"Hay un temor de que ante esos dos eventos Brasil, y todos los demás países que los organizan, traten de mostrar su mejor cara. Esa especie de limpieza puede llevar a que aumente la detención de personas que se teme pudieran cometer un delito; ésa es nuestra preocupación", declaró el abogado chileno Roberto Garretón, integrante de la misión.
Agregó que "son dos eventos mayores, no sé qué eventos llevan más periodistas y turistas a un país que las Olimpiadas y el Mundial de fútbol. Hay esa preocupación, la tienen los brasileños y los defensores de los derechos humanos la hacemos nuestra también".
Brasil recibirá en 2014 el Mundial de fútbol y en 2016 Rio de Janeiro será sede de los Juegos.
El informe preliminar de la misión de observadores, que llegó a Brasil por invitación del gobierno, señala la preocupación porque la policía del país sudamericano tiende a arrestar a usuarios de drogas de manera indiscriminada.
"El grupo de trabajo está seriamente preocupado con información de que estas medidas (de arresto de drogadictos) sean reforzadas debido a los grandes eventos como el Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 que Brasil albergará", señala el texto.
Inicialmente no hubo un comentario del gobierno.
Garretón advirtió que los 550.000 detenidos en Brasil presentan una de las proporciones de presos por población general más altas en el mundo. Brasil tiene una población de 194 millones de habitantes.
Aunque el grupo no pudo determinar cuántos de esos detenidos fueron arrestados en forma arbitraria, el documento destaca que 217.000 de ellos aguardan proceso legal y muchos llegan a pasar más de dos años esperando que su caso llegue a un tribunal.
Por su parte, el jurista ucraniano Vladimir Tochilovsky, integrante de la misión, advirtió que la gran mayoría de los brasileños no pueden pagar un abogado particular por lo cual dependen de un defensor público. Sin embargo, la grave carencia de tales defensores hace que en la práctica los más pobres no tengan asistencia legal.
Citó como otro problema que los jueces tienden a dictar el encarcelamiento como primera medida provisional para una persona acusada de un crimen, sin considerar medidas alternativas que están previstas en el Código de Procedimientos Penales de Brasil desde 2011.
"Según la ley internacional, la detención debe ser la excepción, la última medida que un juez considera después de aplicar medidas alternativas. Pero cuando vemos las estadísticas, vemos que muy poco cambió desde 2011 y la principal medida provisional en Brasil sigue siendo el arresto", señaló Tochilovsky.
Debido al elevado número de arrestos los centros de detención suelen estar superpoblados, según el informe, que apuntó que algunas prisiones presentan hasta 100% de superpoblación.
El informe indicó también la preocupación por la internación compulsoria de usuarios de crack en las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo, que una vez internados dejan de estar controlados por las instancias judiciales que son las responsables de velar por los derechos de la persona.
El grupo tiene previsto presentar su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en 2014.
Fuente: AP
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