La nueva ley 12.737, que fue aprobada en diciembre de 2012 con carácter de urgencia, se originó en la filtración de más de 30 fotografías digitales en las cuales Dieckmann (en la foto de arriba) aparece desnuda.
El texto de la ley establece que las personas que violen las contraseñas u obtengan datos privados y comerciales sin el consentimiento del titular de la cuenta serán castigados con penas de entre tres meses y dos años de cárcel, y además deberán abonar unamulta.
La nueva legislación, que cobró impulso con el nombre de la famosa actriz, sienta un precedente en el Código Penal brasileño: es el primero que contiene artículos que tratanespecíficamente sobre delitos en medios electrónicos.
En el artículo 154 de la nueva norma se estipula que el acceso ilegal a cualquier dispositivo protegido por contraseña, ya sea un smartphone (teléfono inteligente), tableta o computadora, con el propósito de obtener o destruir datos, es un delito con un castigo que puede ir desde tres meses hasta un año de prisión.
Sin embargo, el castigo puede ser convertido en trabajo comunitario, además de pagar una multa. Pero en el caso de que el delito resulte en la obtención de comunicaciones electrónicas privadas, secretos comerciales o industriales, información confidencial o no autorizada de dispositivos de control remoto invadidos, la pena puede evolucionar de seis meses a dos años de prisión, según publica la revista brasileña Veja.
La legislación también prevé sanciones para la expansión de los ataques a funcionarios públicos, como por ejemplo el presidente, los gobernadores y alcaldes.
El texto de la ley establece que las personas que violen las contraseñas u obtengan datos privados y comerciales sin el consentimiento del titular de la cuenta serán castigados con penas de entre tres meses y dos años de cárcel, y además deberán abonar unamulta.
La nueva legislación, que cobró impulso con el nombre de la famosa actriz, sienta un precedente en el Código Penal brasileño: es el primero que contiene artículos que tratanespecíficamente sobre delitos en medios electrónicos.
En el artículo 154 de la nueva norma se estipula que el acceso ilegal a cualquier dispositivo protegido por contraseña, ya sea un smartphone (teléfono inteligente), tableta o computadora, con el propósito de obtener o destruir datos, es un delito con un castigo que puede ir desde tres meses hasta un año de prisión.
Sin embargo, el castigo puede ser convertido en trabajo comunitario, además de pagar una multa. Pero en el caso de que el delito resulte en la obtención de comunicaciones electrónicas privadas, secretos comerciales o industriales, información confidencial o no autorizada de dispositivos de control remoto invadidos, la pena puede evolucionar de seis meses a dos años de prisión, según publica la revista brasileña Veja.
La legislación también prevé sanciones para la expansión de los ataques a funcionarios públicos, como por ejemplo el presidente, los gobernadores y alcaldes.
Fuente: Infobae
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