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| Los jueces Luis Toffoli (d) y Ricardo Lewandowski (i) asisten a una sesión del Tribunal Supremo de Brasil. |
En el caso de Jefferson, quien en la época era presidente del PTB, la sentencia fue de siete años y catorce días, mientras que Palmieri fue condenado a cuatro años.Con estas últimas decisiones, la corte concluyó el dictado de sentencias, que aún no son definitivas pues podrían ser ajustadas en función de algunos recursos que serán examinados por los jueces en las próximas audiencias.
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| De izq a dcha, arriba abajo, Lula da Silva, José Dirceu, Roberto Jefferson, Marcos V. Fernandes, Delubio Soares y José Genoino. |
Las penas incluyen sanciones pecuniarias que, sumadas, se sitúan en torno a los 20 millones de reales (unos 10 millones de dólares).
La condena más dura en esta fase le fue aplicada al publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado como el "operador financiero" de una red de corrupción que le permitió al PT "comprar" la mayoría parlamentaria que las urnas no le dieron a Lula en las elecciones de 2002 y financiar de forma ilegal diversas campañas políticas.
Fernandes, culpable de corrupción activa, malversación, lavado de dinero, asociación ilícita y evasión de divisas, fue condenado a 40 años, dos meses y diez días de reclusión, mientras que la pena más blanda recayó en el exdiputado José Borba, sentenciado a dos años y seis meses.
Los condenados a más de ocho años cumplirán sus penas en régimen de reclusión, mientras que los otros se beneficiarán de un sistema semiabierto, que les obligará a dormir cada noche en la cárcel.
En el primero de los casos se encuadra el exministro de la Presidencia José Dirceu, considerado en la época de las denuncias como la "mano derecha" de Lula y condenado a diez años y diez meses de cárcel.
En la misma situación se encuentra el extesorero del PT Delubio Soares, sentenciado a ocho años y once meses de prisión.
El PT ha rechazado y aún niega que haya sobornado a diputados, pese a que la corte estableció que dirigentes de cuatro partidos recibieron dinero de esa formación a cambio de su apoyo al Gobierno de Lula en el Parlamento.
Esos cuatro grupos son el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la desaparición del Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama.
En contra de lo que la corte estableció, el PT sostiene que esa trama sólo habría servido para la financiación de campañas políticas con recursos no declarados, lo cual habría restringido el asunto a un delito electoral ya prescrito.
Esa misma tesis ha defendido Lula, quien a pesar de su estrecha relación con muchos de los implicados no figuró en la lista de 37 acusados que tuvo inicialmente el llamado "juicio del siglo".
El PT ha dicho que esperará al final de todo el proceso para pronunciarse oficialmente sobre el asunto, pero el presidente de la formación, Rui Falcao, ya ha declarado que esa formación y Lula son "perseguidos" por una "elite" que "nunca aceptó que un obrero llegase al poder".
Más contundente ha sido Dirceu, quien se dijo "prejuzgado" y "linchado" en un "juicio político y de excepción", en el que afirma que se le negó "la presunción de inocencia" que debe favorecer a un reo.
Uno de los asuntos que la corte aún debe decidir es si los reos condenados irán a prisión inmediatamente después del fin del proceso o si lo harán una vez que el resumen del caso sea publicado en forma oficial, lo cual podría demorarse hasta el año próximo.
La condena más dura en esta fase le fue aplicada al publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado como el "operador financiero" de una red de corrupción que le permitió al PT "comprar" la mayoría parlamentaria que las urnas no le dieron a Lula en las elecciones de 2002 y financiar de forma ilegal diversas campañas políticas.
Fernandes, culpable de corrupción activa, malversación, lavado de dinero, asociación ilícita y evasión de divisas, fue condenado a 40 años, dos meses y diez días de reclusión, mientras que la pena más blanda recayó en el exdiputado José Borba, sentenciado a dos años y seis meses.
Los condenados a más de ocho años cumplirán sus penas en régimen de reclusión, mientras que los otros se beneficiarán de un sistema semiabierto, que les obligará a dormir cada noche en la cárcel.
En el primero de los casos se encuadra el exministro de la Presidencia José Dirceu, considerado en la época de las denuncias como la "mano derecha" de Lula y condenado a diez años y diez meses de cárcel.
En la misma situación se encuentra el extesorero del PT Delubio Soares, sentenciado a ocho años y once meses de prisión.
El PT ha rechazado y aún niega que haya sobornado a diputados, pese a que la corte estableció que dirigentes de cuatro partidos recibieron dinero de esa formación a cambio de su apoyo al Gobierno de Lula en el Parlamento.
Esos cuatro grupos son el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la desaparición del Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama.
En contra de lo que la corte estableció, el PT sostiene que esa trama sólo habría servido para la financiación de campañas políticas con recursos no declarados, lo cual habría restringido el asunto a un delito electoral ya prescrito.
Esa misma tesis ha defendido Lula, quien a pesar de su estrecha relación con muchos de los implicados no figuró en la lista de 37 acusados que tuvo inicialmente el llamado "juicio del siglo".
El PT ha dicho que esperará al final de todo el proceso para pronunciarse oficialmente sobre el asunto, pero el presidente de la formación, Rui Falcao, ya ha declarado que esa formación y Lula son "perseguidos" por una "elite" que "nunca aceptó que un obrero llegase al poder".
Más contundente ha sido Dirceu, quien se dijo "prejuzgado" y "linchado" en un "juicio político y de excepción", en el que afirma que se le negó "la presunción de inocencia" que debe favorecer a un reo.
Uno de los asuntos que la corte aún debe decidir es si los reos condenados irán a prisión inmediatamente después del fin del proceso o si lo harán una vez que el resumen del caso sea publicado en forma oficial, lo cual podría demorarse hasta el año próximo.
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