- LA HABANA -- El gobierno de Colombia y el principal grupo rebelde del país anunciaron el viernes un acuerdo sobre un punto clave en el conflicto colombiano: combatir juntos el cultivo y la comercialización de drogas ilícitas.
Bajo el acuerdo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se comprometieron a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno" del narcotráfico.
Las delegaciones del gobierno colombiano y de las FARC suscribieron en esta capital el tercer punto de una agenda de seis preacordada en 2012. Anteriormente las partes llegaron a acuerdos parciales sobre principios de la reforma agraria y la participación política, pero ninguno de ellos entrará en vigor hasta que todos los rubros de la agenda sean firmados.
El acuerdo se logró cuando falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales del 25 de mayo, en las cuales, según las encuestas, el presidente Juan Manuel Santos podría resultar derrotado.
Santos dijo en un discurso al país que el acuerdo, "en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto uno, transformará el campo colombiano"
La DEA y las autoridades colombianas han dicho que algunos frentes de las FARC estuvieron involucrados en la producción y venta de drogas a los traficantes mexicanos, colombianos y venezolanos a través de intermediarios. Los rebeldes siempre rechazaron esta acusación y en cambio reconocen que tienen operaciones insurgentes en zonas donde hay cultivo y tráfico, pero su trabajo no es el de policía.
El acuerdo entre los delegados en la mesa de diálogo habla de la creación de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, la creación de planes de prevención del consumo de droga y salud pública y una solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.
En el comunicado leído por el cubano Rodolfo Benítez y el noruego Dag Nylander, las dos partes afirmaron que "lo que hemos convenido, reconoce que para sentar las bases de una paz estable y duradera en Colombia es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas".
"Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las droga ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global", expresó el documento que aprobaron las partes.
El acuerdo crea un Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, atado a una reforma estructural al campo colombiano, que tendrá carácter voluntario y que llamara a los cultivadores de coca a proponer y concertar soluciones para erradicar voluntariamente los cultivos.
El gobierno deberá cumplir una serie de compromisos en un determinado período de tiempo, no explícitos en el acuerdo, a cambio de la promesa de los cultivadores de no sembrar coca nuevamente.
En caso de que no se logre un acuerdo con los cultivadores sobre la erradicación de la coca, el documento expresó que el gobierno procederá a eliminar los cultivos manualmente "donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir", dice el documento.
"Tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el camino, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, de manera voluntaria" dijo Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno colombiano, en declaraciones leídas posteriormente.
De la Calle informó que la fecha de reanudación de las conversaciones de paz en esta capital será anunciada "oportunamente".
El acuerdo sostuvo, además, que el gobierno colombiano pondrá en marcha un "programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar".
Con respecto al tema del consumo de droga, el documento señala que el gobierno un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya "acciones complementarias de rehabilitación y reinserción social", en un claro enfoque de política pública sanitaria al tema del consumo de narcóticos.
Además, según el documento, se creará una especie de comisión nacional que analice esta problemática, integrada por "instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores".
Junto con el compromiso de las FARC de cesar cualquier relación con el fenómeno de las drogas generadas al calor del conflicto, el gobierno pondrá en marcha políticas para intensificar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causadas por el problema de las drogas.
"Ha sido una marcha compleja (la del acuerdo sobre narcotráfico) reside en naciones poderosas más allá de las fronteras", dijo el comandante rebelde Iván Marquez tras la lectura del comunicado conjunto y en obvia alusión a la presión de los mercados de consumidores de droga en Estados Unidos y Europa.
El viernes, además, en un hecho inédito en la historia del conflicto armado colombiano, las guerrillas de las FARC y del ELN anunciaron el viernes un cese al fuego conjunto y unilateral para las elecciones presidenciales del 25 de mayo en Colombia.
Los jefes de las FARC y el ELN, Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez, respectivamente, dijeron en un comunicado conjunto que "ordenamos a todas nuestras unidades cesar cualquier acción militar ofensiva contra las fuerzas armadas del Estado o la infraestructura económica, a partir de las 00:00 horas del martes 20 de mayo hasta las 24:00 horas del miércoles 28 de mayo".
Las delegaciones del gobierno colombiano y de las FARC suscribieron en esta capital el tercer punto de una agenda de seis preacordada en 2012. Anteriormente las partes llegaron a acuerdos parciales sobre principios de la reforma agraria y la participación política, pero ninguno de ellos entrará en vigor hasta que todos los rubros de la agenda sean firmados.
El acuerdo se logró cuando falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales del 25 de mayo, en las cuales, según las encuestas, el presidente Juan Manuel Santos podría resultar derrotado.
Santos dijo en un discurso al país que el acuerdo, "en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto uno, transformará el campo colombiano"
La DEA y las autoridades colombianas han dicho que algunos frentes de las FARC estuvieron involucrados en la producción y venta de drogas a los traficantes mexicanos, colombianos y venezolanos a través de intermediarios. Los rebeldes siempre rechazaron esta acusación y en cambio reconocen que tienen operaciones insurgentes en zonas donde hay cultivo y tráfico, pero su trabajo no es el de policía.
El acuerdo entre los delegados en la mesa de diálogo habla de la creación de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, la creación de planes de prevención del consumo de droga y salud pública y una solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.
En el comunicado leído por el cubano Rodolfo Benítez y el noruego Dag Nylander, las dos partes afirmaron que "lo que hemos convenido, reconoce que para sentar las bases de una paz estable y duradera en Colombia es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas".
"Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las droga ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global", expresó el documento que aprobaron las partes.
El acuerdo crea un Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, atado a una reforma estructural al campo colombiano, que tendrá carácter voluntario y que llamara a los cultivadores de coca a proponer y concertar soluciones para erradicar voluntariamente los cultivos.
El gobierno deberá cumplir una serie de compromisos en un determinado período de tiempo, no explícitos en el acuerdo, a cambio de la promesa de los cultivadores de no sembrar coca nuevamente.
En caso de que no se logre un acuerdo con los cultivadores sobre la erradicación de la coca, el documento expresó que el gobierno procederá a eliminar los cultivos manualmente "donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir", dice el documento.
"Tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el camino, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, de manera voluntaria" dijo Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno colombiano, en declaraciones leídas posteriormente.
De la Calle informó que la fecha de reanudación de las conversaciones de paz en esta capital será anunciada "oportunamente".
El acuerdo sostuvo, además, que el gobierno colombiano pondrá en marcha un "programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar".
Con respecto al tema del consumo de droga, el documento señala que el gobierno un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya "acciones complementarias de rehabilitación y reinserción social", en un claro enfoque de política pública sanitaria al tema del consumo de narcóticos.
Además, según el documento, se creará una especie de comisión nacional que analice esta problemática, integrada por "instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores".
Junto con el compromiso de las FARC de cesar cualquier relación con el fenómeno de las drogas generadas al calor del conflicto, el gobierno pondrá en marcha políticas para intensificar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causadas por el problema de las drogas.
"Ha sido una marcha compleja (la del acuerdo sobre narcotráfico) reside en naciones poderosas más allá de las fronteras", dijo el comandante rebelde Iván Marquez tras la lectura del comunicado conjunto y en obvia alusión a la presión de los mercados de consumidores de droga en Estados Unidos y Europa.
El viernes, además, en un hecho inédito en la historia del conflicto armado colombiano, las guerrillas de las FARC y del ELN anunciaron el viernes un cese al fuego conjunto y unilateral para las elecciones presidenciales del 25 de mayo en Colombia.
Los jefes de las FARC y el ELN, Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez, respectivamente, dijeron en un comunicado conjunto que "ordenamos a todas nuestras unidades cesar cualquier acción militar ofensiva contra las fuerzas armadas del Estado o la infraestructura económica, a partir de las 00:00 horas del martes 20 de mayo hasta las 24:00 horas del miércoles 28 de mayo".
AP
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