Agentes policiales fueron desplegados en cinco estados de Brasil, en una operación vinculada al escándalo de corrupción en Petrobras, para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes de conducción de involucrados ante la justicia y 40 allanamientos en busca de documentación y pruebas, informó la fiscalía de San Pablo.
Paulo Bernardo, ex ministro de Planificación de Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia, como parte de las investigaciones para dilucidar “el pago de sobornos de más de 100 millones de reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos” entre el 2010 y el 2015, según dijo la fiscalía de San Pablo en un comunicado. El ministerio de Planificación es acusado de haber formado parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba “más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema” de desvío de fondos públicos.
Las autoridades estimaron en unos 7 millones de reales (2 millones de dólares) el dinero que recibió un estudio de abogados ligado a Bernardo, figura de peso en el golpeado PT y esposo de la senadora de esa fuerza Gleisi Hoffmann, una de las principales espadas políticas de Rousseff.
Otro ex ministro intimado a declarar
Otro ex ministro de Rousseff, en este caso de Seguridad Social, Carlos Gabas, fue intimado a declarar por el caso. La fiscalía señaló además que “quien definía los porcentajes a ser pagados era Joao Vaccari”, ex tesorero del PT, actualmente en prisión en el marco del fraude a Petrobras.
El partido es asediado por la justicia desde hace un año y medio por el “Petrolao”. El propio “Lula” ha estado bajo fuego por el caso. En marzo fue conducido por la fuerza para responder por una denuncia de que se benefició del fraude a Petrobras, y pocos días después la corte suprema le impidió asumir como jefe de Gabinete de Dilma. La presidenta que lo había convocado para intentar salvar su gobierno, ahora lucha por sobrevivir tras ser suspendida por el Senado en mayo, mientras es juzgada por supuesta manipulación del presupuesto público.
Paulo Bernardo, ex ministro de Planificación de Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia, como parte de las investigaciones para dilucidar “el pago de sobornos de más de 100 millones de reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos” entre el 2010 y el 2015, según dijo la fiscalía de San Pablo en un comunicado. El ministerio de Planificación es acusado de haber formado parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba “más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema” de desvío de fondos públicos.
Las autoridades estimaron en unos 7 millones de reales (2 millones de dólares) el dinero que recibió un estudio de abogados ligado a Bernardo, figura de peso en el golpeado PT y esposo de la senadora de esa fuerza Gleisi Hoffmann, una de las principales espadas políticas de Rousseff.
Otro ex ministro intimado a declarar
Otro ex ministro de Rousseff, en este caso de Seguridad Social, Carlos Gabas, fue intimado a declarar por el caso. La fiscalía señaló además que “quien definía los porcentajes a ser pagados era Joao Vaccari”, ex tesorero del PT, actualmente en prisión en el marco del fraude a Petrobras.
El partido es asediado por la justicia desde hace un año y medio por el “Petrolao”. El propio “Lula” ha estado bajo fuego por el caso. En marzo fue conducido por la fuerza para responder por una denuncia de que se benefició del fraude a Petrobras, y pocos días después la corte suprema le impidió asumir como jefe de Gabinete de Dilma. La presidenta que lo había convocado para intentar salvar su gobierno, ahora lucha por sobrevivir tras ser suspendida por el Senado en mayo, mientras es juzgada por supuesta manipulación del presupuesto público.
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