquillo del Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad es el propósito de la denuncia que ayer presentó en La Haya el Grupo de Familias de Víctimas Venezolanas. Las acusaciones se sustentan en un documento de casi doscientas páginas dirigido a la Oficina del Fiscal de ese tribunal para su examen preliminar.
La petición se realiza con “urgencia” ante la proximidad de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. El temor a que el Gobierno venezolano pueda reprimir con violencia protestas contra posibles irregularidades electorales aconseja que el Tribunal Penal Internacional pueda examinar cuanto antes la implicación de Maduro y otros altos cargos en la cruenta represión de las manifestaciones registrada en Venezuela desde febrero de 2014.
Así lo explican los impulsores de la denuncia, entre ellos Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, condenado sin pruebas a trece años de prisión.
“El presidente Maduro, con miembros de su círculo interno que constituyen el Alto Comando Político de la Revolución Bolivariana, diseñó un plan para prevenir, restringir y castigar el disenso, y organizó y participó en su implementación, cometiendo crímenes contra la humanidad sobre la población civil”, señala la denuncia.
La información presentada “confirma” que los incidentes registrados reúnen las condiciones de crímenes contra la humanidad estipuladas internacionalmente”. Esos crímenes, según los demandantes, son de cinco tipos: asesinato, encarcelamiento o severa privación de libertad, tortura, persecución por razones políticas y “otros actos inhumanos de similar carácter con intención de causar gran daño o serias heridas” corporales o mentales.
Fuentes conocedoras del caso confirmaron que se demanda directamente a Maduro. También habrían sido denunciados, los gobernadores de Carabobo (Francisco Ameliach), Aragua (Tareck el Aissami), Táchira (José Gregorio Vielma Mora) y Mérida (Alexis Ramírez), quienes estuvieron al frente de la represión en sus respectivos estados. También aparecen militares, como los jefes de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Urdaneta; de la Guardia Nacional, Antonio Benavides y del Servicio de Inteligencia, Manuel Bernal y Gustavo González.
Estos últimos cuatro mandos ya fueron sancionados en marzo de 2015 por EEUU por abusos de los derechos humanos.
Así lo explican los impulsores de la denuncia, entre ellos Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, condenado sin pruebas a trece años de prisión.
“El presidente Maduro, con miembros de su círculo interno que constituyen el Alto Comando Político de la Revolución Bolivariana, diseñó un plan para prevenir, restringir y castigar el disenso, y organizó y participó en su implementación, cometiendo crímenes contra la humanidad sobre la población civil”, señala la denuncia.
La información presentada “confirma” que los incidentes registrados reúnen las condiciones de crímenes contra la humanidad estipuladas internacionalmente”. Esos crímenes, según los demandantes, son de cinco tipos: asesinato, encarcelamiento o severa privación de libertad, tortura, persecución por razones políticas y “otros actos inhumanos de similar carácter con intención de causar gran daño o serias heridas” corporales o mentales.
Fuentes conocedoras del caso confirmaron que se demanda directamente a Maduro. También habrían sido denunciados, los gobernadores de Carabobo (Francisco Ameliach), Aragua (Tareck el Aissami), Táchira (José Gregorio Vielma Mora) y Mérida (Alexis Ramírez), quienes estuvieron al frente de la represión en sus respectivos estados. También aparecen militares, como los jefes de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Urdaneta; de la Guardia Nacional, Antonio Benavides y del Servicio de Inteligencia, Manuel Bernal y Gustavo González.
Estos últimos cuatro mandos ya fueron sancionados en marzo de 2015 por EEUU por abusos de los derechos humanos.
El texto menciona asimismo al general Vladimir López, a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y a la fiscal general, Luisa Ortega.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario