En un comunicado de Transparencia Internacional fechado en Berlín, el 5 de Diciembre de 2012 se destaca entre otros puntos que “el creciente clamor a los gobiernos corruptos ha obligado a la destitución de varios líderes durante el año pasado”.
Sin embargo, ahora que la situación comienza a calmarse, resulta evidente que en muchos países el soborno, el abuso de poder y los acuerdos secretos siguen estando muy presentes. El Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparencia Internacional (IPC) muestra que la corrupción continúa devastando a sociedades en todo el mundo.
Dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 han obtenido una puntuación inferior a 50 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben aumentar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa.”
Dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 han obtenido una puntuación inferior a 50 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben aumentar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa.”
La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).
En el IPC, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con una puntuación de 90, una posición que han podido alcanzar en parte debido a que cuentan con sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulan la conducta de quienes ocupan cargos públicos.
Pero qué pasa con nuestros países latinoamericanos? De los 176 países clasificados en el IPC (recordando que la mejor puntuación fue 90 de acuerdo al párrafo anterior), nuestra región obtuvo las siguientes puntuaciones: 1) Chile y Uruguay 72; 2) Bahamas 71; 3) Costa Rica 54; 4) Cuba 48; 5) Brasil 43; 6) El Salvador, Panamá y Perú 38; 7) Colombia 36; 8) Argentina 35; 9) México y Bolivia 34; 10) Guatemala 33; 11) Ecuador 32; 12) Nicaragua 29; 13) Honduras 28; 14) Paraguay 25 y, 15) Haití y Venezuela 19.
Entre los esfuerzos regionales para atacar este flagelo de la corrupción tenemos el caso de México que a través de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente se discute en el Senado y que, entre otros temas relevantes, se crea la Comisión Nacional Anticorrupción que de acuerdo a la iniciativa “ es el órgano encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos.
La Comisión desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción…”
La exposición de motivos de dicha iniciativa señala acertadamente que “A lo largo de la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ha alejado inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación del narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vive México. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo, además de un problema ético”.
Existe mucho camino por recorrer en nuestros países latinoamericanos para contar con sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulen la conducta de quienes ocupan cargos públicos. Bien lo decía la Madre Teresa de Calcuta “La honestidad y transparencia te hacen vulnerable. De cualquier forma sé honesto y transparente”.
Fuente: elfinancieero.com.mx
En el IPC, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con una puntuación de 90, una posición que han podido alcanzar en parte debido a que cuentan con sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulan la conducta de quienes ocupan cargos públicos.
Pero qué pasa con nuestros países latinoamericanos? De los 176 países clasificados en el IPC (recordando que la mejor puntuación fue 90 de acuerdo al párrafo anterior), nuestra región obtuvo las siguientes puntuaciones: 1) Chile y Uruguay 72; 2) Bahamas 71; 3) Costa Rica 54; 4) Cuba 48; 5) Brasil 43; 6) El Salvador, Panamá y Perú 38; 7) Colombia 36; 8) Argentina 35; 9) México y Bolivia 34; 10) Guatemala 33; 11) Ecuador 32; 12) Nicaragua 29; 13) Honduras 28; 14) Paraguay 25 y, 15) Haití y Venezuela 19.
Entre los esfuerzos regionales para atacar este flagelo de la corrupción tenemos el caso de México que a través de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente se discute en el Senado y que, entre otros temas relevantes, se crea la Comisión Nacional Anticorrupción que de acuerdo a la iniciativa “ es el órgano encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos.
La Comisión desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción…”
La exposición de motivos de dicha iniciativa señala acertadamente que “A lo largo de la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ha alejado inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación del narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vive México. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo, además de un problema ético”.
Existe mucho camino por recorrer en nuestros países latinoamericanos para contar con sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulen la conducta de quienes ocupan cargos públicos. Bien lo decía la Madre Teresa de Calcuta “La honestidad y transparencia te hacen vulnerable. De cualquier forma sé honesto y transparente”.
Fuente: elfinancieero.com.mx
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