La orden del Ejecutivo indica que para “proteger a los venezolanos de la guerra económica” extiende durante 60 días la vigencia del estado de excepción en materia económica, de acuerdo con la gaceta oficial del 11 de marzo que entró en circulación este lunes.
La prórroga deberá ser sometida a la aprobación del Parlamento de mayoría opositora, que ya rechazó la validez de la emergencia, aunque un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconoció esa decisión y la dejó en firme.
“La Asamblea ha solicitado para su discusión que nosotros informemos. Yo voy a informar cuáles son las razones que nos llevan a pedir la prórroga del decreto”, dijo el lunes el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, al confirmar que comparecerá ante la cámara este martes.
Maduro considera en su decreto que hay “una crisis estructural del modelo rentista por la caída abrupta de los precios del petróleo”, a lo que añade un supuesto “boicot económico y financiero nacional e internacional” contra Venezuela.
“La Constitución establece que la única manera de votar en contra de la ratificación del decreto (en el Legislativo) es que las causas que lo motivaron hayan cesado. Las mismas causas están presentes y se está haciendo un esfuerzo por superarlas, pero el tiempo de 60 días es insuficiente”, argumentó el vicepresidente.
El Parlamento se declaró el domingo en “sesión permanente” para estudiar la prórroga del decreto -de la cual ya había sido informado-, por lo que pidió a Istúriz explicar los logros alcanzados con la medida y poder “decidir sobre la prórroga”.
No obstante, el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- decidió hace varias semanas que era “competente” para considerar que el decreto de Maduro es “constitucional”.
Venezuela enfrenta una profunda crisis agravada por la caída de los precios del petróleo, que se refleja en una escasez de dos tercios de alimentos y medicinas y una inflación de 180,9% en 2015.
La prórroga deberá ser sometida a la aprobación del Parlamento de mayoría opositora, que ya rechazó la validez de la emergencia, aunque un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconoció esa decisión y la dejó en firme.
“La Asamblea ha solicitado para su discusión que nosotros informemos. Yo voy a informar cuáles son las razones que nos llevan a pedir la prórroga del decreto”, dijo el lunes el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, al confirmar que comparecerá ante la cámara este martes.
Maduro considera en su decreto que hay “una crisis estructural del modelo rentista por la caída abrupta de los precios del petróleo”, a lo que añade un supuesto “boicot económico y financiero nacional e internacional” contra Venezuela.
“La Constitución establece que la única manera de votar en contra de la ratificación del decreto (en el Legislativo) es que las causas que lo motivaron hayan cesado. Las mismas causas están presentes y se está haciendo un esfuerzo por superarlas, pero el tiempo de 60 días es insuficiente”, argumentó el vicepresidente.
El Parlamento se declaró el domingo en “sesión permanente” para estudiar la prórroga del decreto -de la cual ya había sido informado-, por lo que pidió a Istúriz explicar los logros alcanzados con la medida y poder “decidir sobre la prórroga”.
No obstante, el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- decidió hace varias semanas que era “competente” para considerar que el decreto de Maduro es “constitucional”.
Venezuela enfrenta una profunda crisis agravada por la caída de los precios del petróleo, que se refleja en una escasez de dos tercios de alimentos y medicinas y una inflación de 180,9% en 2015.
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