Esta decisión tomada por cinco jueces a favor y tres en contra es una victoria resonante para millones de mujeres y de militantes en favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por el contrario, constituye un revés para el movimiento “Pro vida”, que opone una fuerte resistencia a las medidas que favorecen la interrupción del embarazo y que ha logrado imponer restricciones al aborto en múltiples estados conservadores del país.
En su fallo, el máximo tribunal del país consideró ilegal una ley del estado de Texas (centro-sur) de 2013 que obliga a las clínicas que practican abortos a disponer de un bloque quirúrgico similar al de un hospital.
Esa ley obligaba además a los médicos que realizan abortos a disponer de una autorización anticipada de admisión de sus pacientes en un hospital local.
Los redactores de ese texto lo justificaban por la necesidad de proteger la salud de las mujeres, alegando que esas disposiciones eran para minimizar los riesgos sanitarios.
Pero para los defensores del derecho a abortar libremente, se trata de un pretexto. El verdadero objetivo de los legisladores republicanos de Texas, alegan, es volver, como en las últimas cuatro décadas, sobre el llamado caso “Roe vs Wade”, histórica decisión de la Corte Suprema que en 1973 legalizó el aborto en Estados Unidos.
De hecho, esas normas tan estrictas obligaron a cerrar en dos años decenas de centros que practicaban abortos en Texas.
El fallo de este lunes del alto tribunal trasciende ampliamente las fronteras texanas, ya que abortar en Estados Unidos se ha convertido en la práctica en algo cada vez más complicado para millones de mujeres.
Los cuatro magistrados considerados de tendencia progresista de la Corte han votado lógicamente contra la ley texana, junto al juez conservador moderado Anthony Kennedy.
La Corte Suprema está conformada por ocho jueces en vez de los nueve habituales tras el deceso en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia, cuyo reemplazo los republicanos buscan aplazar hasta después de las elecciones.
El presidente Barack Obama expresó en un comunicado su satisfacción por la decisión del Tribunal. “Cada mujer tiene un derecho constitucional a hacer sus propias elecciones en materia de reproducción”, señaló.
Ambiente electrizante
Cientos de militantes opositores a las restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos una mayoría de mujeres, se reunieron en el exterior del edificio, en las colinas del Capitolio en Washington.
“El ambiente era electrizante”, señaló Nita Amar, una enfermera de 63 años y partidaria del derecho a la planificación familiar.
“No podemos regresar a los tiempos de los abortos clandestinos efectuados con ganchos de ropa”, agregó.
Apenas una estrecha mayoría (56%) de los estadounidenses considera que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser permitida en la mayoría o en la totalidad de los casos, según un reciente estudio de opinión del instituto Pew.
El 41% de los estadounidenses piensa que no debe permitirse en ningún caso, una cifra que es aún más alta entre los electores republicanos (68%) y los norteamericanos cristianos evangélicos blancos (69%), según ese mismo estudio.
Se trata de un debate apasionado que, al contrario de lo que ha pasado en otros países desarrollados, en Estados Unidos nunca ha bajado de intensidad.
Una muestra de la intensidad de ese debate es la reciente indignación suscitada por una declaración del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, quien señaló que las mujeres que se someten a un aborto deberían enfrentar “algún tipo de castigo”. Las reacciones hicieron que el multimillonario tuviese que retractarse.
A fines de noviembre, un opositor al aborto mató a tres personas en una clínica de planificación familiar de Colorado.
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