En las redadas sin orden judicial en casas de inmigrantes usualmente participaban una docena de agentes de la ICE armados, quienes rodeaban la vivienda en la madrugada, golpeaban la puerta y una vez abierta entraban sin el consentimiento de sus habitantes.
El acuerdo fue logrado la víspera tras una demanda interpuesta por 22 personas de origen latino, víctimas de redadas ilegales efectuadas por agentes de inmigración sin autorización judicial, que además recibirán un millón de dólares de la ICE por daños y perjuicios.
La demanda estipula que cada demandante obtendrá $36 mil dólares y el resto del dinero será para los abogados y para cubrir los gastos legales del proceso.Los inmigrantes demandantes- mujeres, hombres y niños hispanos - sufrieron las redadas en el 2006 y en el 2007 y aseguraron en su demanda que los agentes irrumpieron en sus casas de madrugada, preguntando por su estatus migratorio y sin poseer órdenes judiciales que justificaran las operaciones.
Asimismo, ocho hombres y mujeres que fueron arrestados recibieron el cierre de sus casos de inmigración, informó la Organización Latino Justice.
Un arreglo histórico
"Este acuerdo es un gran logro para los inmigrantes en todo el país. Los agentes de inmigración ya no tienen rienda suelta para invadir sus hogares y cometer abusos sin temer consecuencias disciplinarias", dijo Juan Cartagena, presidente de Latino Justice.Ghita Schwarz, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, otro de los organismos que apoyaron a los querellantes, afirmó que el arreglo demuestra que "los agentes de ICE están sujetos a las mismas restricciones constitucionales que cualquier otro oficial de la ley".
Los representantes de los organismos civiles manifestaron que el arreglo es histórico debido a que impone cambios en las regulaciones y procedimientos que aplican a los agentes de la ICE en todo el país.
Los cambios establecen que los agentes deben obtener el permiso en el idioma nativo de los residentes, siempre que sea posible, por lo que en los equipos de redadas debe haber agentes hispanoparlantes.
Los demandantes en este caso (Adriana Aguilar et al. v. ICE) son 22 neoyorquinos, incluyendo mujeres, hombres y niños, quienes en los años 2006 y 2007 despertaron en la madrugada por los gritos de agentes de ICE golpeando sus puertas y exigiendo entrar a su casa.
Adriana León Aguilar manifestó: "mi hijo, que tenía cuatro años, lloraba por el miedo a esos hombres tan grandes y armados en su casa a las cuatro de la mañana", quienes ignoraron su reiterada petición de que le mostraran una orden de allanamiento o cualquier otra autorización para la redada.
Fuente: noticias.univision.com/
El acuerdo fue logrado la víspera tras una demanda interpuesta por 22 personas de origen latino, víctimas de redadas ilegales efectuadas por agentes de inmigración sin autorización judicial, que además recibirán un millón de dólares de la ICE por daños y perjuicios.
La demanda estipula que cada demandante obtendrá $36 mil dólares y el resto del dinero será para los abogados y para cubrir los gastos legales del proceso.Los inmigrantes demandantes- mujeres, hombres y niños hispanos - sufrieron las redadas en el 2006 y en el 2007 y aseguraron en su demanda que los agentes irrumpieron en sus casas de madrugada, preguntando por su estatus migratorio y sin poseer órdenes judiciales que justificaran las operaciones.
Asimismo, ocho hombres y mujeres que fueron arrestados recibieron el cierre de sus casos de inmigración, informó la Organización Latino Justice.
Un arreglo histórico
"Este acuerdo es un gran logro para los inmigrantes en todo el país. Los agentes de inmigración ya no tienen rienda suelta para invadir sus hogares y cometer abusos sin temer consecuencias disciplinarias", dijo Juan Cartagena, presidente de Latino Justice.Ghita Schwarz, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, otro de los organismos que apoyaron a los querellantes, afirmó que el arreglo demuestra que "los agentes de ICE están sujetos a las mismas restricciones constitucionales que cualquier otro oficial de la ley".
Los representantes de los organismos civiles manifestaron que el arreglo es histórico debido a que impone cambios en las regulaciones y procedimientos que aplican a los agentes de la ICE en todo el país.
Los cambios establecen que los agentes deben obtener el permiso en el idioma nativo de los residentes, siempre que sea posible, por lo que en los equipos de redadas debe haber agentes hispanoparlantes.
Los demandantes en este caso (Adriana Aguilar et al. v. ICE) son 22 neoyorquinos, incluyendo mujeres, hombres y niños, quienes en los años 2006 y 2007 despertaron en la madrugada por los gritos de agentes de ICE golpeando sus puertas y exigiendo entrar a su casa.
Adriana León Aguilar manifestó: "mi hijo, que tenía cuatro años, lloraba por el miedo a esos hombres tan grandes y armados en su casa a las cuatro de la mañana", quienes ignoraron su reiterada petición de que le mostraran una orden de allanamiento o cualquier otra autorización para la redada.
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