La acusación fue emitida por una misión internacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigó el impacto de las colonias israelíes en tierras palestinas y cuyas conclusiones fueron divulgadas este jueves en Ginebra.
El equipo determinó que esas unidades habitacionales son establecidas y desarrolladas para el beneficio exclusivo de judíos israelíes y mantenidas a través de un sistema de segregación total entre los colonos y el resto de la población residente en el lugar.
Agregó que ese esquema de discriminación está sustentado y propiciado por un fuerte y estricto control militar en detrimento de los derechos de los habitantes locales.
La comisión de la ONU indicó que las violaciones cometidas por Israel incluyen desahucios, desalojos, demoliciones y desplazamiento forzado de personas de sus lugares de residencia.
Al mismo tiempo, señaló al gobierno de Israel como responsable de la construcción, desarrollo, consolidación y estímulo de la edificación de los asentamientos en los territorios ocupados desde 1967.
Las conclusiones de la investigación también acusan a entidades privadas que permiten, facilitan y obtienen beneficios, directos e indirectos, de la construcción de esas instalaciones ilegales.
En octubre pasado, el relator especial de la ONU a cargo de la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Richard Falk, denunció a 13 empresas transnacionales que lucran de esa política de Tel Aviv.
Entre ellas mencionó a la mexicana Cemex, las norteamericanas Caterpillar Incorporated, Hewlett Packard y Motorola, las suecas Volvo Group y Assa Abloy y las israelíes Ahava, Elbit Systems y Mehadrin.
También a la francesa Veolia Environment, la británica Group4Security (G4S), la belga Dexia Group y la holandesa Riwal Holding Group.
El especialista demandó la suspensión inmediata de todas las operaciones de esas entidades y del suministro de productos y servicios que contribuyan al establecimiento o mantenimiento de los asentamientos israelíes.
El equipo determinó que esas unidades habitacionales son establecidas y desarrolladas para el beneficio exclusivo de judíos israelíes y mantenidas a través de un sistema de segregación total entre los colonos y el resto de la población residente en el lugar.
Agregó que ese esquema de discriminación está sustentado y propiciado por un fuerte y estricto control militar en detrimento de los derechos de los habitantes locales.
La comisión de la ONU indicó que las violaciones cometidas por Israel incluyen desahucios, desalojos, demoliciones y desplazamiento forzado de personas de sus lugares de residencia.
Al mismo tiempo, señaló al gobierno de Israel como responsable de la construcción, desarrollo, consolidación y estímulo de la edificación de los asentamientos en los territorios ocupados desde 1967.
Las conclusiones de la investigación también acusan a entidades privadas que permiten, facilitan y obtienen beneficios, directos e indirectos, de la construcción de esas instalaciones ilegales.
En octubre pasado, el relator especial de la ONU a cargo de la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Richard Falk, denunció a 13 empresas transnacionales que lucran de esa política de Tel Aviv.
Entre ellas mencionó a la mexicana Cemex, las norteamericanas Caterpillar Incorporated, Hewlett Packard y Motorola, las suecas Volvo Group y Assa Abloy y las israelíes Ahava, Elbit Systems y Mehadrin.
También a la francesa Veolia Environment, la británica Group4Security (G4S), la belga Dexia Group y la holandesa Riwal Holding Group.
El especialista demandó la suspensión inmediata de todas las operaciones de esas entidades y del suministro de productos y servicios que contribuyan al establecimiento o mantenimiento de los asentamientos israelíes.
Fuente: Prensa libre
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