Los pronunciamientos expresados el 1 de marzo por el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, y de la representación gubernamental, Humberto de la Calle, eliminaron dudas luego de recientes tensiones entre ambas partes.
Para Márquez, el hecho de que las dos delegaciones estén "construyendo un acuerdo que se aproxima a cinco cuartillas", evidencia que "nunca antes un proceso de paz había avanzado tanto" en ese país sacudido por décadas de conflicto armado.
Sobre las pláticas iniciadas en el capitalino Palacio de Convenciones el 19 de noviembre pasado, De la Calle precisó que se muestran avances en el tema agrario, el primero de una agenda que consta de seis puntos.
Los asuntos que aún restan por analizar aluden a la participación política, el fin del conflicto, el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y los mecanismos para refrendar y verificar los acuerdos alcanzados.
"Hemos pasado de las aproximaciones a los acuerdos alrededor de un proceso de desarrollo rural profundo, el cual hace parte de los propósitos centrales del Gobierno, como lo ha manifestado repetidamente el Ministro de Agricultura", sostuvo el exvicepresidente.
En el onceno comunicado conjunto que emitieron las representaciones, el cual fue divulgado también al cierre de este ciclo, las delegaciones precisaron que el acceso y uso de la tierra figura entre los acápites en los que guerrilla y Ejecutivo lograron coincidencias.
Los avances se manifiestan, asimismo, en otros temas como el de las tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
Tanto la insurgencia como la administración del presidente Juan Manuel Santos consideran clave el asunto de la tierra de cara a la solución del enfrentamiento en esa nación uramericana, donde la mayoría de los habitantes espera el logro de la paz tras anteriores fracasos.
La cuestión del desarrollo agrícola deviene fundamental, debido a su vinculación con el origen y profundización del conflicto colombiano, que ha costado miles de muertos y millones de desplazados en ese país de Latinoamérica.
Los guerrilleros han reiterado en distintas ocasiones su compromiso de contribuir "al anhelado acceso del campesinado a la tierra", y presentaron durante los últimos dos meses, además, sus diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral.
Entre los propósitos de esas iniciativas, sobresale una reforma rural y agraria desde un enfoque socio-ambiental, democrático y participativo, y la erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza agraria.
Asimismo, la guerrilla aspira a la democratización de las relaciones urbano-rurales como requerimientos indispensables en el camino hacia la paz, entre otros elementos; mientras el Gobierno reconoce la necesidad de transformaciones en el campo.
Sin embargo, la Administración de Santos insiste en que los modelos de gestión gubernamental y desarrollo de país corresponden exclusivamente al Ejecutivo, y "no están en juego en la Mesa de conversaciones".
POLÉMICAS SOBRE LA MESA
La coincidencia sobre la valoración de la marcha de las pláticas alejó preocupaciones, luego de varias semanas marcadas por enfrentamientos verbales y advertencias por parte de Santos de abandonar la Mesa de no existir adelantos.En esa coyuntura, las FARC-EP realizaron llamados a los actores sociales a defender la búsqueda de la paz, propósito con el que tanto el Ejecutivo como la guerrilla han asegurado en reiteradas ocasiones estar comprometidos.
A esas divergencias se suman las diferentes visiones, manifestadas desde los primeros momentos del diálogo, en torno al alto el fuego, la captura de militares, la ocupación de tierras y el modelo de país que defienden los interlocutores.
Los insurgentes insisten en fijar un cese del fuego bilateral, la regularización o legalización del conflicto y la incorporación al diálogo del guerrillero Simón Trinidad, quien cumple en Estados Unidos una condena de 60 años tras su extradición en 2004.
Por su parte, el Ejecutivo rechaza un alto el fuego de esa índole -por considerarlo el paso final para concluir las hostilidades-, niega el reconocimiento de fuerza beligerante a las FARC-EP y no responde a las demandas sobre la presencia de Trinidad en el diálogo.
La negativa del estatus de fuerza beligerante implica que el Gobierno no reconozca la condición de prisioneros de guerra de los militares capturados por la guerrilla en acciones combativas, a quienes considera secuestrados por la insurgencia.
Aun así, el cierre del quinto ciclo lanzó señales positivas, a las cuales se sumó el 4 de marzo la visita a Cuba de una delegación del Congreso colombiano para sostener un encuentro con los representantes de la insurgencia.
Las FARC-EP saludaron la presencia aquí de los legisladores, y reiteraron la importancia de que otros factores de poder, además del Gobierno, participen en el proceso de paz, que tiene a Cuba y Noruega como garantes.
De acuerdo con un comunicado de la guerrilla, la reunión abordó asuntos concernientes a la paz, "considerando el carácter de derecho y deber de obligatorio cumplimiento que ella constituye y coloca a los colombianos en la situación de sustentarla empeñando máximos esfuerzos".
Además, los parlamentarios compartieron con el equipo insurgente sobre los preparativos que las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes ejecutan para dar inicio a una segunda ronda de las mesas regionales, en las que tratarán el tema de las víctimas.
Durante el encuentro en esta capital, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó el compromiso de que el Parlamento no legislaría sobre asuntos que son materia de la agenda del diálogo hasta que las partes lleguen a acuerdos concretos.
Las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno recesaron el 1 de marzo y entraron en un período que ambas delegaciones aprovecharán para trabajar en la agenda de las pláticas, antes de reiniciar los acercamientos el venidero día 11.
