El centro lo construyó Italia y Albania le cobrará 18.000 euros al año por cada persona encerrada en él. Caben 3.000, los mismos que llegan a Italia en una semana. Si en 18 meses no son repatriados a sus países o ven sus solicitudes de asilo aceptadas, serán devueltos a… Italia.
El pacto albano-italiano sirvió de inspiración a 15 gobiernos para pedir hace dos semanas a la Comisión Europea “soluciones novedosas”. Quieren deportar a más migrantes y solicitantes de asilo. Aunque nadie ha ideado cómo hacerlo después de 20 años presentando ideas. Mientras los países de origen y tránsito no los acepten la única alternativa es tirarlos al mar o encerrarlos en campos de retención. En Europa no, porque Europa supuestamente respeta los derechos humanos. Y porque en Europa las televisiones recordarían su presencia. Hay que llevarlos lejos. A las montañas de los Balcanes, a los desiertos del Magreb.
Esa “solución novedosa” empieza a concretarse en forma de “centros de retorno”, que ni siquiera es un eufemismo sino una mentira porque su retorno está lejos de estar garantizado. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ya los impulsó oficialmente este martes. Su comunicado había hecho creer que el plan estaría sobre la mesa en la cumbre europea de este jueves y viernes, pero en la última versión del documento de conclusiones de la cumbre no aparece.
Porque a la luz de la legislación actual son ilegales, como había declarado la propia Comisión Europea en 2018. No se puede aplicar el Derecho de la UE de forma extraterritorial. Bruselas hace equilibrismos y dice ahora que en esos campos sólo se aplica la legislación italiana, pero esta es mera transposición de la legislación europea.
Mientras Von der Leyen empezaba a ponerse colorada, la Comisión anunció que estaba estudiando cómo hacerlos legales, porque “hoy en día no es legalmente posible en la UE enviar a un inmigrante ilegal a un tercer país” que no sea el suyo de origen. Lo que quiere Von der Leyen (y más de la mitad de los gobiernos) es convertir en legal la deportación de un migrante o solicitante de asilo no a su país, sino a un campo de retención en un tercer país.
Europa ya paga a Turquía, Libia, Túnez, Mauritania, Egipto y Marruecos para que no dejen salir migrantes. Pero estos países aprendieron hace años a chantajear a los europeos, a jugar con las salidas de migrantes y a pedir cada vez más dinero. Las grandes asociaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han mostrado en ocasiones graves violaciones de derechos humanos a manos de patrullas fronterizas financiadas con fondos europeos y dotadas de material europeo. La última idea es forzar el retorno de los refugiados sirios a su país tras casi una década en Europa a pesar de que los mismos documentos de la diplomacia europea dicen que conlleva poner sus vidas en peligro.
El plan tiene un problema mayor: no hay ningún país que acepte esos centros más allá de esas 3.000 plazas en Albania. Algunos funcionarios europeos alegan que los países de los Balcanes podrían verse tentados si se les paga bien y si se aceleran sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Ninguno ha levantado la mano y fuentes diplomáticas explicaban el martes que mezclar una cosa con otra puede llevar a que en lugar de una zanahoria se convierta en un palo.
Un diplomático de un país de los más importantes dijo que se estaba debatiendo “sobre la nada”. El primer ministro albanés Edi Rama dijo ayer que no firmarán más, que “otros países lo han pedido y hemos dicho que no”. Rama acusó a la UE de no tener en cuenta el fenómeno migratorio en su conjunto y funcionar a base de poner parches.
Von der Leyen y los países que van subiendo el tono de la retórica contra los migrantes, a falta de medidas prácticas que poner en marcha, tampoco tienen en el bote a todos los gobiernos, y las conclusiones hay que aprobarlas por unanimidad.
Será complicado que un país llegue a vetar las conclusiones, pero algunos, entre ellos algún grande en el bloque como España, se negará en redondo a soluciones como la de los campos de retención. Madrid asegura que la idea viola derechos humanos, encubre un coste enorme y no va a las causas del fenómeno, porque los migrantes encerrados en esos campos lo serán en muchas veces de forma indefinida porque, como ahora, nunca serán aceptados por sus países.
Algunos gobiernos alegan que se está jugando a vender una crisis migratoria que en realidad no es tal, sino el efecto aspirador de las ideas de la ultraderecha, que arrastra a la derecha tradicional e incluso a gobiernos supuestamente de izquierdas, como el alemán. Los datos, además, no casan con la histeria. Las entradas irregulares de migrantes cayeron un 42% en los primeros nueve meses del año, según los datos de Frontex, la agencia de fronteras de la UE.
Por los Balcanes occidentales llego un 79% menos de migrantes irregulares y por Italia desde el norte de África un 64% menos. Sí aumentó hacia las Islas Canarias, un 100%, hasta superar las 30.000 entradas. Pero es precisamente el español el gobierno que no cede a la retórica dura con los migrantes y su presidente el que soltó una frase a contracorriente de la política europea de estos años: “Los españoles somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia”.
Las fuentes consultadas este miércoles en Bruselas coinciden en que ni siquiera está claro que la parte de migración del documento de conclusiones termine por aprobarse, porque más allá de la dimensión exterior del fenómeno, los líderes nacionales también están divididos en la dimensión interior. Los controles en las fronteras internas no gustan a todos, el nuevo Pacto de Migración y Asilo no se está aplicando como estaba previsto, hay bronca para reactivar las normas de Dublín (es responsable del solicitante de asilo el primer país que pisó al llegar a Europa, no su destino final).
Y nadie quiere hablar, porque tampoco tiene solución, de que más de dos tercios del millón de solicitantes de asilo que llegaron en 2023 a la UE lo hicieron de forma regular. Entraron con visas (de turista, de estudios, de trabajo) o gracias al régimen de liberalización de visas que disfrutan algunos países. Y después pidieron asilo.
Fuente: Clarín.
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