Fanny Cordero, vocera del PANI, detalló que las adolescentes tenían entre 14 y 17 años.
La Policía se desplazó la noche del viernes a un bar en Puerto Viejo de Sarapiquí, a unos 80 kilómetros al norte de San José y fronterizo con Nicaragua. A su llegada, una de las menores estaba en un cuarto con un cliente.
Una de las jovencitas, de 15 años, relató que fue traída desde Nicaragua con la promesa de trabajar como niñera, pero fue obligada por las dos mujeres, también nicaragüenses, a prostituirse a cambio de unos 10,000 colones (unos US$20), y la obligaban a consumir drogas.
Agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de Personas, del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, capturaron a las sospechosas Carmen Sandoval, de 30 años, y a Blanca Castro Rivera, de 33.
Además de las menores, los agentes rescataron a una nicaragüense de 28 años de edad, quien también fue llevada a Costa Rica por medio de engaños. Le dijeron que sería mesera, pero la prostituyeron y la despojaron de sus documentos de identidad para que no pudiera fugarse.
Llevados a albergues
Fanny Cordero, de la oficina de prensa del costarricense Patronato Nacional de la Infancia, PANI, señaló que los menores eran tres hermanos, de entre 10 y 13 años; y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.
Los tres hermanos, al parecer, son hijos de una de las mujeres detenidas.
Todos ellos fueron llevados a dos albergues en Heredia y en Vargas Araya de San Pedro, Montes de Oca.
Según Cordero, el operativo estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales y del Departamento de Atención Integral, DAI, del PANI, que prestó colaboración para activar los protocolos.
La trata de personas es el comercio ilegal de personas para esclavizarlas a la fuerza con fines laborales, sexuales o de otra índole.
“Cada año, el PANI atiende en promedio a 35 niños como víctimas de la trata. Con los menores de Sarapiquí, se activaron las medidas de protección. Ahora se coordinará con el Instituto de la Familia de Nicaragua para contactar a los familiares”, explicó Cordero.
Ana María Rojas, Gerente Técnico del PANI, explicó que los tratantes se valen de la minoría de edad de sus víctimas para explotarlas.
“El PANI lo que hace es asumir la protección de los menores de edad, hacer las investigaciones que competen y poner denuncias en relación con esa situación. Tenemos una serie de protocolos que se aplican para buscarles protección inmediata y repatriar a esas personas”, explicó.
La ley contra la trata de personas, que empezó a regir desde el 8 de febrero, sanciona con penas de prisión a quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona menor de edad, y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.
Fuente Taringa.net
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