Fuente: prensa-libre.cu
Para Márquez, el hecho de que las dos delegaciones estén "construyendo un acuerdo que se aproxima a cinco cuartillas", evidencia que "nunca antes un proceso de paz había avanzado tanto" en ese país sacudido por décadas de conflicto armado.
Sobre las pláticas iniciadas en el capitalino Palacio de Convenciones el 19 de noviembre pasado, De la Calle precisó que se muestran avances en el tema agrario, el primero de una agenda que consta de seis puntos.
Los asuntos que aún restan por analizar aluden a la participación política, el fin del conflicto, el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y los mecanismos para refrendar y verificar los acuerdos alcanzados.
"Hemos pasado de las aproximaciones a los acuerdos alrededor de un proceso de desarrollo rural profundo, el cual hace parte de los propósitos centrales del Gobierno, como lo ha manifestado repetidamente el Ministro de Agricultura", sostuvo el exvicepresidente.
En el onceno comunicado conjunto que emitieron las representaciones, el cual fue divulgado también al cierre de este ciclo, las delegaciones precisaron que el acceso y uso de la tierra figura entre los acápites en los que guerrilla y Ejecutivo lograron coincidencias.
Los avances se manifiestan, asimismo, en otros temas como el de las tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
Tanto la insurgencia como la administración del presidente Juan Manuel Santos consideran clave el asunto de la tierra de cara a la solución del enfrentamiento en esa nación uramericana, donde la mayoría de los habitantes espera el logro de la paz tras anteriores fracasos.
La cuestión del desarrollo agrícola deviene fundamental, debido a su vinculación con el origen y profundización del conflicto colombiano, que ha costado miles de muertos y millones de desplazados en ese país de Latinoamérica.
Los guerrilleros han reiterado en distintas ocasiones su compromiso de contribuir "al anhelado acceso del campesinado a la tierra", y presentaron durante los últimos dos meses, además, sus diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral.
Entre los propósitos de esas iniciativas, sobresale una reforma rural y agraria desde un enfoque socio-ambiental, democrático y participativo, y la erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza agraria.
Asimismo, la guerrilla aspira a la democratización de las relaciones urbano-rurales como requerimientos indispensables en el camino hacia la paz, entre otros elementos; mientras el Gobierno reconoce la necesidad de transformaciones en el campo.
Sin embargo, la Administración de Santos insiste en que los modelos de gestión gubernamental y desarrollo de país corresponden exclusivamente al Ejecutivo, y "no están en juego en la Mesa de conversaciones".
POLÉMICAS SOBRE LA MESA
La coincidencia sobre la valoración de la marcha de las pláticas alejó preocupaciones, luego de varias semanas marcadas por enfrentamientos verbales y advertencias por parte de Santos de abandonar la Mesa de no existir adelantos.En esa coyuntura, las FARC-EP realizaron llamados a los actores sociales a defender la búsqueda de la paz, propósito con el que tanto el Ejecutivo como la guerrilla han asegurado en reiteradas ocasiones estar comprometidos.
A esas divergencias se suman las diferentes visiones, manifestadas desde los primeros momentos del diálogo, en torno al alto el fuego, la captura de militares, la ocupación de tierras y el modelo de país que defienden los interlocutores.
Los insurgentes insisten en fijar un cese del fuego bilateral, la regularización o legalización del conflicto y la incorporación al diálogo del guerrillero Simón Trinidad, quien cumple en Estados Unidos una condena de 60 años tras su extradición en 2004.
Por su parte, el Ejecutivo rechaza un alto el fuego de esa índole -por considerarlo el paso final para concluir las hostilidades-, niega el reconocimiento de fuerza beligerante a las FARC-EP y no responde a las demandas sobre la presencia de Trinidad en el diálogo.
La negativa del estatus de fuerza beligerante implica que el Gobierno no reconozca la condición de prisioneros de guerra de los militares capturados por la guerrilla en acciones combativas, a quienes considera secuestrados por la insurgencia.
Aun así, el cierre del quinto ciclo lanzó señales positivas, a las cuales se sumó el 4 de marzo la visita a Cuba de una delegación del Congreso colombiano para sostener un encuentro con los representantes de la insurgencia.
Las FARC-EP saludaron la presencia aquí de los legisladores, y reiteraron la importancia de que otros factores de poder, además del Gobierno, participen en el proceso de paz, que tiene a Cuba y Noruega como garantes.
De acuerdo con un comunicado de la guerrilla, la reunión abordó asuntos concernientes a la paz, "considerando el carácter de derecho y deber de obligatorio cumplimiento que ella constituye y coloca a los colombianos en la situación de sustentarla empeñando máximos esfuerzos".
Además, los parlamentarios compartieron con el equipo insurgente sobre los preparativos que las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes ejecutan para dar inicio a una segunda ronda de las mesas regionales, en las que tratarán el tema de las víctimas.
Durante el encuentro en esta capital, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó el compromiso de que el Parlamento no legislaría sobre asuntos que son materia de la agenda del diálogo hasta que las partes lleguen a acuerdos concretos.
Las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno recesaron el 1 de marzo y entraron en un período que ambas delegaciones aprovecharán para trabajar en la agenda de las pláticas, antes de reiniciar los acercamientos el venidero día 11.
Fuente: prensa-libre.cu
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