Soria, de 58 años, es la última víctima política de los denominados “Panama Papers”, un escándalo que estalló a principios de abril cuando un grupo de diarios internacionales divulgó más de un año de pesquisas sobre 11,5 millones de documentos filtrados del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca.
Esta información, que apuntaba a presunto fraude fiscal por parte de políticos, deportistas, artistas o aristócratas, ya había provocado la dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
Soria, muy criticado por su gestión ministerial en cuestiones energéticas y medioambientales, reconoció únicamente “los errores cometidos a lo largo de los últimos días” en sus contradictorias explicaciones públicas.
El lunes se había mostrado sorprendido e indignado tras aparecer su nombre relacionado con una empresa en Bahamas. Desmintió la noticia y pidió una investigación.
En un gota a gota continuado, el martes apareció como secretario de la firma UK Lines registrada en el Reino Unido, lo que volvió a atribuir a un “nuevo error”.
Sin embargo, la publicación por la prensa de un documento mercantil británico que demostraba lo contrario, le obligó a admitir, un día después, que la compañía había sido fundada por su padre. Aseguró, no obstante, no haber participado nunca en ella.
Esto también fue desmentido por la reproducción posterior de un acta de la empresa con su firma, al tiempo que varios medios afirmaban que Soria había sido hasta 2002 administrador de una empresa ubicada en el paraíso fiscal británico de Jersey.
Fue la gota que colmó el vaso.
“Creo que el señor Rajoy es el único español que cree que el ministro Soria no nos ha mentido”, lanzó el portavoz del partido de izquierda radical Podemos, Íñigo Errejón.
Rajoy debe ‘dar la cara’
“Es evidente que el señor Rajoy tiene que comparecer delante del Congreso para aclarar todos los extremos del caso Soria”, agregó el viernes el líder socialista Pedro Sánchez.
“Rajoy tiene que dar la cara, no se puede esconder como ha hecho en los últimos días”, dijo Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, de centro-derecha.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a defender “la presunción de inocencia” del dimisionario.
Soria aseguró renunciar para atajar el daño al gobierno conservador en funciones y al Partido Popular (PP, derecha), ante la perspectiva de nuevas elecciones en junio debido a las dificultades de las fuerzas políticas españolas para formar un nuevo ejecutivo tras las elecciones de diciembre.
La formación conservadora de Rajoy, que espera lograr un mejor resultado, se ve lastrada desde hace meses por la multiplicación de escándalos de corrupción y fraude.
La dimisión de Soria es la segunda precipitada por un escándalo desde que el PP llegó al poder en diciembre de 2011: en noviembre de 2014 renunció la ministra de Sanidad Ana Mato, investigada como beneficiaria de los presuntos sobornos cobrados por su exmarido.
Soria justificó sus contradicciones aludiendo “a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años”. Además, se trata de “actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995”, subrayó.
Sin embargo, en 2002 era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, capital del archipiélago y su ciudad natal, desde hacía siete años.
Su dimisión satisfizo a las asociaciones ecologistas que se habían enfrentado a él durante la legislatura por autorizar prospecciones petroleras frente a las costas de Canarias, reducir drásticamente las ayudas a las energías renovables o indemnizar con 1.350 millones de euros el cierre de un controvertido proyecto de almacenamiento de gas submarino en el Mediterráneo.
“José Manuel Soria ha pasado la legislatura falseando la información y engañando a la ciudadanía, poniendo en marcha medidas que solo benefician a las grandes empresas multinacionales”, aseguró la ONG Ecologistas en Acción en un comunicado.
AFP
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